En la mañana de hoy, en la sala del Parlamento de Canarias se debatió si se tomaba o no en consideración la Iniciativa de Ley Popular impulsada por Ben Magec-Ecologistas en Acción, y que fue avalada por más de 45.000 personas.

Esta Ley se justificaba por la necesidad de proteger el suelo de Canarias frente a la intención de ampliar más aún la planta alojativa, y además, promover su renovación.

Su toma en consideración fue defendida por Alberto Martín, quien en su discurso recordó que la decisión que se tomaba en este día afectaría directamente a la salud democrática de Canarias. También manifestó la firme voluntad de esta Federación, de que el texto que firmaron más de cuarenta y cinco mil personas no fuera desvirtuado y vaciado de contenido para justificar la Ley de Medidas Urgentes, con la que el Gobierno de Canarias pretende liberalizar el poco suelo virgen que queda.

El Parlamento de Canarias votó en contra de su toma en consideración, y con ello, puso en entredicho los compromisos adquiridos por el Gobierno al inicio de esta legislatura tanto en reuniones mantenidas con representantes de esta Federación, como en el discurso de investidura de Paulino Rivero, en el que afirmó que “Éste será el Ejecutivo de todos. Porque todos cuentan y todos tienen algo que decir y aportar, éste será un gabinete de todos”.

Ben Magec-Ecologistas en Acción considera que estas afirmaciones, al igual que la intención del Presidente del Gobierno de Canarias de debatir la Iniciativa de Ley, de la que los miembros de su partido no participaron, deberían hacerle plantearse seriamente su continuidad en el cargo.

Con ésta, son ya dos las propuestas de Ley presentadas con el aval de miles de personas, y que en el Parlamento de Canarias quedan rechazadas por el hecho de contravenir proyectos del propio Parlamento, que cuentan con el rechazo mayoritario de la población.

Ya pasó en el año 2005 con la protección del litoral de Granadilla, apoyado por más de 56.000 personas, y ahora vuelve a pasar con una Ley que pretende garantizar el mantenimiento de la moratoria turística y el respeto a la Ley de Directrices. En este caso, se rechaza para aprobar una Ley de Medidas Urgentes que ha sido rechazada por los sectores más importantes, implicados en la materia que esta Ley regularía (grupos sociales, patronales, sindicatos, colegios de arquitectos y un largo etcétera).