La llegada de la reciente crisis económica no ha supuesto un freno a la destrucción del medio ambiente. Al contrario, rápidamente está convirtiendo a buena parte de las políticas ambientales en algo prescindible. Desde esta óptica, en el artículo se repasan algunas de las políticas ambientales que ya se están viendo recortadas con la coartada de la crisis. Llegan las ‘rebajas” ambientales.

No son buenos tiempos para la defensa del medio ambiente. Hasta tal punto que en el último medio año se ha ido rebajando su rango administrativo. Ya se empezó con la unión –mejor, absorción– de Medio Ambiente por parte del Ministerio de Agricultura. Pero la necesidad de disminuir gastos por parte de las administraciones autonómicas ha sido la principal argumentación para reducir el número de consejerías –algo que ya se ha dado en Madrid, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha–. Este proceso siempre ha finalizado con la eliminación de la Consejería de Medio Ambiente, incorporando sus competencias en otras consejerías, en ocasiones tan antagónicas como industria o minas.

Recortes en conservación

La necesidad de reducir gastos se ha sumado a la inactividad y desinterés que en materia de conservación de la naturaleza venimos arrastrando desde hace años. Por eso hoy es aún más difícil que se pongan en marcha los cientos de planes de gestión de espacios protegidos necesarios con urgencia para su conservación, o las decenas de planes pendientes para la recuperación de especies amenazadas, por poner algunos ejemplos.

El olvido intencionado de la aplicación de los condicionantes ambientales (actuaciones correctoras y compensatorias) ya era notorio en las infraestructuras, especialmente de transportes. La situación actual no invita al optimismo. Las labores de integración paisajística, de lucha contra la erosión, o la construcción de pasos para la fauna, por ejemplo, se quedan en los papeles y no llegan a ejecutarse, suponiendo un claro incumplimiento de las declaraciones de impacto ambiental. Pero por la ausencia de programas de seguimiento y vigilancia no son detectados ni denunciados. Las denuncias por parte de los grupos ecologistas se archivan, o cuando se convierten en sentencias de los juzgados, llegan con la obra terminada.

La crisis también empieza a ser una oportunidad para algunos alcaldes de pueblos con sus términos municipales dentro de parques naturales, que una vez ha pasado el periodo de bonanza económica –que les ha permitido disponer de ayudas y fondos económicos millonarios por estar afectados por un espacio natural protegido– no han dudado en poner en el centro de la diana al espacio natural como causante de sus males, una forma de ocultar su incompetencia en la gestión de los fondos recibidos.

La reducción presupuestaria conlleva también efectos negativos en relación al agua, al reducirse o incluso desaparecer partidas presupuestarias dedicadas a proyectos de interés ambiental. Tal es el caso de los fondos destinados al deslinde del dominio público hidráulico –imprescindible para la conservación de los cauces y bosques de ribera– o al Plan Especial del Ato Guadiana.

Otro riesgo importante es que la crisis del sector de la construcción anime al Gobierno a promover grandes inversiones, planteándose nuevas infraestructuras hidráulicas, como ya está ocurriendo, de hecho, en el caso del transporte. No sería raro que veamos recuperarse viejos proyectos que fueron desechados en su momento por su gran impacto ambiental y social y su escasa funcionalidad hidrológica. Ahí está, por ejemplo, el caso del trasvase desde el embalse de Valdecañas en el Tajo hasta el acueducto Tajo-Segura, recientemente vuelto a considerar por el Ministerio.

No sólo sufrirá la crisis el patrimonio natural. Todo parece indicar que la conservación de nuestro patrimonio histórico y arqueológico tendrá importantes recortes, además de que menguarán las pocas garantías de su mantenimiento frente a desarrollos urbanísticos o a obras de infraestructura, con el pretexto de que se frenaría la recuperación de la economía.

Olvido de los objetivos de reducción de emisiones

Antes de que la crisis financiera se extendiera por todo el mundo, antes de que las bolsas se desplomaran asustadas… las cosas ya iban mal en materia de control de emisiones de CO2 y de cambio climático en la Unión Europea. En enero de 2008 la Comisión de Medio Ambiente de la UE presentó los límites de su compromiso sobre cambio climático en los próximos tiempos: una reducción unilateral del 20% de sus emisiones para 2020 con respecto a las de 1990, cuando hacía poco más de un mes que en la Conferencia de Bali reconocía y ponía por escrito que las reducciones deberían estar entre el 25-40%.

El plan europeo de enero se dirige a otros dos frentes para 2020: que el 20% de la energía sea de origen renovable y llegar a un 20% de eficiencia energética. Aún no es firme, puesto que debe pasar los complicados trámites de aprobación comunitarios. Pero lo que se va conociendo, no invita al optimismo. Por ejemplo, no tuvo prácticamente oposición el reparto por países de los objetivos de emisión en 2020 para los llamados sectores difusos (transporte, residencial, residuos, etc.), a pesar de que algunos Estados miembros salieron con niveles de reducción escandalosamente bajos. Concretamente España podrá emitir en 2020 un 30% más que en 1990. ¡Para qué preocuparse de Kioto que sólo nos permitía aumentar un 15%!

Y seguirán las rebajas porque el llamado “paquete 20/20/20” se ha tropezado con la abierta oposición de demasiados países miembros. Silvio Berlusconi en el consejo de ministros de la UE de octubre exigió en nombre de la defensa ante la crisis que la UE no sea un Quijote frente al clima y amenazó con vetar los posibles acuerdos. La amenaza de expatriación de empresas a países sin limitación de emisiones y la posible pérdida de empleos fueron argumentos incluso de Alemania y Reino Unido, anteriormente líderes contra el cambio climático. Polonia y otros siete nuevos Estados miembros (Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia), donde el carbón constituye hasta el 90% de su consumo energético, rechazaron los límites que les han asignado para 2020, aunque sólo signifiquen limitar sus emisiones al nivel actual.

Lo cierto es que apenas una semana después de destinar 2.000.000 millones de euros al apoyo de un sector financiero culpable de avaricia e irresponsabilidad, son incapaces de comprometer 70.000-90.000 millones de euros para poner en marcha el paquete europeo sobre clima y energía.

Más viviendas todavía

En la inocencia de quien sueña con que las cosas mejoren, muchos creímos que la crisis, al menos, serviría para reconducir los excesos producidos en el sector inmobiliario en el Estado español. Durante la legislatura anterior el Gobierno y el propio Presidente del Gobierno alardearon de perseguir la abolición de las prácticas especulativas y de frenar la destrucción del territorio consecuencia de un urbanismo desaforado. Sin embargo, han bastado unos meses de vacas flacas para que se hayan activado todas las alarmas y el Gobierno y el Ministerio de Vivienda hayan salido a salvar al sector inmobiliario.

A pesar de la contundente evidencia de que en la última década en el Estado español se han construido muchas más viviendas de las necesarias, se insiste en la necesidad de seguir construyendo. Eso sí, ahora vivienda protegida. Y eso que existe un stock de vivienda construida y sin vender que se valora entre seiscientas mil y un millón. Pero el Ministerio se ha comprometido a construir una media de 150.000 viviendas de protección a las que se sumarían las viviendas libres.

En la actualidad existe suelo público suficiente para poner en marcha esta iniciativa, si lo que realmente se persiguiera es construir vivienda pública. El patrimonio de suelo de la Entidad Pública Empresarial de Suelo, SEPES, alcanzó en 2007 un valor de 1.128 millones de euros. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda, ha iniciado una Oferta Pública de Compra de Suelo destinando 300 millones de euros para la adquisición de suelo de titularidad privada para construir vivienda de protección. Es claro que con esta iniciativa se va a favorecer a las grandes empresas inmobiliarias que han ido acaparando suelo durante los últimos años.

Además, con la excusa de la construcción de vivienda de protección, muchas comunidades autónomas están poniendo en marcha distintas iniciativas (convenios, normativas) para autorizar la construcción sobre suelo protegido.

En definitiva, a pesar de la sobreoferta de vivienda existente, la crisis está justificando la puesta en marcha de políticas centradas en la construcción de nueva vivienda, en este caso de protección. Igualmente se está justificando la destrucción de suelo protegido, reservando el suelo urbanizable y la vivienda libre existente a la espera de que pase la crisis.

Transporte: ¿crisis, qué crisis?

Al igual que ocurre con el urbanismo, se podría caer en la tentación de creer que gracias a la crisis decrecería el ritmo frenético de inversión en grandes infraestructuras de transporte. Nada más lejos de la realidad. Y es que la política del Ministerio de Fomento tanto en tiempos de bonanza económica como de recesión es la misma, “más cemento, pase lo que pase”.

Así, cuando más falta hace apostar por la movilidad sostenible, y con el falaz pretexto de combatir la crisis, se aumentan los presupuestos para las infraestructuras de transporte más impactantes. La estrella de los presupuestos de 2009 son las autovías, que se llevarán una tajada de 5.636 millones € (un 16% más que en 2008), seguidas muy de cerca por el AVE, con 5.629 millones € (un 21,6% de aumento). En total, el presupuesto para infraestructuras de 2009 ascenderá a unos escalofriantes 19.271 millones €, un 7,5% más que hace un año. ¿Crisis, qué crisis?

Las faraónicas inversiones en infraestructuras son tremendamente intensivas en capital pero muy poco en mano de obra, por lo que convendría no perder de vista la cantidad de puestos de trabajo en otros sectores que se podrían crear con los más de 3 billones de las antiguas pesetas que se van a dedicar en 2009 a seguir asfaltando el Estado español.

En esta misma línea de actuar de forma contraria a lo que se necesita, el PSOE, junto con el PP y algunos otros partidos, a finales de octubre rechazaron una proposición de Ley de Movilidad Sostenible auspiciada por varias organizaciones, entre las que estaba Ecologistas en Acción.

También, desde la UE se apoya –bien es cierto que sin muchas prisas ni convicción– una fiscalidad que haga que el transporte pague parte de sus costes externos. Pues bien, en la reunión de ministros de transporte europeos de octubre pasado, se abordó la revisión de la directiva de la Euroviñeta para incorporar estos costes, y la principal detractora no fue sino Magdalena Álvarez… con el argumento de la crisis. Esta reforma permitiría el cobro de tasas para compensar el impacto del transporte de mercancías por carretera, atendiendo a tres externalidades: contaminación del aire, ruido y congestión.

Con el pretexto de no poner trabas a los proyectos de infraestructura, también se anuncian importantes rebajas en los procedimientos de impacto ambiental. Es claro que estos mecanismos nunca han funcionado de modo satisfactorio para la defensa de los recursos naturales, pero parece que la situación será peor en el futuro.

Por desgracia, todo lo que se dice de Fomento es aplicable a la casi totalidad de las Administraciones autonómicas: mientras se anuncian recortes en muchos aspectos sociales, se incrementa la inversión en infraestructuras de transporte sin que exista ningún plan de movilidad sostenible que les dé una cierta racionalidad.

En otro orden de cosas, la bajada de ventas en los coches, se está utilizando por la industria del automóvil para pedir más y más ayudas y para forzar la rebaja de objetivos de la nueva directiva que limitará las emisiones de CO2 de los automóviles. Y eso que los efectos del cambio climático serán mucho peores que lo que pueda suponer esta crisis, pero son malos tiempos para pensar en el medio plazo.

En definitiva, no es que no caminemos hacia la movilidad sostenible sino que, con el asidero de la crisis, cada vez apretamos más el acelerador de la insostenibilidad del transporte.

Más ayudas para bancos y multinacionales, menos gastos sociales

A escala internacional, resulta paradójico observar cómo los diferentes gobiernos dedican cantidades ingentes de dinero público para salvar a los bancos, cuando han sido incapaces de llegar a los montos necesarios para alcanzar algo tan poco ambicioso y transformador como son los Objetivos del Milenio. Parece que mantener el sistema financiero es más importante que acabar con el hambre, con la pobreza o con las crecientes diferencias entre ricos y pobres, como demuestra que el G8 haya podido juntar 1 billón de dólares en pocos días para bancos, pero no encuentren por ningún lado 50.000 millones para ayudas al desarrollo. Sólo el dinero que ha presupuestado el Gobierno de EE UU para inyectar en su plan anti-crisis es del orden de la mitad de lo que la ONU calcula que es necesario para “erradicar la pobreza” (sic).

En el caso del Estado español se han destinado, fuera de presupuesto, hasta 50.000 millones de € para comprar activos de los bancos, más otros 100.000 para avalarles. El Gobierno afirma que el dinero se recuperará y que saldrá de nuevas emisiones de deuda pública, es decir, que no será en cargo a los presupuestos. Pero, ¿qué pasará si los activos que compre el Gobierno no tienen valor para su posterior venta?, ¿qué ocurrirá si hay que ejecutar los avales? ¿De dónde saldrá este dinero? ¿Se quitará íntegro del gasto militar? Desgraciadamente, no parece que así sea. Más bien se utilizarán los recortes sociales, como ya ha ocurrido en ayuntamientos y comunidades autónomas, como moneda de cambio.

Nuestro sistema de protección social, dependiente en un alto porcentaje de dinero público, será uno de los grandes perdedores de la crisis. Pensiones, dependencia, sanidad, servicios sociales o educación son sectores no productivos y por tanto no prioritarios en el salvamento del sistema económico, que serán abandonados.

Los recortes en gastos sociales tienen un cariz más dramático por la fragilidad de la población a la que se dirigen. Sectores como son las mujeres o población inmigrante vivirá con mayor intensidad estos recortes. Sin olvidar que en un contexto de limitaciones económicas y carencia es fácil espolear un estado de opinión insolidario, una cultura del “aquí no cabemos todos” que vea con desconfianza, por ejemplo, el apoyo a personas inmigrantes o los programas de realojo de personas gitanas. En el horizonte vemos cómo la extrema derecha puede encontrar un terreno abonado para hacerse un hueco en el espacio político.

Ecologistas en Acción. El Ecologista nº 59.