En diciembre de 1997, el protocolo de Kioto consagró el papel fundamental del comercio de emisiones en el cumplimiento de los objetivos de limitación de emisiones. Ecologistas en Acción criticó los acuerdos de control de emisiones por ser totalmente insuficientes para evitar los peores efectos del calentamiento mundial, aún reconociendo que este acuerdo podría significar un primer paso en dicho sentido.
Pero este primer paso se está viendo seriamente amenazado por la no ratificación del protocolo por parte de países clave (EE UU y Rusia, fundamentalmente), que impide su entrada en vigor, y, por otro lado, por la posibilidad de que los países ricos cumplan sus compromisos comprando el derecho a emitir.
El comercio de emisiones consiste básicamente en que un país (o empresa) compre “certificados de reducción de emisiones” a otro país o empresa en donde se haya producido una reducción de emisiones o éstas se hayan evitado. Se quiere crear así un mercado de emisiones, con la idea de que éstas se reduzcan donde sea más barato hacerlo.
En la práctica, y dejando al margen objeciones de tipo fundamental, como es la cuestión de si la mercantilización de la contaminación (pagar para seguir contaminando) es algo legítimo, el comercio de emisiones, combinado con la utilización de sumideros de carbono, podría suponer un freno para que los países ricos emprendan la necesaria reestructuración de sus economías y de sus sistemas energéticos para colocarlos en un rumbo más sostenible, ya que es factible que cumplan sus (insuficientes) compromisos con un módico gasto económico en la compra de derechos de emisión, sin hacer nada más.
La aparición de un mercado de emisiones puede significar una subvención pública para las empresas (fundamentalmente multinacionales) que justifiquen una reducción o incluso limitación de emisiones en otros países (por ejemplo, con plantaciones de monocultivos en países pobres). Aparte de sus beneficios normales, las empresas podrán vender a otras empresas (o, más probablemente a Estados), las emisiones presuntamente ahorradas. Un buen número de empresas están iniciando por su cuenta mercados de derechos de emisión, sin que aún existan en muchos casos normas para ellos.
Juan Carlos Rodríguez Murillo. El Ecologista nº 41
