Por suerte o por desgracia cada vez resulta más frecuente que los grupos conservacionistas, ecologistas y ciudadan@s sensibilizad@s recurramos a medidas legales y judiciales en la defensa del medio ambiente.

Sin embargo, y pese a la importancia e indiscutible utilidad pública de la actuación ciudadana en materia de medio ambiente, no pocas son las trabas con las que nos encontramos a la hora de ejercer las oportunas acciones legales. Desde frecuentísimas denegaciones de información dándonos la callada por respuesta a lo solicitado, exigencias de altísimas fianzas que nos impiden comparecer en procedimientos penales, archivo de denuncias, denegación de la posibilidad de personarnos en procedimientos administrativos sancionadores o autorizatorios, etc.

Para dar una solución a estos problemas, que no son exclusivos del Estado español, se aprobó en 1998 un Convenio internacional en el marco de la ONU llamado Convenio sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente, conocido como Convenio de Aarhus por ser ésta la ciudad danesa donde fue firmado. Está en vigor desde 2001 para los países que lo han ratificado (27 por el momento).

Este Convenio promueve una serie de mecanismos para garantizar la participación en los asuntos ambientales, exigiendo la remoción de los obstáculos que la dificulten. Se presenta como la normativa más avanzada en lo que a democracia participativa en materia de medio ambiente se refiere y sus implicaciones, como su propio título refleja, alcanzan al acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, mejorando sustancialmente toda la normativa vigente al respecto.

Desde 1998 los ecologistas reclamamos al Gobierno central la ratificación de este Convenio, sin ningún éxito puesto que la participación ciudadana no se encontraba desde luego entre las prioridades del anterior Gobierno del Partido Popular. Ahora, la nueva titular del Ministerio de Medio Ambiente se ha comprometido a ratificar el texto, a lo que damos bienvenida. Pero, mientras tanto, seguiremos reclamando para que dicha declaración no se quede en papel mojado y el nuevo ejecutivo cumpla con su compromiso.

Jaime Doreste. El Ecologista nº 41