El pasado 30 de enero de 2004 la Fundación Nueva Cultura del Agua presentó en Madrid, en la sala de prensa del Congreso de los Diputados, el informe: “Aguas limpias, manos limpias. Corrupción e irregularidades en la gestión del agua en España”. Este informe ha sido elaborado por dicha Fundación, contando con un equipo interdisciplinar de expertos en materia jurídica y de gestión del agua, así como con la colaboración desinteresada de un amplio conjunto de personas de muy diferentes ámbitos: grupos ecologistas, colectivos ciudadanos y personas ligadas al periodismo, al poder judicial, a las fuerzas de seguridad, al ministerio fiscal… Estas colaboraciones han arrojado luz sobre los distintos casos, aportando documentos de difícil acceso, a costa de poner muchas personas –sin las que este informe no habría sido posible– en riesgo su situación laboral y personal.

Julia Martínez Fernández, miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua y de Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 39. Primavera 2004.

El informe evidencia que la gestión del agua en España adolece de graves deficiencias, e irregularidades sistemáticas institucionalizadas, en las que se apuntan incluso perfiles de corrupción. La existencia de irregularidades en la toma de decisiones sobre la contratación de obras públicas hidráulicas o las derivadas del incumplimiento del deber de vigilancia frente a la ampliación de regadíos ilegales o frente a la contaminación, no se limita solamente a casos aislados bajo la responsabilidad de particulares o de funcionarios de bajo nivel. Por el contrario, sobresalen los casos en los que el Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM), los Gobiernos regionales, los entes locales, las grandes constructoras, los grandes regantes y las compañías eléctricas, aparecen implicados en numerosas denuncias y sentencias. Esta situación indica hasta qué punto se estudia, planifica y ejecuta la vulneración sistemática del estado de derecho a través de múltiples irregularidades, así como muestra la utilización de fondos públicos que alimentan todas estas actividades, trayendo como resultado la destrucción o degradación grave de muchos recursos naturales y valiosos patrimonios ambientales, sociales y culturales.

El Ebro

El informe recoge algunos de los casos más representativos en cada cuenca hidrográfica de los diferentes tipos de irregularidades existentes en la gestión del agua en España. Se pone de manifiesto cómo en la cuenca del Ebro se plantea un conjunto de embalses, en particular los de Itoiz, Yesa, Santaliestra y Biscarrués, donde destaca la labor del antiguo Secretario de Estado de Aguas, Benigno Blanco, en la actualidad Secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Esta persona fue máximo responsable de los servicios jurídicos de la empresa eléctrica Iberdrola y miembro del Consejo de Administración de varias compañías constructoras, constatándose que su actuación, juzgada en la actualidad en varios tribunales de Madrid, podría haber favorecido los intereses de su antigua compañía: Iberdrola se encargará del bombeo de los caudales a trasvasar en el proyectado trasvase del Ebro. Hay que señalar que esta empresa le pagó, justo antes de ocupar el cargo de Secretario de Estado de Aguas en el MIMAM, 210.000 euros.

En relación con los embalses del Pirineo, los procedimientos judiciales en curso o con sentencia dictada denuncian el incumplimiento manifiesto de la normativa de impacto ambiental, la voluntad de construir embalses en zonas de riesgo geológico cerca de pueblos habitados, la vulneración del régimen de los contratos públicos y del procedimiento administrativo, el uso irregular de fondos, las expropiaciones ilegales, el uso de la Policía y Guardia Civil en beneficio privado a la hora de expulsar a los habitantes de las localidades afectadas y la ocultación de datos al público y a los tribunales.

Júcar y Segura

En la región de Valencia, resalta el trasvase del río Júcar al Vinalopó, donde Benigno Blanco impulsó la creación de la empresa pública Aguas del Júcar S.A., que, en régimen de derecho privado, contrataría a una filial de Iberdrola, Iberinco, para realizar los estudios técnicos precisos, en la que el propio Benigno Blanco fue Secretario del Consejo de Administración. Entre los territorios destinatarios de este trasvase destacan las zonas residenciales y recreativas de la provincia de Alicante, cuya expansión urbanística fue promovida por el actual Ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, destacado promotor de estos proyectos trasvasistas. Tal es el caso de Benidorm, localidad de la que fue alcalde antes de ocupar la presidencia del Gobierno regional, y donde se produjeron incendios forestales en el lugar donde posteriormente se edificó el gran parque temático Terra Mítica.

En lo que respecta a la cuenca del Segura, la situación constituye un compendio de los daños a los ecosistemas hídricos y a las sociedades que viven en ellos. Esta cuenca sufre una auténtica rebeldía institucional y empresarial ante el estado de derecho: fomento de la sobreexplotación de acuíferos, contaminación permitida y puesta en regadío de miles de hectáreas con la ayuda del dinero público. Se ha postulado la supuesta necesidad de llevar agua a Murcia para atender el consumo de un número creciente de hectómetros cúbicos en esas nuevas zonas irrigadas, la mayoría creadas de forma totalmente irregular. Mientras, se ha mantenido una gravísima contaminación del río Segura, uno de los ríos más sucios de Europa, por cuya causa se juzgan ahora a altos cargos del MIMAM, incluyendo el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, D. Juan Cánovas.

Por otra parte, se ha evidenciado la anómala situación jurídica de los denominados “pozos de sequía” que fueron autorizados en esta cuenca, así como los numerosos expedientes sancionadores relativos a extracción de aguas subterráneas que se han dejado prescribir sin llegar a ningún resultado en las propias oficinas de la Confederación Hidrográfica. De los casos documentados se constata que las irregularidades y el descontrol en materia de regadíos irregulares y extracciones ilegales de aguas subterráneas no sólo alcanzan al MIMAM, sino que también se ven implicados empresarios, jueces y políticos locales. A todo ello se suma una interpretación surrealista de la ley y unas fuertes presiones a la sociedad civil que intenta poner coto a la corrupción y al expolio del agua.

El informe documenta igualmente la existencia de irregularidades en las cuencas hidrográficas de Galicia-Costa, Guadalquivir, Duero, Tajo, Norte, Sur y Cuencas Internas de Cataluña. Son de destacar casos paradigmáticos como el de Unión Fenosa y el Gobierno de Galicia, la sobreexplotación de ENDESA en varios ríos de la región de Cantabria o la labor de silencio y la posible complicidad con las empresas constructoras e Iberdrola de la Confederación Hidrográfica del Duero. Junto a los ejemplos descritos, aparece un mundo de múltiples irregularidades en torno a las pequeñas y medianas obras, generalmente con la connivencia de gobiernos municipales y de pequeños grupos de poder económico de ámbito local o regional. No obstante, sus efectos son muy destructivos para el patrimonio natural y social, como el caso de ciertos regadíos, minicentrales hidroeléctricas, dragados de ríos y talas de bosque de ribera.

Los casos aquí expuestos constituyen sólo una pequeña parte de todos los existentes, pero conforman una muestra bastante representativa de los múltiples tipos de irregularidades que rodean la gestión del agua y las obras hidráulicas en España. Entre ellos se han documentado casos que provocarían la dimisión o cese inmediato de sus responsables en países con una mayor cultura democrática y de cumplimiento de la ley.

Un necesario cambio de rumbo

El análisis de los casos presentados plantea la ineludible necesidad de una reflexión profunda acerca de diversos elementos que, de forma reiterada, aparecen en tales casos de irregularidades en torno al agua. En este sentido, es necesario cuestionar la figura del “Interés General”, en cuya aplicación se advierten grandes dosis de arbitrariedad y de servicio a intereses bastante particulares y muy poco generales. De la misma forma, es necesario un debate acerca del rescate de las concesiones hidroeléctricas, con frecuencia fosilizadas desde hace muchas décadas.

Se precisa, asimismo, un análisis detallado de la situación actual del derecho de acceso a la información ambiental y los mecanismos de participación pública, dado que la vulneración de tales derechos y mecanismos, como desde Ecologistas en Acción se ha denunciado en multitud de casos, constituye una constante en los casos presentados y un elemento que favorece la existencia de situaciones de corrupción e irregularidades en materia hidráulica. En este sentido, en enero de 2004 la Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia comunitario por “no dar garantías para la debida información pública sobre las decisiones ante proyectos sometidos ya a la evaluación de impacto ambiental”. El derecho ciudadano a la información constituye un elemento clave para el control del poder ejecutivo, cuya tendencia natural, sin las debidas riendas legales, con frecuencia conduce a la arbitrariedad. Igualmente es necesaria una reforma en profundidad del marco normativo y de la estructura organizativa de los organismos de cuenca, para eliminar la escasa transparencia y ausencia de control democrático en la toma de decisiones.

Por otra parte, cabe destacar la importancia que en la gran mayoría de los casos presentados ha tenido la acción popular en la defensa de los bienes públicos, ejercida por grupos ecologistas y otros colectivos sociales. Facilitar esta acción popular constituye igualmente una cuestión básica para avanzar en la identificación y actuación contra las situaciones de corrupción e irregularidades existentes. Los casos presentados han mostrado también la importancia de aplicar la figura de la suspensión cautelar para evitar posibles daños irreversibles al medio ambiente mientras se dilucida la naturaleza de los proyectos denunciados, de modo que la conservación de los bienes y del medio ambiente no constituya al final del procedimiento una cuestión de imposible cumplimiento por la vía de los hechos consumados.

A la vista de la situación mostrada, urge una reflexión profunda acerca de cómo se están planificando las obras hidráulicas y tomando las decisiones sobre la gestión del agua en España y cuáles son los fines y beneficiarios reales de tales obras y decisiones. Es necesario aplicar con contundencia el estado de derecho, depurando todas las posibles responsabilidades por irregularidades y usos abusivos existentes en torno a la gestión del agua. Urge, también, rodear de transparencia y de los máximos canales de información y participación públicas a todos los procedimientos y decisiones con el fin de evitar la arbitrariedad, el abuso de poder y la opacidad en torno a las actuaciones hidráulicas.

Las abundantes y graves deficiencias de carácter jurídico evidenciadas en las distintas cuencas hidrográficas demandan una moratoria sobre las obras hidráulicas y sobre las grandes decisiones planteadas acerca de los usos del agua, incluyendo las previstas en el marco del Plan Hidrológico Nacional, con el fin de evitar que tales obras y decisiones sirvan para seguir alimentando una bola de nieve de corrupción, irregularidades y usos abusivos del agua con cargo a fondos públicos y a expensas de un menguante patrimonio natural, social y cultural.

La aplicación escrupulosa del estado de derecho, la máxima transparencia y participación públicas y el respeto a los derechos de los ciudadanos constituyen requisitos imprescindibles en cualquier ámbito, pero, hoy por hoy, no se dan en la planificación y gestión del agua en España. Reivindicar dicho estado de derecho y la transparencia en la toma de decisiones constituye, así, la primera exigencia para una imprescindible nueva cultura del agua en España, exigencia a la que la Fundación Nueva Cultura del Agua quiere contribuir con este informe, como un instrumento al servicio de cuantas personas y entidades trabajan en esta línea, donde hay que destacar especialmente la enorme labor de los grupos ecologistas y otras organizaciones y colectivos sociales.

Las denuncias de Ecologistas en Acción
Desde hace tiempo, Ecologistas en Acción se ha implicado de forma muy especial en la denuncia de los abundantes casos de corrupción y de irregularidades en la gestión del agua en España. De hecho, tiene una larga trayectoria de denuncia de irregularidades relativas a la construcción de embalses y otras obras hidráulicas, la sobreexplotación de aguas subterráneas, la ocupación del Dominio Público Hidráulico, la contaminación de cauces públicos y la creación de regadíos ilegales, por citar sólo algunos de los temas más recurrentes de las denuncias presentadas. Estas denuncias, llevadas a cabo en mayor o menor grado en todo el Estado español, se vienen efectuando ante los medios de comunicación, ante las instancias administrativas pertinentes y, en muchos casos, también ante los tribunales. El informe presentado por la Fundación Nueva Cultura del Agua recoge el importante papel de Ecologistas en Acción, cuyas denuncias constituyen la base de, al menos, 12 de los 34 casos recogidos en este primer avance del informe.