Carlos Corominas , Periodistas en Acción.

Desde tiempos ancestrales los bosques han servido de sustento y refugio para las comunidades que en ellos habitaban. Sin embargo, las amenazas a las que se enfrentan estas poblaciones son cada vez más frecuentes. Los conflictos armados y sus ramificaciones en forma de intereses comerciales se configuran como causas principales de la degradación de los bosques y, por tanto, de la destrucción de formas de vida que necesitan de las plantas, los animales y los ríos para sobrevivir. “Saben que el bosque es irremplazable, vital para su alimentación y subsistencia; es donde crecieron sus padres y abuelos, donde tienen los lugares que les dan la identidad; se comunican con el espíritu de las plantas, de las lagunas y animales” asegura Margarita Benavides del Instituto del Bien Común de Perú, y añade: “si les matan el bosque les están matando sus espíritus”.

República Democrática del Congo, Perú, Burundi son sólo algunos ejemplos de conflictos bajo los que subyace el interés por el control de materias primas estratégicas como el petróleo, el coltán o la madera. En estas situaciones de conflicto, las comunidades son las principales perjudicadas ya que los recursos básicos de los que se nutren se ven seriamente comprometidos y su seguridad gravemente amenazada.

Congo: cuando los bosques son el escondite de la guerrilla

Los bosques han sido tradicionalmente lugares donde las guerrillas han establecido sus bases. La espesa vegetación permite una fácil ocultación y la existencia de numerosos animales supone una fuente importante de alimentos. Wil de Jong, del Center for Integrated Area Studies de la Universidad de Kioto, considera que “los bosques aún son un lugar en el que las facciones beligerantes libran su lucha y se ocultan de la persecución”. Así mismo, los bosques sirven de sustento para los grupos armados ya que pueden nutrirse de cultivos ilícitos o de la extorsión a los productores locales.

Éste es el caso de la República Democrática del Congo (RDC) que posee el 80% de las reservas mundiales de coltán en la zona este de los kivus. Tras la guerra civil de Ruanda entre 1990 y 1994, 1.400.000 ruandeses se refugiaron en esta zona, entre ellos se encontraban miembros de las milicias interhamwe hutus que habían cometido el genocidio en la primavera del 1994. Desde entonces, la RDC se ha enfrentado a dos guerras civiles que han causado más de 5.400.000 muertos. En la actualidad el clima de guerra civil pervive en el país y ha provocado 536.000 desplazados internos en lo que llevamos de año.

En un informe reciente, la ONG Global Witness desvela los vínculos entre la guerrilla y las empresas trasnacionales como Thaisarco (filial de la británica AMC), Afrimex y la belga Trademet. “No es bueno para las compañías decir que compran sólo a exportadores con licencia, mientras saben que sus intermediarios comercian con los grupos armados” señala Patrick Alley, director de Global Witness, y concluye: “mientras las partes en conflicto puedan seguir financiándose en el comercio internacional, seguirán extendiendo la violencia sobre la población”. En un comunicado de prensa, la compañía AMC alega que existen “inexactitudes y omisiones en el informe” y añade que “tanto AMC como Thaisarco han buscado siempre respetar los requisitos y recomendaciones de la ONU respecto de los minerales de la RDC”.

En relación con la situación que se vive en la RDC, Mtangala Lumpu de la ONG Amigos de los Bosques y del Medioambiente por el Desarrollo (AFED en sus siglas en francés) señala: “estamos acostumbrados a vivir bajo esta presión que por tantos años ha afectado a nuestra vida cotidiana; tenemos que seguir haciendo aquello en lo que creemos si deseamos conservar nuestro medioambiente para nuestros hijos”. AFED ejecuta proyectos encaminados a la restauración de los bosques y a la conciencia ambiental; incluyen el desarrollo de viveros de frutales y plantas medicinales, así como una iniciativa para capacitar a la población en el uso de estufas eficientes para reducir el uso de leña.

Burundi: la presión de los refugiados y la reconstrucción de la paz

Otra de las consecuencias de los conflictos armados es la generación de refugiados y desplazados. Los bosques suelen ser lugar de acogida para los refugiados ya que, como se ha comentado antes, son una buena fuente de recursos básicos. Wil de Jong asegura que “la presión sobre los bosques a menudo se traslada, cuando los refugiados abandonan sus tierras y aumentan la presión sobre recursos naturales en otros lugares”.

En Burundi el problema se plantea de la forma contraria: los refugiados que regresan se instalan en las zonas boscosas. Desde 1972, Burundi ha sufrido extremados episodios de violencia étnica que forzaron a centenares de miles de personas a huir a Tanzania. Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), entre 2000 y 2008, unos 45.000 refugiados han regresado a Burundi y un 75% han intentado establecerse en la llanura de Imbo, que ofrece suelos fértiles y se sitúa cerca del lago Tanganica, rico en peces. El regreso de los refugiados junto con el altísimo número de desplazados internos sitúa a Burundi en una encrucijada de difícil solución. Sin embargo, la ONG local Enviro-Project, trabaja para promover el uso sostenible de los recursos, ofrecer alternativas generadoras de ingresos y reforestar las zonas degradas. Para Cléto Ndikumagenge, Salvator Ndabirorere y Etienne Kayangeyenge, de la UICN, la labor de esta ONG es fundamental ya que involucra a la población local y a los recién llegados en la resolución de los problemas.

Perú: las ricas tierras de los indígenas

Recientemente Perú ha estado de actualidad debido a las revueltas indígenas que derivaron de la llamada “Ley de la Selva”. Este paquete de medidas, englobado en el marco del Tratado del Libre Comercio firmado entre Perú y EE UU, se firmó entre marzo y junio de 2008 y significaba la liberalización de la actividad comercial en la Amazonia peruana.

Diversas organizaciones indígenas, entre las que destaca la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), convocaron protestas contra estas medidas. La Defensoría del Pueblo interpuso dos acciones de inconstitucionalidad contra dos de los decretos ante el Tribunal Constitucional, la primera el 30 de mayo de 2008 y la segunda el 4 de junio de 2009, alegando que violan la Constitución de la República y el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En diciembre de 2008 la Comisión Multipartidaria creada por el Congreso de Perú para evaluar los decretos pidió la derogatoria de los decretos legislativos “por ser contrarios al orden constitucional referido a la Comunidades Campesinas y nativas”.

La intención del ejecutivo de Alan García de explotar los recursos de la Amazonía viene de lejos. En un artículo publicado en El Comercio el 28 de octubre de 2007, el presidente de Perú llamaba a la explotación de los recursos naturales de Perú al tiempo que tildaba a los que se oponían como perros del hortelano. García afirmaba que “hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo”. Así mismo identificaba a los enemigos del progreso: “el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI”. En este artículo, García también criticaba la figura del nativo no contactado que necesita millones de hectáreas de las que podría extraerse petróleo.

Este clima de tensión estalló el 5 de junio con violentos enfrentamientos entre la policía y los indígenas. Las víctimas que resultaron de estos sucesos no están claras ya que hay diferentes versiones. No obstante, varias organizaciones de derechos humanos así como la propia ONU han denunciado el acoso y la persecución a los indígenas.

Actualmente, los decretos han sido paralizados y se ha creado una Comisión Multipartidaria para investigar los sucesos del 5 de junio. Así mismo, AIDESEP y otras organizaciones indígenas y el propio James Anaya, Relator Especial de la ONU, piden al gobierno el desarrollo de un proceso de consulta entre todos los actores implicados.

Vincular desde la participación

En las situaciones presentadas se puede observar la conexión entre conflictos y bosques, siempre en función de intereses por los recursos y a resultas de un grave perjuicio para la población local. En este sentido, son muchas las voces que claman por el fortalecimiento de las comunidades locales y su mayor influencia en la toma de decisiones sobre su territorio y su futuro. A pesar de que los conflictos en los bosques presentan unas características muy complejas y sus raíces están profundamente arraigadas, el empoderamiento de las comunidades para una gestión adecuada de los recursos se plantea como una posible solución a medio plazo.

Para Ruben de Koning, del PNUD, “la descentralización de la gestión forestal a las autoridades locales y la gestión comunitaria de los recursos naturales son esenciales para mitigar los conflictos locales y reducir el riesgo de violencia”. David Kaimowitz, de la Fundación Ford, argumenta que “mayores derechos económicos, sociales y culturales para los pueblos indígenas y tribales en las regiones boscosas podrían contribuir en gran medida a una paz más estable en muchos países tropicales”. De Koning concluye que los procesos de empoderamiento implicarán el fortalecimiento de la capacidad para el diálogo entre los múltiples actores y un equilibrio en las condiciones de los diversos interlocutores.