Distinto rasero para juzgar a los defensores y a los destructores de la naturaleza

Resulta lógico pensar que si los grupos y organizaciones ecologistas nos vemos abocados a acudir cada vez con mayor frecuencia a los juzgados y tribunales penales y a los procedimientos administrativos sancionadores en nuestra lucha cotidiana contra la degradación ambiental y la destrucción de la naturaleza, también nuestros antagonistas pueden echar mano de idénticas herramientas para acallar nuestra voz incómoda y acusadora. Y lo hacen, vaya si lo hacen.

Jaime Doreste, comisión jurídica de Ecologistas en Acción

Desde la creación de la Comisión Jurídica de Ecologistas en Acción se fueron deslindando tres campos de actuación bien diferenciados. Por una parte estaba la defensa ante los Tribunales de los planteamientos ecologistas frente a proyectos insostenibles o atentados contra el medio ambiente; por otra, la formación de los activistas en la normativa vigente para mejorar la eficacia de nuestras acciones; y por último, la propia defensa letrada de miembros de las organizaciones que se enfrentan a procedimientos sancionadores e incluso penales por el desempeño de nuestra labor de pública denuncia y defensa del medio ambiente.

Centrándonos en ésta última tarea de defender a nuestros compañeros y compañeras, se ha detectado en los últimos tiempos un incremento de los ataques, o mejor dicho, de las acciones legales emprendidas contra ecologistas. Incremento no sólo en el número de los mismos, con una casuística sorprendentemente diversa, sino también en su virulencia y agresividad. Más tarde daremos algún ejemplo ilustrativo de esta situación.

Un poco de historia

No es sin embargo nuevo este contexto de acoso al ecologista. Ya en 1992 la Comisión Jurídica de la CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental, que posteriormente se integraría en Ecologistas en Acción) elaboró un primer informe recopilatorio de unos cuantos casos de ecologistas perseguidos desde 1987. Posteriormente, en 2000, Ecologistas en Acción elaboró otro informe sobre persecución contra ecologistas en el que se recogieron 50 casos de detenciones y procesos penales contra activistas de diversas asociaciones y colectivos ecologistas.

Estos informes fueron ampliamente difundidos [1] a los medios de comunicación, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Asociación Progresista de Fiscales y el Defensor del Pueblo, así como a la red internacional de abogados ambientalistas E-Law [2].


La situación se recrudece

Todos somos conscientes de la inmensa problemática ambiental que conlleva el boom urbanístico, absolutamente desmedido e insostenible, que lejos de toda lógica territorial se rige por la peor cara de la especulación. De este modo, el urbanismo se ha convertido en un frente de batalla constante y las alegaciones, recursos y denuncias frente a desarrollos imposibles y maniobras especulativas de todo tipo son ahora actividades habituales de los grupos ambientalistas, absorbiendo buena parte de nuestro tiempo y energía. Nos enfrentamos al que quizás sea el sector económico más poderoso, el de la construcción. Y hasta ahí podíamos llegar.

Dado que hay mucho dinero e intereses en juego en esa materia, la virulencia de las acusaciones contra nosotros es notable, y adquiere dos notas que la diferencia de la situación anterior. Por una parte, muchas de estas iniciativas se están dirigiendo ahora también contra los abogados y abogadas que participamos en Ecologistas en Acción; por otra, que mientras antes las acusaciones más frecuentes eran por resistencia a la policía, daños a actividades o empresas u ocupación temporal de inmuebles, ahora casi todas son por injurias y calumnias.

Por supuesto, de lo anterior no debe entenderse que no tengamos que defendernos también de acciones emprendidas por terratenientes, mineros, cementeros y demás protagonistas que conforman el variopinto paisaje de la degradación ambiental. Es sólo que el mundo de la construcción viene pisando fuerte, y se quiere hacer notar. Veamos algunos ejemplos ilustrativos.

El Puerto de Santa María

La firme actitud del grupo de Ecologistas en Acción de El Puerto de Santa María a los desmanes urbanísticos que las autoridades de este municipio gaditano pretenden sacar adelante, ha desencadenado una reacción desproporcionada por parte de los afectados. Los ataques han llegado desde la empresa municipal de aguas APEMSA, que interpuso querella contra distintos miembros de Ecologistas en Acción por hacer públicas unas analíticas de las aguas vertidas por una depuradora gestionada por la citada entidad.

Estas analíticas demostraban que la depuradora no funcionaba correctamente y que estaba vertiendo aguas contaminadas a la Bahía de Cádiz. APEMSA solicitaba a los ecologistas una pena de prisión de un año así como una fianza de 150.252 € para “garantizar las indemnizaciones que pudieran corresponder por los graves perjuicios causados a la empresa”. Aunque el Juzgado accedió a la imposición de la fianza, dando tan sólo un día para presentarla… finalmente una reciente sentencia les absuelve de los cargos. Por cierto, que anteriores denuncias por delito de contaminación contra APEMSA nunca prosperaron.

Además, en marzo de 2005 aparecieron repartidos por la localidad carteles con la fotografía de la casa de uno de los activistas del grupo en los que se afirmaba que “Huele a gas oil” y en septiembre de 2005 se repitieron los carteles con ataques al colectivo ecologista.

El Zoo de Almendralejo

El Coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura ha sido recientemente condenado (en un juicio de faltas, eso sí) por criticar la situación de los animales en el Zoo de Almendralejo –uno de los peores de todo el Estado, que es decir mucho– y ello pese a que la Junta revocó la autorización del núcleo zoológico por el incumplimiento de numerosas normativas higiénico-sanitarias.

Contrasta la condena y la rapidez con que fue resuelta con la falta de interés ante muchos otros hechos denunciados ante esos mimos Juzgados, entre ellos, la propia situación del Zoo.

Níjar, Almería

Sin duda, el caso más grave de cuantos se tratan aquí es el que sufren nuestros compañeros de Almería. Una vez más, denunciar irregularidades urbanísticas, esta vez relacionadas con el Ayuntamiento de Níjar, sale caro. Especialmente preocupante es la situación de nuestra compañera Pilar Rodríguez, que ha sido denunciada por un juez por las injurias y calumnias supuestamente vertidas en un escrito de un recurso de una sentencia. Por cierto, que esta sentencia fue posteriormente revocada por otra del TSJ de Andalucía, en la que se determinó que el Ayuntamiento de Níjar había actuado con desvío de poder. La juez que instruye el caso, contaminado por las declaraciones públicas del Decano de los Juzgados de Almería arremetiendo en contra de nuestra compañera, está tramitando ahora con gran celeridad el asunto, y ha exigido una fianza de 27.200 euros.

Se da la circunstancia de que ante ese mismo Juzgado de Instrucción Ecologistas en Acción presentó hace años una denuncia contra los infractores de la COAG que hicieron desmontes e instalaron invernaderos ilegales al Sur de Sierra Alhamilla y desobedecieron las órdenes de paralizar las obras, estando entre los presuntos responsables Juan Miguel Peña Linares, Senador por el PSOE. La denuncia fue archivada, si bien más tarde se reabrió por un Juzgado diferente.

Esta vergonzosa situación forma parte de las 18 irregularidades detectadas en el funcionamiento de los juzgados de Almería y denunciadas por Ecologistas en Acción ante el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía de Andalucía y el Consejo General de la Abogacía Española.

Otros casos

Uno de los abogados que colaboran con el grupo de Madrid fue juzgado en enero de 2006 por injurias y calumnias por una empresa minera de Galapagar que pedía 300.000 euros de indemnización, multa e inhabilitación. La ofensa vino de sostener en un juicio contra dicha minera que ésta “funcionaba en una contumaz ilegalidad”. De hecho tenía varios expedientes sancionadores abiertos por la Consejería de Medio Ambiente, varias sanciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo e ignora dos clausuras decretadas por el Ayuntamiento. La reciente sentencia absuelve a nuestro compañero.

El Alcalde de Archidona (Málaga) ha presentado una querella por calumnias contra Juan Calvente. Este ecologista se opuso públicamente a un macroproyecto urbanístico junto a la Reserva Natural de las Lagunas de Archidona y solicitó una investigación al detectar como firmantes del convenio urbanístico a dos detenidos en la Operación Ballena Blanca, trama de blanqueo de dinero en la Costa del Sol.

Este breve repaso no pretende ser exhaustivo, nos dejamos sin citar desde luego muchos casos de persecuciones y presiones a activistas ecologistas. La pretensión era tan sólo la de esbozar una situación en la que los colectivos que activamente trabajamos en la defensa ambiental, tenemos que defendernos de quienes desde luego persiguen objetivos bien diferentes. Compárese lo ágilmente que se tramitan las causas contra nosotros con lo difícil que nos resulta sacar adelante causas en las que defendemos el interés general y el del medio ambiente, y saque cada cual sus propias conclusiones.


Cuenta de apoyo:
El apoyo a las compañeras y compañeros encausados por defender el medio ambiente, exige hacer frente a multas, fianzas y otros gastos. Para ayudar en esta tarea se ha abierto la siguiente cuenta en la que se pueden hacer donaciones (Triodos Bank, a nombre de Ecologistas en Acción, concepto: “Ayuda Acoso a Ecologistas”): 1491 0001 27 1001203310

Notas

[1] A partir de este último informe se publicó el artículo ‘Mano dura contra los ecologistas» El Ecologista, nº 22 otoño-2000

[2] E-Law (Alianza Mundial de Legislación Ambiental) es una red internacional formada por 300 abogados comprometidos por la conservación ambiental, basada en el intercambio de experiencias y recursos. Promueve el fortalecimiento de sus asociados para desafiar abusos ambientales y perseguir la justicia ambiental. www.elaw.org