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Retamar La China

Es un escándalo que se pretenda urbanizar La China cuando sus promotores mantienen deudas millonarias con el Ayuntamiento.

Ecologistas en Acción muestra públicamente su indignación ante el anuncio de la empresa Noriega de que pretende iniciar la urbanización de la finca La China, incluso antes de culminar el desarrollo del Pueblo Marinero. Ecologistas en Acción presentó en marzo de 2008 un total de 15 extensas alegaciones al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Sector SO-CO-10 “La China”-Puerto Sherry, alertando que sus promotores solo pretendían colmatar aún más el frente litoral de edificaciones residenciales, recalificar suelos terciarios de uso hotelero o comercial a residencial, y todo con el único objetivo de aumentar las plusvalías y beneficios a los promotores urbanísticos.

La urbanización de la finca La China vendría a consolidar un fraude legal escandaloso que se cometió en el PGMO actualmente en vigor, en el que el Ayuntamiento, en clara connivencia con los promotores de Puerto Sherry, los declaró suelo urbano sin cumplir ninguna de las condiciones estipulados en la legislación urbanística, al no contar con las dotaciones de servicios urbanos requeridos: agua, viario, electricidad, saneamiento…

La declaración fraudulenta de estos terrenos como urbanos eximió a los propietarios de las cesiones obligatorias para zonas verdes y equipamientos públicos. Los suelos a los que renunció el Ayuntamiento tendrían una valoración actual de unos 17.400.000 € (2.895.000.000 Pts.). La simple consideración de estos suelos como urbanos no consolidados supondría unas cesiones al Ayuntamiento por valor de 7.560.000 € (1.257.000.000 Pts.), pero el PERI los considera como “consolidados” sin que exista en La China infraestructuras ni edificaciones de ningún tipo.

Los promotores de Puerto Sherry y de esta urbanización deben, además, al Ayuntamiento una importantísima suma de dinero en base a los reiterados incumplimientos de las obligaciones comprometidas en los Convenios que suscribieron en los años 1983 y 1986. Sólo el 10% de edificabilidad al que renunció el Ayuntamiento a cambio de actuaciones que nunca se realizaron está valorado en 4.176.000 € (694.800.000 Pts.).

La deuda de “Marina Puerto de Santa María S.A.” con el Ayuntamiento debería evaluarse por encima de los 6 millones de euros (1.000.000.000 Pts). Si se tiene en cuenta la condonación de las cesiones al clasificar estos suelos como urbanos, esta empresa se ha beneficiado en más de 24.000.000 € (4.000.000.000 Pts.), que ha dejado de ingresar el Ayuntamiento en estos 25 años de lamentable historia de Puerto Sherry.

Ahora, como premio a los que llevaron a Puerto Sherry a la ruina, se pretenden construir 947 viviendas de lujo –más que las permitidas en el PGOU-, con una edificabilidad que casi triplica el máximo de 0,3 m2/m2 permitido en la Ley de Costas (0,86 m2/m2 en el Pueblo Marinero y 0,72 m2/m2 en La China). Para colmo, se recalifican los suelos hoteleros y comerciales a residencial para permitir aún mayor colmatación y hormigonado de una de las últimas zonas sin urbanizar que quedan en el litoral de El Puerto.

Es absolutamente escandaloso que en plena crisis económica, cuando el Ayuntamiento arrastra deudas millonarias (73.000.000 €), cuando el desempleo supera las 10.000 personas en nuestra ciudad, se le condone 24.000.000 €, un tercio de la deuda municipal, a una empresa que solo ha demostrado en estos 25 años un absoluto desinterés por el desarrollo económico de la ciudad, a pesar de los enromes beneficios que ha recibido, comenzando por los de la playa de la Colorá y el mar que les cedieron prácticamente gratis (Marina de El PSM pagó 5pts/m2), y se cambie el uso suelos destinados a hoteles, que al menos crean empleo a medio plazo, para construir más chalets.

Hay que resaltar que La China está cubierta por un denso bosque de retamas con pinos piñoneros, lentiscos y sabinas, ecosistemas considerados por la Directiva Hábitat de la UE de interés comunitario y prioritario. Además, mantiene una de las mejores poblaciones de camaleones de la Bahía de Cádiz. Su urbanización supondría un claro incumplimiento de las promesas del actual alcalde, el popular Enrique Moresco, que se ha comprometido reiteradamente a proteger los terrenos forestales. Hay que recordar que en El Puerto se han destruido en las dos últimas décadas más de 2 millones de m2 zonas forestales. Las declaraciones de la empresa Noriega en el sentido de que se protegerán esas poblaciones, son una burla, a tenor del estado en que ha quedado el enorme retamar junto a la carretera de Puerto Sherry, convertido por esta empresa en un campo de golf churretoso, y donde ha desaparecido prácticamente la que era la mayor población de camaleones que existía en la Bahía de Cádiz.

Ecologistas en Acción va a reiterar las Alegaciones presentadas, y exige una respuesta por escrito del Ayuntamiento:

- Que el Ayuntamiento renuncie a la aprobación del PERI La China-Puerto Sherry.

- Que se exija a los propietarios de dichos terrenos el pago de la deuda que tienen contraída con el Ayuntamiento por contraprestaciones no cumplimentadas en los convenios urbanísticos suscritos.

- Que en caso contrario se proceda a embargar la finca La China (UE-1 “LA CHINA”) y a la modificación del actual PGOU para desclasificar dichos terrenos declarándolos como Zona de Interés Forestal dentro del Suelo No Urbanizable, con el objetivo de impedir la colmatación urbanística del frente litoral, recuperar un espacio de alto interés ecológico, paisajístico, recreativo y social, y compensar parcialmente la gran superficie de suelo forestal en la costa oeste.

- Que caso improbable de que se satisfaga la deuda, se proceda a su expropiación al precio de terreno no urbanizado e improductivo, en base a lo estipulado en la Ley 8/2007 de Suelo

- Que se modifique la calificación de los terrenos aún no edificados del Pueblo Marinero (UE-2 “PUEBLO MARINERO”) de residencial a terciario, exclusivamente para usos hoteleros, comerciales, deportivos y de ocio, generando actividad económica y empleo.

Estas propuestas sí beneficiarían al interés general, que es la finalidad que debe cumplir el planeamiento urbanístico, siendo obligación del Ayuntamiento defender este interés general, dejando de actuar como mera gestoría de las empresas constructoras, tal y como ha venido sucediendo en estos últimos años.