Ante los hechos acontecidos por el paro de controladores aéreos Ecologistas en Acción expresa su más enérgico rechazo a la militarización de espacios civiles y a la aplicación de la legislación militar a población civil, considerando que el manejo de un conflicto laboral con medios militares no es apropiado. La declaración del Estado de Alarma es desproporcionada, injustificada y afecta a derechos fundamentales de toda la ciudadanía española.
Los hechos que justifican esta resolución son:

1. Tras la aprobación por el Gobierno del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, que regula, entre otros temas, la jornada laboral de los controladores aéreos de AENA y contempla su sometimiento a la dirección del Ministerio de Defensa en determinadas circunstancias, este colectivo inició un paro por la tarde. Esa misma noche el Presidente del Gobierno ordenó que efectivos del Ejército del Aire tomaran bajo su mando los centros de control de tráfico aéreo y las torres de los principales aeropuertos civiles. Ecologistas en Acción considera que someter a personal público civil a las órdenes del Ejército constituye un gravísimo precedente de militarización social que no debe ser tolerado. Sin entrar a considerar la pertinencia o no de la huelga ni a valorar las razones o sinrazones del colectivo de controladores aéreos lo que no puede admitirse es que un conflicto del ámbito civil y laboral se maneje manu militari.

2. La declaración por primera vez en la historia de la democracia del Estado de Alarma en la mañana del 4 de diciembre por el Consejo de Ministros extraordinario constituye un grave precedente, más aún cuando no se cumplen los requisitos establecidos en la legislación para la declaración del mismo (considerar el tráfico aéreo como servicio público esencial cuando existen otros medios de transporte público no afectados es cuando menos cuestionable). Esta medida permite la aplicación del Código Penal Militar a población civil en tiempos de paz, con la amenaza de condena por un delito de desobediencia o insubordinación con penas militares que abarcan desde los tres meses y un día de prisión a los seis años si se considera la desobediencia “permanente”. El Estado de Alarma abre la posibilidad de una restricción de las libertades y derechos fundamentales de toda la ciudadanía.

3. Estas medidas se engloban dentro del preocupante avance en los últimos años de acciones encaminadas a la militarización de la sociedad, como la asunción de tareas civiles por cuerpos militares como la Unidad Militar de Emergencias. Ecologistas en Acción considera que estos hechos suponen un peligroso precedente que puede permitir el manejo militar ante conflictos sociales.