Los informes negativos que empieza a acumular el expediente del proyecto de embalse de Biscarrués, sobre el río Gállego, en la misma línea de las alegaciones presentadas por los colectivos que vienen rechazándolo, sólo apuntan a una salida posible: el descarte total del proyecto.

El Informe técnico emitido por el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) dependiente del Ministerio de Fomento, sobre el proyecto del embalse de Biscarrués, es bastante claro sobre lo que debería ser el futuro de este proyecto, al recoger en su conclusión final que “considera que el proyecto debería desestimarse por presentar impactos ambientales críticos, no estar adecuadamente justificado, carecer de una verdadera evaluación de alternativas y no demostrarse razonadamente que salvaguarde los intereses generales desde una perspectiva global e integrada”

Además este informe destaca:

  • Que la Declaración de Impacto Ambiental formulada en 1999, carece de vigencia en la actualidad, por lo que no puede considerarse como alternativa el embalse en su cota máxima, como todavía sigue defendiendo Riegos del Altoaragón. En general indica que “las alternativas formuladas al proyecto no se pueden considerar como tales, dado que se ha partido de la que es objeto del proyecto y se ha completado con otras que no cumplen los objetivos del mismo o no cumplen las determinaciones del texto refundido de la Ley de Evaluación de impacto Ambiental”. Así se indica que se han obviado actuaciones complementarias de la Alternativa 0, que es la que defiende Ecologistas en Acción.
  • Que si bien uno de los “beneficios” que se viene defendiendo del embalse es la regulación de avenidas, el informe indica que este hecho “resulta conceptualmente incorrecto dada la necesidad de dichas avenidas para la formación y mantenimiento del cauce y los ecosistemas asociados, así como para impulsar la evolución morfológica del río y de la vegetación”
  • Otro de los supuestos “beneficios” apuntados del proyecto y cuya metodología ha sido duramente criticada por Ecologistas en Acción, la dotación de caudales aguas abajo, el informe recoge que una reducción de los mismos nunca puede ser una mejora y que la dotación de caudales de mantenimiento previsto no se adaptan en cuanto a los procedimientos y metodología marcada en la normativa correspondiente.

Por otro lado, el informe forma parte del expediente del proyecto, por lo que el Gobierno de Aragón era perfecto conocedor del mismo, contrariamente a lo que afirman su vicepresidente, José Ángel Biel y su consejero de Agricultura, Gonzalo Arguilé. Otra cosa es que no deseen que se haga público por ir en contra de sus intereses, marcados por una política hidráulica caduca.

Las declaraciones emitidas en las últimas horas por el vicepresidente y el consejero de Agricultura a los medios de comunicación, indicando que no está entre las competencias del CEDEX la realización de este informe y no comprendiendo que el mismo sea de dominio público, sólo son un reflejo de sus actitudes prepotentes a la hora de gestionar los recursos públicos y de su escaso concepto de la participación ciudadana. La emisión de informes por parte del CEDEX, como organismo público asesor, es algo habitual en este tipo de proyectos y además había sido solicitado por la propia Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, que es la encargada de emitir la Declaración de Impacto Ambiental. Por otro lado, la normativa de acceso a la información y de Evaluación de Impacto Ambiental garantiza que los colectivos personados en el expediente puedan contar con la información del mismo. La legislación medioambiental, aunque pese a algunos políticos, está para cumplirse.