Ecologistas en Acción muestra su indignación ante la decisión tomada por el Congreso brasileño, a instancias de las industrias internacionales cuyos intereses se basan en la destrucción de la Amazonia, en la que se apoya una amnistía generalizada a todos aquellos terratenientes o representantes de grandes multinacionales en la zona, cuyas actuaciones criminales contra la naturaleza y los pueblos indígenas se hayan perpetrado hasta 2008.

La organización ecologista recuerda que, además, con esta propuesta del Congreso brasileño, conocida como Código Forestal, se pretende la desprotección ambiental de 86 millones de hectáreas más, que podrán ser objeto de tala y destinadas a una explotación agropecuria que de respuesta y continuidad a los interés de latifundistas y transnacionales del ramo.

Por todo ello, Ecologistas en Acción reclama que la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, vete la propuesta del Congreso, que no es más que el reflejo de la convergencia de intereses tan destructivos como espurios, por parte de los latifundistas, las gobiernos locales y regionales, en su mayoría corruptos, y las multinacionales del ramo agropecuario. La organización ecologista estima que la deuda que se quiere condonar de esta manera a los destructores de la Amazonía, forma parte de la deuda ecológica que se viene contrayendo con los pueblos indígenas y que en este caso asciende a más de 4.300 millones de euros.

Por ello, Ecologistas en Acción demanda una moratoria urgente de la deforestación amazónica y rechaza de plano la medida aprobada por el Congreso brasileño, que en la práctica es una medida para la impunidad de todos aquellos que se han lucrado y se están lucrando con uno de los pulmones más necesarios del planeta.