Con toda probabilidad, mañana martes 27 de diciembre, la Asamblea de Madrid aprobará nuevas modificaciones a la Ley del Suelo. Con esta modificación ya suman once las veces que el texto legal ha sido cambiado, nueve de las cuales han sido promovidas por el Gobierno de Esperanza Aguirre. En esta ocasión las más perjudicadas serán, una vez más, las cesiones públicas. Para Ecologistas en Acción la eventualidad de la redacción y la pérdida del carácter técnico de esta norma conducen a una grave inseguridad jurídica y a priorizar los intereses privados sobre la función social del urbanismo.

Mañana martes 27 de diciembre, la Asamblea de Madrid, aprobará la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas 2011, más conocida como Ley de acompañamiento de los presupuestos. Si se cumplen las previsiones, esta Ley servirá, entre otras, para modificar una vez más la ley del Suelo. Este año, el Gobierno de Esperanza Aguirre y las enmiendas del Partido Popular, pretenden reducir el porcentaje de viviendas de protección en los nuevos desarrollos residenciales, pasando de un 45% a un 30%, reducir las cesiones a los ayuntamientos para equipamientos, zonas verdes e infraestructuras pasando de un 70% a un 20% , eliminar en su totalidad estas cesiones en los suelos industriales y eliminar, igualmente en su totalidad, las cesiones a los ayuntamientos para crear zonas arboladas urbanas cuando se trate de viviendas privadas con jardín. A juicio de Ecologistas en Acción estamos ante una grave irresponsabilidad que reducirá de forma ostensible el patrimonio municipal en plena crisis y que transforma el urbanismo en un mero instrumento de hacer dinero en beneficio de los los promotores.

La Ley del Suelo madrileña, en sus diez años y medio de vida, ha sufrido diez modificaciones en su articulado (sin contar la que se producirá mañana). Esto ha supuesto que de sus 248 artículos, 59 han sido modificados, así como 4 disposiciones transitorias, una disposición adicional y otros 6 artículos han sido eliminados.

Del total de las diez modificaciones que ha sufrido la Ley, ocho han sido realizadas por los sucesivos gobierno de Esperanza Aguirre (las dos restantes fueron aprobadas durante el mandato de Alberto Ruíz Gallardón). De las ocho modificaciones aprobadas por el Gobierno de Aguirre, siete se han realizado aprovechando la vía de los presupuestos, incluyéndolas en las diferentes leyes de Medidas Fiscales y de la Administración, eludiendo así la vía ordinaria de tramitación parlamentaria que exige un mayor debate y transparencia. La octava modificación se realizó en julio de 2007, utilizando la Ley de Medidas Urgentes y de Modernización del Gobierno y de la Administración, tramitada por vía de urgencia y que tampoco siguió el procedimiento ordinario.

Es decir, Esperanza Aguirre, en sus más de ocho años de gobierno ha engendrado una Ley del Suelo “ex novo” que a penas tiene que ver con la que se aprobó en 2001. Sin embargo, esta nueva Ley se ha tramitado y aprobado por la puerta de atrás sin permitir ni a los grupos parlamentarios de la oposición, ni mucho menos a los ciudadanos, participar de forma efectiva y garantizando la transparencia que sería exigible a un gobierno democrático.

Por otra parte las sucesivas modificaciones introducidas en la Ley del Suelo no han ido dirigidas a corregir las lagunas de la Ley para mejorar la ordenación de los sistemas urbanos y del territorio no urbanizable. Todo lo contrario, las modificaciones, redactadas en muchas ocasiones con celeridad para eludir denuncias, recursos y permitir la construcción de proyectos concretos, han dado un texto de Ley confuso, ambiguo, difícilmente aplicable por la inexactitud de la redacción al haber perdido carácter técnico.

Igualmente la constante modificación del texto de la Ley del Suelo y la escasa calidad de la redacción del nuevo articulado está creando una enorme inseguridad jurídica en el planeamiento urbanístico. Esto es porque resulta casi imposible saber qué texto es el de aplicación a cada planeamiento tanto al general (planes generales y planes de sectorización) como pormenorizado (planes parciales, estudios de detalle, etc) cuya tramitación suele prolongarse más allá de la vigencia del texto de cada modificación.

Ecologistas en Acción lamenta que el Gobierno de la Comunidad de Madrid siga pretendiendo mantener el carácter especulativo del urbanismo en lugar de reconducir su función a la de ordenar y crear espacios urbanos de calidad.

Se adjunta tabla resumen de las modificaciones