Ecologistas en Acción de Huelva ha denunciado ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la destrucción de la vegetación autóctona de la finca Manzorrales, situada en Gibraleón, junto al Paraje Natural Marismas del Odiel. Tras la roturación ilegal de más de cien hectáreas, realizada sin ningún tipo de permiso, la Delegación Provincial de Medio Ambiente, ha procedido a tramitar la autorización necesaria para legalizar la transformación previamente consumada.

La denuncia de Ecologistas en Acción se acompaña con fotografías de la zona destruida, con las que se demuestra que se ha destruido la vegetación existente en un finca calificable a efectos de valores ambientales, como isla forestal en un entorno agrícola e incluso se ha procedido a la instalación de infraestructuras de regadío y a la plantación de árboles frutales en riego. La asociación ecologista considera que resulta inaceptable que la Delegación de Medio Ambiente haya admitido a trámite la Autorización Ambiental Unificada de una transformación ilegalmente realizada y una vez arrasada la vegetación de encinas, pinos y matorral mediterráneo en más de cien hectáreas de esa zona, a pesar de la existencia de denuncias, incluida una de Ecologistas en Acción ante el SEPRONA de la Guardia Civil,.

Más inaceptable e inexplicable resulta todavía que esa transformación se haya consumado completamente, habiéndose llegado a colocar infraestructuras de riego y a plantar frutales en una enorme extensión de una finca ubicada en los aledaños del Paraje Natural Marismas del Odiel, por lo que resulta difícil creer que se haya producido sin conocimiento del Delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva, Juan Manuel López Pérez, máxima autoridad de control y vigilancia de actuaciones ilegales como estay firmante de la tramitación de autorización.

Por todo ello, Ecologistas en Acción de Huelva concluye solicitando que se considere invalidado el proceso de Autorización Ambiental Unificada de la citada finca, dado que las transformaciones estaban realizadas previamente (y por tanto ilegalmente) a su tramitación y pide también a la Consejería de Medio ambiente que se efectúen las indagaciones necesarias para esclarecer los hechos mencionados y las consecuencias administrativas y penales que de ellos se deriven, incluyendo en la investigación la actuación de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva y de sus responsables técnicos y políticos.