Ecologistas en Acción ha dirigido sendas cartas al consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (CAPMA) y al presidente de la Junta de Andalucía para plantearles la urgente necesidad de proceder a revisar los planes generales de ordenación urbana (PGOU) y los planes de ordenación del territorio (POT) gestados en la burbuja inmobiliaria y que, con las masivas recalificaciones de suelo y las sobredimensionadas previsiones de construcción de viviendas, han sido la principal causa de la durísima crisis que estamos padeciendo.

Durante los años de la pujante burbuja Ecologistas en Acción estuvo insistiendo en todo tipo de foros -y en todos los procedimientos administrativos de planes y proyectos urbanísticos-, de las gravísimas consecuencias que traería ese sobredimensionamiento de suelos urbanizables y de parques de viviendas; en todos los casos la respuesta de ayuntamientos y de la Junta de Andalucía fue la desestimación de nuestras propuestas y el apoyo decidido al fomento del ladrillo. Ha ocurrido el desplome del sector constructivo, y ahora parece que la crisis ha venido de no se sabe donde; nadie quiere asumir responsabilidades.

Pero lo más increíble es que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria la Consejería de Obras Públicas y Vivienda –cuyas competencias urbanísticas y de ordenación del territorio se han incluido en la nueva CAPMA- ha seguido aprobando PGOUs y POTs con los mismos planteamientos de los que nos han llevado a esta ruina: millones de metros cuadrados de nuevos suelos urbanizables y miles de viviendas más. Andalucía no puede seguir desarrollando planes urbanísticos diseñados en las dos últimas décadas, que han sido causa activa del desarrollo de la burbuja inmobiliaria y de la actual crisis económica.

El Parlamento de Andalucía aprobó en 2006 el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que ponía límites a la recalificación de suelos y a la construcción de viviendas. Los límites eran amplísimos, para un periodo de ocho años se fijaban en un crecimiento máximo del 40% de suelo urbanizable –ninguna ciudad crece al 5% anual-, y viviendas para un crecimiento demográfico no superior a los de la última década, con un máximo del 30% más de población. También se excluían las urbanizaciones en campos de golf, con el objetivo de frenar la dispersión urbanística que estaba destruyendo el modelo de ciudad compacta mediterránea. Pero la Junta de Andalucía se ha dedicado a modificar estas normas e inventar subterfugios para eludir el mandato parlamentario. Cuando los dirigentes de la Junta de Andalucía achacan ahora a la burbuja inmobiliaria buena parte de la responsabilidad de la crisis, se siguen aprobando planes que suponen más de lo mismo, promovido por -y en beneficio de- los mismos que nos han abocado a esta grave crisis económica y social.

Si se tiene en cuenta que la tasa de crecimiento de la población andaluza en la última década ha sido del 14%, que las previsiones del Instituto Nacional de Estadística son de una fuerte reducción en la próxima debido a razones socioeconómicas evidentes, que en 2006 se construyeron 150.000 viviendas en Andalucía y en 2011 bajó a 13.725, que hay 130.000 viviendas sin vender,… no se entiende que se siga planteando la construcción de más y más urbanizaciones y de decenas de miles de nuevas viviendas.

La política urbanística desarrollada al amparo de la burbuja inmobiliaria ha generado en toda Andalucía, sobre todo en el litoral, grandes bolsas de terrenos que han sido recalificados para dar viabilidad a macroproyectos urbanísticos que, tras el estallido de la crisis, afortunadamente no se han ejecutado. Son los famosos activos tóxicos de banca y cajas de ahorros: millones de m2 recalificados imposibles de desarrollar y cuyo valor de mercado es una pura entelequia.

Por ello hemos planteado a Planas y Griñán que para salir de la crisis es necesario replantearse un nuevo modelo urbanístico y territorial en Andalucía, que debe dirigirse a recualificar y mejorar nuestras ciudades, a garantizar a todos los ciudadanos el derecho constitucional a una vivienda digna, a dotar a las poblaciones de los equipamientos e infraestructuras necesarios para mejorar la calidad de vida de pueblos y ciudades, y a promover la desclasificación de todos los terrenos ajenos a las ciudades históricas sobre los que pende la amenaza del ladrillo y el hormigón, blindando la protección de las últimas zonas vírgenes del litoral que quedan en Andalucía. Es también imprescindible un cambio sustancial en los criterios para evaluar el impacto ambiental de los planes urbanísticos.

Por todo ello Ecologistas en Acción, ha solicitado al consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y al presidente de la Junta de Andalucía sendas reuniones para valorar este nuevo rumbo de la política urbanística en Andalucía, procediendo a plantear la revisión de planes urbanísticos y de ordenación del territorio, eliminando todos los proyectos especulativos y adaptándolos a los nuevos tiempos y a criterios rigurosos de sostenibilidad.