La plataforma Antivirus, en la que participa Ecologistas en Acción, ha realizado un estudio sobre el alcance territorial que tendrá la aplicación de la ley de Viviendas Rurales Sostenibles (Ley VIRuS) que hoy comienza su tramitación parlamentaria. El resultado es que existen 7.000 parcelas que ocupan una superficie de 130.000 hectáreas donde se podría construir. El norte de la región, el sureste y sur serán las zonas más afectadas. La plataforma califica la norma de “estéril socialmente y de barbarie ambiental y urbanística”.

Esta tarde se inicia la tramitación parlamentaria de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles (Ley VIRuS) en la Asamblea de Madrid. Se espera que los tres partidos de la oposición (PSOE, IU y UPyD) presenten enmiendas a la totalidad.

Por este motivo la Plataforma AntiVIRuS hace públicos los datos de un estudio realizado para conocer el alcance que la Ley VIRuS tendrá sobre el territorio de la región. A las 800.000 ha de superficie total de la Comunidad de Madrid se han restado las superficies que corresponde a los espacios protegidos, montes de utilidad pública, Red Natura 2000 y vías pecuarias, donde la ley no sería de aplicación. El territorio que resta y donde la Ley VIRuS sería plenamente aplicable alcanza las 330.000 hectáreas, lo que equivale al 41 % del territorio de la Comunidad de Madrid.

Sobre estas 330.000 hectáreas se ha calculado el número de parcelas superiores o iguales a 6 hectáreas (superficie mínima establecida por la Ley VIRuS) y se han obtenido 7.000 parcelas que suman un total de 130.000 hectáreas. Por tanto la Ley VIRuS permitiría la construcción de al menos 7.000 viviendas. Este número podría ser superior porque hay 3.000 parcelas, superiores a 12 hectáreas, que, a su vez, podrían ser segregadas en parcelas de 6 hectáreas.

Estas 7.000 parcelas se distribuyen por la práctica totalidad de los municipios de la Comunidad de Madrid., concentrándose en mayor medida en el norte, noreste, sureste y sur de la región. Al norte destacan los municipios que rodean el embalse de El Atazar, El Villar y Puentes Viejas (Berzosa de Lozoya, Puentes Viejas, Lozoyuela, Garganta de los Montes, Madarcos, Montejo de la Sierra) y a ambos lados de la autovía A-1 (San Agustín de Guadalix, La Cabrera, Patones, Torremocha de Jarama, Torrelaguna, El Vellón).

Al sureste, especialmente los municipios situados entre el río Jarama y el límite provincial con Guadalajara y Toledo, formando el cuadrante limitado por los municipios de Loeches, Santos de la Humosa, Fuentidueña de Tajo, Colmenar de Oreja, Chinchón y Campo Real. La inexistencia de protecciones en esta zona provoca que las viviendas puedan construirse casi en cualquier parte del municipio.

Otras zonas menos afectadas sería el sur, entre el río Jarama y el río Guadarrama, destacando municipios como Torrejón de Velasco, Navalcarnero, Villamanta, Brunete, Valdemorillo. Por último sobresalen algunas zonas de la Sierra de Guadarrama como Los Molinos, Collado Mediano, Santa María de la Alameda y Zarzalejo.

Las unidades paisajísticas afectadas son prácticamente todas, destacando las rampas del piedemonte de Buitrago y fosas de Canencia, Robregordo y Montejo y la fosa de Guadalix al norte. Al este las terrazas del Jarama. Al sureste los páramos de Campo Real y Chinchón. Al sur las campiñas de Navalcarnero y Brunete y al oeste la rampa de El Escorial y la depresión de Los Molinos.

En base a estos datos la plataforma Antivirus concluye que la repercusión sobre el territorio y el medio natural será muy negativo. Califica la nueva ley de “cacicada y barbarie ambiental y urbanística”. Los problemas ambientales y de gestión de las nuevas viviendas no se han valorado por el gobierno promotor de la norma que tan sólo satisfará el capricho de algunos terratenientes.