Cerca de tres horas de debate muy intenso, ha sido la tónica dominante en la que ambas partes se quedan con su posicionamiento inicial, en cuanto a la decisión de la privatización del servicio de agua de Jerez.

La Comisión portavoz de la Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua, ha mostrado su indignación por la falta de participación y la ignorancia, que ha recibido como respuesta a las repetidas solicitudes cursadas al Equipo de gobierno. “Nos parece una falta de rigor y respeto la aptitud mostrada por el Equipo de gobierno ante la llamada de atención y participación que hemos ido cursando en estos meses de trámite de privatización del agua; además de los ciudadanos que representamos, la prueba de rechazo con la firma estampada pidiendo una Consulta Popular de tantas miles de firmas de jerezanos y jerezanas, ni siquiera se dignaron a respondernos”.

Para la coordinadora, el Equipo de gobierno no ha aportado suficientes razones de peso como para que el agua urbana de nuestra ciudad pase a manos privadas. “No nos han añadido nada nuevo, que no sea repetir que la razón del arrendamiento de Ajemsa, es para tener liquidez y aire financiero que les permita seguir empeñando a la ciudad”.

Se reconoce la dureza de la desagradable medida social, ante la pérdida del patrimonio que supone dejar la gestión de un servicio tan básico como es el agua urbana para la ciudadanía; pero mientras para la alcaldesa es una iniciativa que además de ayudar a hacer solvente al maltrecho ayuntamiento, facilitaría un mejor servicio a los usuarios jerezanos, para la Coordinadora no es más que una torpe y desacertada decisión, que deja desprotegidos a los ciudadanos y que solo propiciará beneficios a una empresa que se lo llevará fuera de nuestro municipio y que dicho coste añadido, pagaremos todos los ciudadanos de Jerez.

Para la alcaldesa, se han tomado todas las precauciones habidas y por haber en la elaboración del Pliego de condiciones, para tener controlada a la empresa privada que se haga con la gestión de Ajemsa, para que el agua no suba en ningún caso por encima del IPC, en estos próximos años, que se mejore la infraestructura del servicio y que se blinden los derechos laborales de la plantilla existente, así como la de las empresas indirectas, como es el caso de IMES API y el contrato de colaboración existente con Jesytel.

La Coordinadora sigue avisando de las consecuencias de la privatización de este servicio ciudadano y los argumentos que se ha planteado en esta reunión con la alcaldesa, no cambian ni un ápice el riesgo y la aventura que se corre con esta decisión administrativa.

Así, teme esta organización compuesta por 37 colectivos jerezanos, que la ingenuidad y falta de vista a un futuro que demuestra con la privatización el Equipo de gobierno, nos condena a las mismas consecuencias que están padeciendo todas y cada una de la ciudades que optaron por esta medida anticiudadana.

No hay un manual o estudio hecho, ni ley que proteja estas consecuencias, sabiéndose como son muchos los pueblos que se han opuesto a las pretensiones de enriquecimiento puro y duro, al margen de un buen servicio a los ciudadanos; llegado el caso y protegido por la legislación referente a los derechos mercantiles o empresariales vigentes, las reclamaciones y denuncias posteriores a la venta de este recurso municipal, se han ido decantando a favor de estas empresas. Aun cuando los pliegos se vieron como fiscalizadores y garantes de una buena y justa gestión, a la hora de presentarse, como ha sido el caso de hoy, luego la población ha tenido que afrontar todo tipo de irregularidades y acciones negativas directas e indirectas.

A solo poco más de un año de la privatización de Aguas de Huelva, el recibo ha subido sobre el 20%, la empresa ha presentado pérdida por vez primera en su historia, mientras la privada se ha embolsado unos dos millones de euros, diez trabajadores se ha encontrado en la calle, la presión del agua se ha bajado para evitar pérdida del producto en roturas de tuberías, en lugar de mejorar como decía también el Pliego las comunidades y algunas familias han tenido que echar mano del coste añadido que representa equiparar la presión habitual a base de motores bomba, para que les llega a todos los rincones.

La única referencia fiable a la que podemos acogernos, es la experiencia que vive día a día las ciudades que tiene privatizado este servicio; no hemos podido localizar ni siquiera un rincón en España, que esté satisfecho con el cambio de la gestión, por lo que no podemos ver con buenos ojos “las bondades” que nos quieren vender y creemos que es una total inconsciencia e irresponsabilidad, que tendremos que pagar en muy corto plazo, los jerezanos.

Es por lo que, seguiremos en nuestra dinámica de acciones emprendidas en contra de esta privatización, porque creemos que es nuestro deber el intentar proteger los derechos de la ciudadanía, que cada uno de los colectivos que formamos esta coordinadora, representamos, convencidos del alto riesgo inminente al que nos enfrentamos con la iniciativa municipal.
Para ello, agotaremos todos los medios, recursos y acciones, tanto a nivel social, como jurídico que estén a nuestro alcance. Entendemos que el pueblo de Jerez apoyó la formación del equipo de gobierno actual para gestionar nuestros servicios y no para ser meros corredores verduleros para vender el legado que representa los recursos, los medios y derechos que nos corresponden y que han sido puesto a nuestra disposición, tras décadas de lucha y aporte de nuestros haberes, hasta conseguir lo que hoy por hoy disfrutamos, por generaciones anteriores y por los que aun forjamos el futuro de nuestra ciudad, con nuestra aportación individual y colectiva.

La Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua en Jerez.