La gestión de un bien común tan imprescindible como es el agua se encuentra mayoritariamente en manos públicas en todo el mundo. No obstante, en Catalunya la gestión del 80 % de los servicios de agua en los municipios ya están en manos de la multinacional francesa SUEZ a través de sus filiales AGBAR y SOREA. Ahora es el turno de la empresa pública Aigües Ter – Llobregat (ATLL), que brinda el servicio en alta (des de las fuentes de agua hasta los depósitos municipales) a prácticamente 5 millones de catalanas y catalanes, la cual se encuentra en proceso de privatización.

El primer candidato a la licitación vuelve a ser SUEZ (25%), pero esta vez acompañada de dos fondos de inversión de pensiones; Caisse de Dépot, un fondo canadiense (33%) y First State, un fondo australiano (30%). Fondos de inversión, por otro lado, conocidos por su inversión en armamento, grandes proyectos de minería aurífera, procesos de fractura hidráulica o “fracking” y fracasados procesos de privatización del agua, como en el caso de Manila, Filipinas, etc. El segundo candidato a la licitación es del mismo estilo, Acciona con un fondo de inversión coreano.

Paradójicamente, el Gobierno de Catalunya utiliza argumentos de falta de viabilidad para justificar la privatización de ATLL, pero en cambio su venta despierta el interés de una de les multinacionales del agua más grande del mundo.

La aportación inicial que pide la Generalitat para la privatización es de 300 M€, cifra que esta muy lejos de solucionar la deuda de Catalunya, la cual supera los 48.000 M€. Por otro lado, a pesar de que la Ley Omnibús, en la cual se ampara la privatización de ATLL, indica que los beneficios de este proceso se han de invertir en el ciclo del agua, se pretende destinarlos a la caja común de la Generalitat, para hacer frente a cualquier otro tipo de déficit o gasto. Ésto pone en grave peligro la financiación de la gestión del agua en la Región Metropolitana de Barcelona y de toda Catalunya. Consideramos que estas no son las apropiadas medidas anticrisis, pero en cambio sí que son los intereses del negocio del agua.

Estos intereses los pagaremos todos los ciudadanos. ATLL ja ha aprobado una subida del 70 % del canon del agua, la cual repercutirá entre un 25 % y un 35 % en los usuarios. Sin embargo el pliego de la externalización prevé aumentar más del 100 % a partir de Enero y llegar al triple al final de la concesión, que se ha establecido en 50 años, toda una hipoteca democrática que los ciudadanos no han autorizado. Los beneficios industriales que se repartirán las empresas explotadoras de la concesión sobrepasan los 1,600 millones de €, mientras quedan en el cajón todos los planes para hacer viable la empresa pública actual, la cual, por ejemplo, reinvierte en el servicio todos los beneficios que obtiene.

Ante esta situación Agua es Vida considera que los servicios públicos tienen que ser la base en la que asentar las necesidades de nuestra sociedad y no el expolio que significa la marcha constante de dividendos hacia el extranjero. De la misma forma que las decisiones respecto a nuestros servicios básicos se tienen que tomar en nuestras instituciones democráticas con la debida participación ciudadana y no en las sedes de las grandes corporaciones en el extranjero. Por otro lado, la tarifa del agua nunca debería pagar las pensiones en Canadá o Australia. Es evidente, que la voluntad de la actual empresa pública ATLL será muy diferente a los intereses de dos fondos de inversión privados.

Agua és Vida continua instando a la Generalitat de Catalunya a paralizar la privatización de ATLL, por motivos sociales y ambientales como son el incremento inmoral de tarifas para satisfacer los beneficios de estos fondos y multinacionales, el empobrecimiento del servicio que se producirá, el déficit democrático que representa ceder durante 50 años una institución pública a intereses privados, los numerosos despidos que presenciaremos en unos meses, el no mantenimiento del caudal del Ter y las amenaces sobre el Segre y el Ebro, así como una expropiación indebida de las instalaciones de agua que más de 100 municipios han pagado con el objetivo de conectarse al sistema Ter-Llobregat. Es necesario recordar que los plenos de 26 municipios que representan 1.218.892 de habitantes han manifestado su oposición a la externalización de ATLL y algunos de ellos, como Vilanova i la Geltrú o Vilafranca del Penedès tienen intención de emprender acciones legales en contra de este proceso.

Por encima de los discursos del actual gobierno se sitúa la venta del que es patrimonio común de todos los catalanes y catalanas y el desmantelamiento de toda estructura pública. Es decir, nos hablan de estado propio y, mientras tanto se venden el país.