Ecologistas en Acción ante las declaraciones del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, anunciando que el Gobierno estudia cambiar la ley de Extranjería para otorgar el permiso de residencia a los extranjeros que adquieran una vivienda en España por importe superior a 160.000 euros considera que:

- El gobierno está mostrando una total falta de ética con esta medida dado que sería una manera encubierta de poner en venta los derechos de residencia en el estado.

- Esta medida es una manera desesperada y torpe de reactivar ciclos alcistas en la venta de vivienda a través de prebendas al más puro estilo “dos por uno” de las empresas inmobiliarias de regalar la plaza de garaje por la compra de una vivienda, pero jugando con los derechos de residencia y ciudadanía.

- Esta medida potenciaría la segregación social en el acceso a los derechos de residencia y ciudadanía, marcada por el acceso a una determinada cantidad de dinero e invertirlo en vivienda, mientras que para las personas extranjeras carentes de los medios para realizar este tipo de inversiones se les impide acceder a la residencia y se les va recortando los derechos de atención médica.

- Una medida de dudoso éxito que únicamente beneficiará a las empresas constructoras e inmobiliarias, que no dejará beneficios para el resto de la ciudadanía, y sentaría un precedente de acceso a los derechos previo pago de una cantidad.

- La actividad urbanística tiene como fin garantizar el derecho de una vivienda digna a todos los ciudadanos y no la de especular con ella, máxime en un contexto en el que a diario son desahuciadas miles de personas.

Con esta medida el gobierno ha mostrado una vez más su carencia de un análisis serio de cuáles fueron las decisiones que nos arrastraron a esta crisis o de algún tipo de programa en materia reactivación económica, repitiendo por enésima vez el consabido modelo de construcción y turismo, buscando ahora facilitar la entrada de capitales extranjeros.

Ecologistas en Acción considera que el gobierno debería pensar soluciones más sociales y sostenibles a los problemas económicos, teniendo en cuenta a la ciudadanía que está soportando el peso de la crisis, y sobre todo, no poner en venta nuestros derechos.