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Alegaciones al PGOU de Sant Joan d'Alacant

Es el cuarto intento en que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant presenta un proyecto de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ha sido sometido de nuevo al trámite de información pública, y que no ha modificado las líneas fundamentales de su propuesta, a pesar de haber recibido miles de alegaciones contrarias en las fases anteriores.

En síntesis pretende declarar suelo urbano o urbanizable aproximadamente el 90% de su término municipal e incrementar en un 200% la actual población residente (cerca de 22.000) hasta alcanzar un techo de 62.000 habitantes. Persiste la idea del “todo urbanizable”, confundiendo urbanización con ordenación del suelo, con la gran reclasificación estrella de este PGOU, del sector Fabraquer Sud con 800.00 m2, que acogerían a 8.500 nuevas viviendas. Y eso a pesar de los informes contundentes en su contra de la Conselleria de Medio Ambiente de obligado cumplimiento por parte de la administración promotora en la evaluación ambiental estratégica, que han sido desoídos por el Ayuntamiento.

El modelo de ocupación del suelo, con un agotamiento casi total de sus 968 Ha de término municipal, es claramente insostenible, pues solamente deja un 10% del total con la clasificación de suelo no urbanizable. El PGOU se aleja de las necesidades de ocupación de nuevos suelos atendiendo al crecimiento previsible de la población, pues prepara suelos urbanizables para una ciudad de 62.000 habitantes, con un número de viviendas que triplicaría las actuales. El PGOU no contiene un estudio riguroso de población (prevé un crecimiento continuado del 3% anual, cuando el incremento desde 2008 ha sido inferior al 1%), que estime su evolución teniendo en cuenta el descenso notable que ha sufrido la inmigración y la tasa de natalidad en los últimos años debido a la crisis económica y el estallido de la burbuja inmobiliaria. El equipo redactor piensa que la definición de “ciudad comarcal de servicios” y de ciudad “dormitorio” le proporcionará un crecimiento seguro de población en el futuro. Este PGOU es un claro ejemplo de planificación desarrollista elaborada al margen de las necesidades de la población y con un solo modelo económico en la cabeza: la extensión del ladrillo.

El proyecto de PGOU supera el umbral de sostenibilidad establecido por el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU), de la Ley Urbanística Valenciana, que es de un crecimiento del 30% del suelo artificial para un PGOU. Esa superación en el caso del PGOU de Sant Joan d'Alacant supondría el pago por parte del Ayuntamiento, según nuestras estimaciones, de unos 8,65 millones de euros en concepto de cuota de sostenibilidad. El PGOU no contempla ese pago. Tampoco atiende e incumple injustificadamente las determinaciones de la Ley de Ordenación del Territorio, que establece en su artículo 13.6 la cesión del “metro por metro” que se reclasifica. Esa cesión gratuita a cargo de las actuaciones en los suelos reclasificados podrían ascender a 239 ha, que es la cantidad de suelo que se reclasifica a urbano o urbanizable. El Proyecto de PGOU incumple los objetivos de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana en cuanto a ocupación de suelo y el RDL 1/2008, por el que se aprueba la Ley de Suelo, pues reclasifica suelo sin necesidad.

El Estudio de Sostenibilidad Económica que “demuestra” la viabilidad económica del Proyecto respecto al impacto económico para las arcas municipales está plagado de mentiras, como reconocer unos ingresos anuales permanentes de 36 millones de euros por el concepto del Impuesto de Construcciones, cuando se prevé la construcción de 370 viviendas anuales durante los próximos 25 años, o la omisión de la necesaria puesta en marcha de un sistema de Transporte Colectivo de viajeros en los municipios de más de 50.000 hab, sistema que siempre es deficitario para las arcas municipales.

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones en dos de las anteriores informaciones públicas del proyecto (enero de 2008 y de julio de 2010). Esas alegaciones fueron rechazadas por el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, a pesar de que las insuficiencias que se denunciaban (inexistencia del preceptivo Estudio Acústico, del Estudio de Integración Paisajística, del Informe de Sosteniblidad Económica, del Estudio de necesidades de Vivienda Protegida, etc ) han sido parcialmente corregidas y superadas en la práctica.