El anuncio de apertura de la Mina de Aznalcóllar confirma la apuesta de la Junta de Andalucía por el filón minero como salida a la crisis, cometiendo un error de consecuencias catastróficas, palpables en todos y cada uno de los proyectos mineros de este tipo llevados a cabo en Andalucía.
Tanto los proyectos históricos de Río Tinto, que acumulan millones de toneladas de escombros mineros y balsas con vertidos tóxicos a los ríos Tinto y Odiel, como los más recientes, caso de Cobre las Cruces, que ha contaminado el acuífero o está detrayendo más de un millón de metros cúbicos de agua sin autorización, son un claro ejemplo de la insostenibilidad de este tipo de apuestas.
La dependencia de multinacionales, con fuertes incentivos vía subvenciones públicas, los convierten en un claro ejemplo de privatización de ganancias mientras el filón es rentable y de socialización de pérdidas. Una vez que las compañías se marchan dejan tras de sí millones de toneladas de escorias y lodos que con las lluvias acaban filtrándose en las aguas continentales a perpetuidad. De hecho Ecologistas en Acción ha podido comprobar mediante análisis de los encharcamientos que se producen por las escombreras de Aznalcóllar la presencia de metales pesados pesados en concentraciones miles de veces superiores a los legales.
La Junta de Andalucía actúa de forma irresponsable acuciada por la falta de ingresos. Hacer políticas desesperadas en un territorio tan castigado por los desastres ambientales, de los que además ha sido corresponsable, inicia una pesadilla ecológica lo vistan como lo vistan.
No existe minería a cielo abierto respetuosa con el medio ambiente por más que pretendan convencer a los ciudadanos de sus garantías técnicas. Los destrozos sobre el territorio, de alto valor ecológico en el entorno del Guadiamar, las emisiones atmosféricas del tratamiento de minerales, los accidentes industriales y la contaminación de las aguas y del suelo no podrán evitarse jamás. Se llevan muchos años exigiendo la restauración ambiental del entorno de Aznalcóllar cuyas balsas y escombreras aún provocan filtraciones al río Guadiamar y sus afluentes, terminando finalmente en Doñana y afectando a su restauración hidrológica. La respuesta de la Junta de Andalucía no puede ser más equivocada en su connivencia con las compañías depredadoras de los bienes comunes que aprovechan la poca prioridad de las políticas medioambientales en época de crisis económica.
Para Ecologistas en Acción sólo una actuación desde lo público mediante proyectos de minería subterránea destinados a abastecer la demanda interna de materiales y siempre que no puedan ser obtenidos mediante el reciclado de residuos tendría alguna justificación de sostenibilidad. Por esta razón el Parlamento de Andalucía debe votar en contra de la proposición del gobierno poniendo sobre la mesa la realidad del impacto ambiental, económico y laboral.
No hay que olvidar que gran parte de los puestos de trabajo creados son con dinero provenientes de subvenciones públicas a fondo perdido que en el caso de la Mina Cobre Las Cruces ascendió a cerca de 53 millones de euros. Negocio redondo donde las materias primas se exportan principalmente a China e India, los puestos de trabajo se pagan con dinero público, los grandes beneficios van a parar a la bolsa de valores de Toronto y nosotros/as nos quedamos de por vida las montañas de escorias, las balsas de lodos y residuos tóxicos, la contaminación de aguas subterráneas e importantes cuencas fluviales como la de los ríos Guadiamar y Guadalquivir que finalmente aportan sus aguas a Doñana.
Dejar en manos de las multinacionales un sector tan destructivo como la minería es comparable a dejar que los bancos garanticen el derecho a la vivienda, si parece que esto se quiere corregir ¿porqué insistir en un error garantizado como es el caso de la minería?.
