Anteproyecto de Ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración local.

Daniel López y Elisa Oteros, Área de Agroecología y Soberanía Alimentaria de Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 77.

El anteproyecto de la conocida como ‘ley Montoro” amenaza los servicios públicos y los bienes comunales de nuestro medio rural. La norma podría generar un impacto muy importante sobre la vida en los pueblos del Estado español, y estas implicaciones no se encuentran, en la actualidad, en el debate público. Desde los pequeños pueblos estamos de acuerdo en buscar una mayor eficiencia en la gestión y en detener el despilfarro inútil de quienes lo hayan hecho, pero esto se debe hacer en primer lugar en aquellas escalas de la administración que más recursos consumen y, en el ámbito rural, desde los propios pueblos y su población. Se debe abordar el debate público desde un discurso que salga desde quienes vivimos en los pueblos y quienes vamos a sufrir este nuevo ataque al medio rural.

La población rural en el Estado español supone el 20%; es decir, nada más –y nada menos– que 1 de cada 5 personas. Este 20% de la población gestiona el 80% del territorio mediante formas muy diversas de tenencia de la tierra, algunas de las cuales se hunden a lo largo de los siglos en profundas tradiciones comunales.

Una buena parte del territorio español –el que queda fuera de la franja costera, de los valles del Ebro y Guadalquivir y de la conurbación madrileña– continúa perdiendo población, estando en grave peligro la reproducción social de las comunidades rurales. El campo sufre diversos problemas al respecto: la tradicional exclusión de las mujeres del acceso a la actividad agraria y la doble carga de trabajo de cuidados (infancia y vejez) que recae sobre ellas; la consiguiente masculinización y el envejecimiento de la población rural; la concentración de la actividad agraria en cada vez menos explotaciones, que generan menos rentabilidad y empleo por hectárea; así como la dificultad en el acceso a servicios públicos básicos –transporte, sanidad, educación, cultura y ocio, etc.–.

La población rural va perdiendo peso paulatinamente respecto al total de la población española, y el empleo en el sector agrícola continúa disminuyendo como consecuencia del abandono de las actividades agrarias extensivas, de la simplificación y la especialización, así como de la intensificación agraria. Las políticas rurales de los últimos años han hecho poco para frenar el declive que ha llevado a la intensificación en algunas zonas y al abandono en otras, a pesar de los amplios fondos que llegan de la Unión Europea. A la vez que se roturan nuevos territorios en el arco mediterráneo y las prácticas de cultivo intensivas contaminan aire, suelo y acuíferos, las zonas de montaña se abandonan. Así, las áreas rurales abandonadas quedan a merced de proyectos antiecológicos, especulativos o privatizadores, que se han multiplicado en las últimas décadas, a la vez que se hacían más escasos otros mercados en los que invertir.

El falso debate público sobre la ley Montoro

En este escenario se presenta en marzo de 2013 el Anteproyecto de Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, también conocida como “ley Montoro” y que desde Plataforma Rural se ha denominado “ley del saqueo del medio rural”. El debate que este Anteproyecto de Ley ha suscitado en los medios de comunicación masivos se ha centrado en el supuesto ahorro por la eliminación de duplicidad de competencias entre distintos niveles de la administración; así como por la limitación o eliminación de sueldos de concejales. Sin embargo el Gobierno no ha mostrado las cuentas que han llevado a prever tales ahorros y es de suponer que no son tales, ya que muchos de los cargos políticos en el ámbito rural no cobran.

De los 7.129 millones de euros totales que pretende ahorrar dicha Ley, la partida correspondiente a la desaparición de 3.700 Entidades Locales Menores (pedanías, juntas vecinales, etc.) y 1.024 mancomunidades corresponde con un ahorro previsto de 72,8 millones de euros, según los cálculos del propio Gobierno. Este 1% del ahorro previsto no ha sido apenas debatido, y sin embargo esconde una propuesta de muy profundas consecuencias para la ya de por sí frágil población rural. Esta Ley sustituiría la actual Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (7/1985), y nos devolvería a la centralización administrativa de las épocas más oscuras del siglo XX. Echaría por tierra décadas de avances legislativos hacia una mayor autonomía y cercanía de la administración local a la ciudadanía –o más exactamente: la aldeanía–, concentrando el poder de nuevo en las Diputaciones Provinciales.

Cuando el Anteproyecto habla de eficiencia y de economías de escala, en realidad se refiere a la concentración del poder sobre los recursos económicos (por ejemplo relativos a los servicios sociales) y naturales (p. ej. el manejo de las fincas comunales) en menos manos y más lejanas a las realidades locales. Cuando habla de racionalidad económica, en realidad busca un control político sobre el territorio rural, y en especial de las Entidades Locales Menores, que en realidad presentan una alta autosuficiencia financiera y una autonomía administrativa que se remonta a los tiempos de la Reconquista. Cuando habla de sostenibilidad fiscal, en realidad se trata de un saqueo, análogo al que se está llevando a cabo en otros sectores como el de la educación o la sanidad públicas.

¿Que hay detrás de la “eficiencia económica”?

La desaparición de 3.700 Entidades Locales Menores supone eliminar núcleos con muchos siglos de historia y el control de la gente sobre su territorio y el de sus antepasados. Los bienes públicos y comunales de estas Entidades pasarían a ser gestionados por los municipios que los absorbiesen, perdiéndose su cualidad de comunal. Algunas voces ya señalaban en 2010 que el Estado se podría embolsar 21.000 millones de euros si vendía los 3,5 millones de hectáreas de tierras comunales que existen. Pero esas tierras no son de ningún Gobierno, sino de los pueblos y de las gentes que los habitan. No son una mercancía, sino la base de nuestra cultura, de nuestra identidad colectiva, de multitud de actividades agrarias, como la ganadería extensiva, y en definitiva de nuestra riqueza común.

De la misma forma, con la desaparición de las Mancomunidades los servicios públicos rurales se pretenden derivar a las Diputaciones Provinciales. Eso significa derivación de servicios públicos desde el Estado a la empresa privada y posible desaparición de empleos locales: grandes contratas con grandes empresas que no tienen vocación de servicio público, sino de ganar dinero. La gente de los pueblos y que vive en el territorio tenemos derecho a decidir y gestionar nuestros servicios públicos, ya que conocemos nuestras necesidades y capacidades.

Con este Anteproyecto de Ley no estamos hablando sólo del riesgo de privatización de recursos públicos y comunales, sino de que quieren quitar la autonomía de los pueblos. Quieren quitarnos la capacidad de decidir sobre lo que es nuestro, para costear la deuda de una administración autonómica y central que mantiene olvidados a los pueblos. De nuevo, y al igual que en el siglo XIX, la población rural debe pagar el pato de una administración pública que no gestiona bien sus asuntos. O peor aún, pagar la voracidad de los mercados financieros, tal y como financió en el s. XIX la industrialización urbana, al liberalizarse los mercados de la tierra y de los alimentos.

Jornadas “Por la Autonomía en los Pueblos”, Madrid, 5 y 6 de abril de 2013

Desde la Plataforma Rural-Alianzas por un Mundo Rural Vivo [1] (de la que Ecologistas en Acción forma parte) se organizaron en Madrid estas jornadas. A ellas se invitó a todas las personas, organizaciones y redes que apuestan por un Mundo Rural Vivo en el Estado español, y con ellas queríamos reafirmarnos como población rural y reivindicar nuestro deseo de vivir con dignidad en nuestros pueblos. Las citas que exponemos en el presente artículo se refieren a ponencias realizadas en dichas jornadas.

Más de medio centenar de representantes de entidades y poblaciones rurales se reunieron en Madrid junto con académicos y estudiosos. Se analizaron los impactos que esta Ley podría tener sobre el medio rural, y se reafirmó el papel de los pueblos como una alternativa de futuro imprescindible para nuestra sociedad, especialmente frente a la actual crisis económica. Se compartieron estrategias de lucha contra la Ley y se reiteró la necesidad de repoblar el campo y volver a conectar la economía rural con la tierra, como única forma de defenderla de los ataques del neoliberalismo.

Un ataque a la autonomía rural

El Anteproyecto supone una importante pérdida de recursos de los pequeños Ayuntamientos, ya que pretende concentrar los servicios públicos en poblaciones de más de 20.000 habitantes y, por defecto, en las Diputaciones Provinciales. También supone la desaparición de fuente de empleo público, que es una importante herramienta para fijar población en el medio rural. Mediante la simplificación y centralización de las administraciones se quiebra la sostenibilidad social en el medio rural, sin que se solucionen los problemas, ciertamente existentes, de clientelismo de las elites locales.

El Anteproyecto sitúa la duplicidad de funciones entre administraciones entre los principales problemas financieros de la administración local. Sin embargo, para José A. González Novoa, profesor de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, “la sostenibilidad social y ecológica requiere de multiplicidad de instituciones para la gestión de los recursos locales, así como una multiplicidad de niveles coordinados en la administración”. Esta afirmación plantea un punto de vista opuesto a la supuesta eficiencia de la propuesta de Ley, y nos sitúa en una perspectiva integral de los asuntos sociales y territoriales. A su vez, pone el acento en que la gestión sostenible de los ecosistemas humanos es imposible sin una gestión directa por parte de la población local.

La desaparición de las Entidades Locales Menores supondría a su vez un desastre social en cuanto a la pérdida de empleos de calidad ligados a la gestión de los recursos ganaderos y del monte, que desde hace siglos han sido gestionados en buena medida por estas entidades de forma autónoma. José Miguel Lana Berasaín, profesor de Historia Económica de la Universidad de Navarra, aporta datos históricos acerca de la eficiencia financiera de las Entidades Locales Menores, y de la importancia de la gestión local de los recursos comunales y públicos en su autogobierno a lo largo del último siglo. También expone diversos casos internacionales en los que “a lo largo de la historia reciente, cuando se han eliminado las propiedades comunales después ha habido que restaurarlas; y cuando no las ha habido, ha habido que inventarlas”.

Los bienes comunales conservados hasta la actualidad son percibidos a menudo como recursos infrautilizados y sometidos a sistemas de gestión ineficientes. Sin embargo, no sólo permiten una gestión eficaz de los recursos naturales en situaciones de marginalidad territorial o ecológica, sino que siguen suponiendo una herramienta importante de cohesión social en todo el planeta, como planteaba la premio Nobel de Economía Elinor Ostrom [2]. Los bienes y derechos comunales constituyen además, por un lado, una herramienta colectiva de minimización del riesgo económico; y por otro juegan un papel importante en la gestión de los recursos naturales (no solo en España), proporcionando el sustento a los habitantes del medio rural.

Pero más allá de aspectos económicos y de conservación, la eliminación de los bienes comunales presentaría una relevancia histórica, al enterrar los restos del modelo de gestión previo al liberalismo, basado en la Comunidad, y que hoy se mantiene en muchas Entidades Locales Menores. Ni siquiera las desamortizaciones del siglo XIX consiguieron acabar con los concejos, como estructura horizontal y asamblearia de gestión de lo común, más allá del Estado. A pesar del fuerte sesgo patriarcal y de las injusticias asociadas al contexto sociopolítico, las comunidades rurales –campesinas– del s. XIX pudieron conservar, mediante la protesta masiva, un legado que aún en la actualidad muestra como son posibles formas de organización social no mediadas por la concentración y la violencia que representa el Estado-nación liberal.

La estructura territorial que queda de las desamortizaciones del s. XIX es más que una maraña de pequeños núcleos semiabandonados con estructuras sociales y administrativas caras e inoperantes. Como comenta Valentín Cabero, catedrático de Geografía de la Universidad de Salamanca, “los pueblos tienen un nombre […] y no se pueden eliminar en nombre de una visión economicista de las funciones del Estado y de la administración pública y local”. En efecto, esos pueblos que guardan los secretos de nuestro presente, que nos dieron los apellidos o que tomaron su nombre de la actividad agraria, no son el problema. El problema es una sociedad a la que le sobra su gente y a la que le sobra su propia historia, porque no puede dejar de centralizar y devorar recursos, ya sean físicos o inmateriales.

Una agenda por la autonomía en los pueblos

Las personas y entidades asistentes a las jornadas de principios de abril en Madrid acordaron constituir una “Plataforma por la autonomía en los pueblos y contra el expolio del mundo rural”. Desde esta Plataforma se afirma que las Entidades Locales Menores y pequeños municipios no han sido los causantes de la actual crisis fiscal de la Administración, por lo que no deben pagar ahora sus consecuencias. Se ha propuesto conseguir el apoyo de Ayuntamientos en todo el territorio estatal para impedir el expolio de recursos a la población rural y la enajenación de competencias de las Entidades Locales Menores y los pequeños municipios. Para ello se lanzará una campaña son el objetivo de que los Ayuntamientos aprueben mociones contra este Anteproyecto de Ley y por la autonomía de los pueblos. También se ha planteado crear un grupo de trabajo para estudiar la posible inconstitucionalidad del Anteproyecto, que podría contradecir el principio de autonomía para las Entidades Locales que aparece en la Constitución (artículo 140).

A su vez, desde la Plataforma Rural se ha constituido un grupo de trabajo, donde se trabajará por difundir y amplificar los debates acerca del Anteproyecto. Las organizaciones que conformamos la Plataforma Rural pensamos que no podemos tolerar este nuevo ataque a los derechos de la población rural, que una vez más es llamada a financiar los desmanes del desarrollo urbano, o de saqueo de lo que hemos conseguido construir sobre la base de la cooperación social. Seguiremos luchando por un mundo rural vivo, que representa la esperanza y el futuro en estos tiempos de crisis.

Notas

[2] Ostrom, E, 2011. El gobierno de los bienes comunes. FCE.