El cálculo de riesgo de vertidos de Repsol es 100 veces menor que el de un centro de investigación público. El lugar de las perforaciones no coincide con el presentado inicialmente.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que abre la puerta a las prospecciones petrolíferas marinas en las costas canarias presenta irregularidades y contradicciones. Algunas de ellas tan básicas como el lugar exacto de las perforaciones para los sondeos o el riesgo real de accidente con vertido de crudo. Ecologistas en Acción lamenta que la DIA elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente sea un calco del informe presentado por la parte interesada, la empresa petrolera Repsol, y que carezca de una exposición clara de los condicionantes que impone la ley.

La Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, establece que las DIA deben incluir “las condiciones que deban establecerse y las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente”. En el caso de la DIA que permite los sondeos de Repsol en Canarias se limita a relatar las condiciones que establece el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por Repsol.

Y eso a pesar de las graves deficiencias del estudio de Repsol. De hecho, la compañía tuvo que presentar informes suplementarios, exigidos por la propia autoridad ambiental, posteriores a la finalización de la información pública.

Es el caso de las coordenadas de las seis perforaciones, que no coinciden con las presentadas inicialmente. La DIA, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) argumenta que “debido a cuestiones técnicas, las coordenadas UTM definitivas de los sondeos seleccionados difieren ligeramente de las originales presentadas en el estudio de impacto ambiental, quedando dentro del radio de 1 km respecto a las ubicaciones propuestas originalmente”. Ese cambio se produjo en octubre de 2013, cuando el público ya no tenía acceso a la documentación.

La compañía tuvo que presentar otras muchas informaciones adicionales que no constaban en el Estudio de Impacto Ambiental. Algunas tan básicas como el lugar exacto de las perforaciones, el tipo de lodos que se iban a utilizar, el emplazamiento de la base logística, la afección sobre la salud, estudio de sismicidad en el área de permisos. Algunas de esas informaciones se clasifican como “confidenciales” y no aparecen reflejadas en la DIA del Ministerio. La entrega de esos datos a posteriori y sin haber sido de público conocimiento desvirtúa el procedimiento de la evaluación ambiental.

Especialmente grave es que en la DIA se distinga entre los impactos “rutinarios” de las perforaciones y los impactos derivados de un accidente con vertido de crudo. Esa distinción no tiene sentido, pues los impactos que se evalúan en un proyecto deben englobar los que se van a producir con toda probabilidad junto con los que son menos probables.

Y más grave todavía resulta que Repsol rebaje la probabilidad de ese accidente con respecto a otras investigaciones. Es decir, la posibilidad de que se produzca un vertido por causas como la colisión de los barcos que participan en la exploración o el derrame de crudo que proviene de los pozos perforados. La compañía asegura que la probabilidad de ocurrencia es de 0,003% con un vertido de 1.000 barriles al día. Llega a ese porcentaje considerando que el riesgo total es debido al riesgo del suceso más grave y no a la suma de los diferentes riesgos calculados por separado.

Pero el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), dependiente del Ministerio de Fomento, evalúa el riesgo en un 0,3%, considerando que el vertido de los pozos más probable sería de 3.000 barriles al día durante 30 días. Ese riesgo sería unas 100 veces mayor que el calculado por Repsol. La isla de Fuerteventura sería la más afectada por el vertido seguida de Gran Canaria.

Ecologistas en Acción lamenta profundamente el apresuramiento del Ministerio de Medio Ambiente a la hora de permitir a Repsol unos sondeos con claro impacto en el entorno, una amenaza real y un rechazo social generalizado. Espera que el Tribunal Supremo, que debe decidir sobre los recursos presentados por Ben Magec-Ecologistas en Acción de Canarias y otras organizaciones e instituciones, tenga en cuenta el riesgo y los impactos por encima de los intereses de una compañía privada.