Ecologistas en Acción reclama el derribo de la Cúpula de la Energía en la Ciudad del Medio Ambiente de Soria tras la reciente sentencia judicial que apunta de nuevo a la ilegalidad del proyecto. Las autoridades deberían cumplir con su responsabilidad en vez de recurrir a los tribunales con estrategias irregulares. Por el contrario, el Ayuntamiento de Garray anuncia que buscará fórmulas para conceder la licencia de obras.

PDF - 230.6 KB
Auto sobre Ciudad del Medio Ambiente

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria rechazó esta semana una petición para terminar la estructura de la Cúpula de la Energía, un edificio que comenzó a construirse en 2012, sin función conocida, en un suelo no urbanizable especialmente protegido.

“No ha lugar a emitir autorización por parte de este Juzgado respecto a lo solicitado por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medioambiente –SOMACYL-“, puede leerse en el auto.

Esta empresa, dependiente de la Junta de Castilla y León, había recurrido al tribunal para que permitiera unas obras en la citada cúpula. Pero “este juzgado no tienen la competencia para autorizar unas actuaciones que en su caso deberán ser objeto de licencia o de actuación por parte del Ayuntamiento”, explicaba.

La estrategia de legalización utilizada no ha surtido efecto. Tal y como Asden-Ecologistas en Acción había subrayado en un escrito ante el juzgado, el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional y el suelo no dispone de calificación urbanística. No hay ningún margen para la autorización de obras, por muchas vueltas y recursos que se presenten.

Ecologistas en Acción teme que estas solicitudes sean en realidad una forma de confundir a la judicatura y a la ciudadanía para continuar con un proyecto que nunca debió iniciarse. La solicitud ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo era un intento de exonerar a quienes firmasen la autorización de las obras de responsabilidades penales.

Con las sentencias, la jurisprudencia y la ley en la mano, a los funcionarios y a las autoridades sólo les queda informar y firmar el derribo de la Cúpula. Adoptar otra decisión supondría incurrir en responsabilidades jurídicas por presunta omisión o prevaricación en su caso. No es admisible que se cambie el ordenamiento a medida, algo que se pretende hacer desde hace más de diez años en el Soto de Garray.