incluyendo las grandes empresas del gas y el petróleo, han estado
utilizando su influencia y poder financiero para evitar que la Unión
Europea introdujera nuevas reglamentaciones sobre el fracking durante
los años 2013 y 2014. Para ello, han impulsado una amplia campaña de
presión política (lobby) hacia las instituciones europeas, los gobiernos
nacionales y los europarlamentarios, y han contratado a personajes
académicos y públicos para que les apoyen en su intento de controlar el
proceso político y bloquear las propuestas orientadas a reforzar el marco
regulatorio.
Este informe presenta el mapa de esta ofensiva de presión política y
explica quiénes son los principales actores implicados, sus objetivos
y las tácticas que emplean. También se analizan las actividades de
los principales grupos de presión política y empresas, sacando a luz
sus reuniones y comunicaciones con cinco departamentos clave de la
Comisión Europea, y se destapa una red de actividad de presión política
en la que participan los principales actores del sector a ambos lados del
Atlántico, grupos de presión de esta industria, consultores expertos en
lobby, europarlamentarios e incluso gobiernos nacionales.