Ecologistas en Acción detecta falsedades por omisión en la tramitación del PGOU de Morón de la Frontera, similares a las que han anulado las licencias del Crematorio. La corrección de esas omisiones, que afectan a la participación ciudadana, sólo implicaría una tramitación de dos o tres meses.

El fondo principal del asunto es que el Ayuntamiento de Morón quiere ocultar las modificaciones del PGOU que pretenden permitir la destrucción de la Sierra de Esparteros durante los próximos 30 años, incumpliendo la legalidad ambiental, poniendo en riesgo la legalidad de todo un PGOU para favorecer los intereses particulares de la explotación minera de Sierra de Morón (SIDEMOSA). Y desde Ecologistas en Acción no lo vamos a permitir.

Ya en marzo de 2013, durante la tramitación de la prórroga de la macrocantera de Sierra de Morón, el Alcalde de Morón ocultó de manera deliberada a la Junta de Andalucía un informe urbanístico donde se detallaba claramente la prohibición tajante de las actividades extractivas en esa Sierra, dada su clasificación de Especial Protección y Conservación Prioritaria establecida en las normas urbanísticas de Morón desde 1982, y ratificadas con la publicación del PGOU de enero de 2012.

Tras analizar ahora detenidamente el expediente del nuevo PGOU de Morón que consta en la Junta de Andalucía, Ecologistas en Acción ha informado al Alcalde de Morón que en la Certificación de 30 de enero de 2013, realizada por la Secretaria del Ayuntamiento, se ha omitido el hecho incuestionable de que en ninguno de los nueve anuncios que realizó el Ayuntamiento de Morón entre agosto y noviembre de 2009 se produjo la información pública del procedimiento de Evaluación Ambiental, que afecta directamente a la protección de la Sierra de Esparteros. Para comprobarlo basta con leer esos nueve anuncios.

Esta conducta puede resultar susceptible de comisión por omisión de un delito de falsedad documental, por cuanto es manifiesta la obligación que tenía la Secretaria de certificar ese hecho incuestionable, porque así lo requirió expresamente la Junta de Andalucía en noviembre de 2009 y en abril de 2011. Igualmente es manifiesta la obligación que tiene el Alcalde de Morón de informar a la Junta de Andalucía de la ilegalidad urbanística que supone la explotación minera de la Sierra.

Ecologistas en Acción recuerda al Alcalde que este tipo de ocultaciones son las que han provocado la anulación judicial de todas las licencias del Crematorio, a instancias de Ecologistas en Acción. Y de igual forma, si no se corrige ahora la ocultación de información se provocará la anulación futura del PGOU de Morón, siendo entonces responsabilidad del propio Ayuntamiento esa anulación. Más aun cuando para realizar esas correcciones basta con dos o tres meses.

Ecologistas en Acción también ha informado al Alcalde que en el requerimiento de abril de 2011 la Junta de Andalucía advirtió expresamente de la imposibilidad de continuar con la tramitación del PGOU hasta que no se garantizara la información pública de todo el procedimiento de Evaluación Ambiental. Sin embargo, el Ayuntamiento ha seguido ocultando esa información.

Resulta sorprendente que en la Certificación de 30 de enero de 2013 de la Secretaria del Ayuntamiento incluye otra Certificación realizada en enero de 2010 que nunca se remitió a la Junta de Andalucía, y en donde se relacionan y adjuntan todas las alegaciones presentadas al PGOU hasta esa fecha de 2010. Es decir, el Ayuntamiento de Morón ha ocultado esas alegaciones a la Junta de Andalucía durante 3 años.

También hemos recordado al Alcalde que en mayo de 2014 la Junta de Andalucía, de oficio, ha caducado otro expediente urbanístico, el que al parecer afecta a los terrenos del futuro Hospital, porque el Ayuntamiento de Morón también se negó a realizar la información pública de la Evaluación Ambiental. Ecologistas en Acción no ha tenido ninguna intervención en esa caducidad, sino que la hemos conocido posteriormente, como parte del expediente del PGOU.

Es evidente que si el Ayuntamiento de Morón repite el mismo comportamiento de ocultación de información en el PGOU de Morón, este expediente será igualmente caducado por la Junta de Andalucía, por el principio de vinculación de la administración a sus propios actos.

Negar la evidencia de que se está incumpliendo la legalidad en el expediente del PGOU sólo conducirá al Ayuntamiento de Morón a aprobar un PGOU ilegal, que sin duda será anulado en el futuro.