En la presentación de su plan de trabajo para 2015, la Comisión Europea ha hecho oficial hoy la eliminación de 80 normativas pendientes, entre las que se encuentran los paquetes relativos a economía circular y calidad del aire. La decisión de renunciar a avances en la eficiencia de los recursos naturales y la calidad del aire que respiramos entra en contradicción total con su intención declarada de crear puestos de trabajo, mejorar la economía europea y mantener altos niveles de protección social, ambiental y de la salud.

La economía circular, que supone cerrar el ciclo de los materiales mediante la reintroducción de los recursos contenidos en los residuos en el proceso de producción y en el mercado, resulta fundamental para incrementar la eficiencia en el uso de recursos naturales. La Unión Europea es consciente del reto que representa para su economía el abastecimiento en materias primas y la creciente inseguridad de suministros, con el correspondiente incremento de los costes: en la última década, su precio han aumentado un 150%. La propia Comisión Europea hizo suyo a principios de 2014 el dato de un ahorro potencial de 630.000 millones de euros al año para la industria europea gracias a un mejor uso de los recursos y preveía la creación de 180.000 nuevos puestos de trabajo adicionales con la propuesta puesta sobre la mesa.

El abandono de este paquete de medidas no tiene por lo tanto ninguna lógica económica. El paquete proponía una revisión de las Directivas de Residuos, estableciendo porcentajes ambiciosos de reciclaje para 2030 así como la prohibición del vertido en 2025, la obligación de la recogida selectiva en origen de los biorresiduos y la reducción del 30% de los residuos alimentarios. Un claro paso adelante para salir de la absurda situación actual en la que cerca del 60% de los recursos contenidos en los residuos se desperdician en vertederos o incineradoras a nivel europeo. También un claro avance en la protección del planeta, donde los recursos naturales son cada vez más escasos.

Resulta totalmente antidemocrático que la Comisión Europea decida de forma unilateral poner fin a los debates en esta materia: 11 Estados miembros han expresado su apoyo al paquete, entre ellos España; por otro lado, la revisión de las Directivas de residuos plasmaba decisiones ya tomadas en el marco del 7º Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, estableciendo por lo tanto mandatos de los Estados miembros y el Parlamento Europeo. El anuncio de la Comisión de presentar otro paquete “más ambicioso” de economía circular a finales de 2015 resulta muy poco creíble, dado que el que elimina contaba con un apoyo mayoritario de la sociedad civil.

Muy grave resulta también la ambigüedad en relación a las nuevas medidas para mejorar la calidad del aire de los europeos, sin descartar que en realidad estemos ante una posible suspensión de su aplicación que no se quiere reconocer. Y lo más paradójico y preocupante es que esta decisión se adopta justo después de conocerse dos estudios de la Agencia de Medio Ambiente europea que ponen sobre la mesa unos datos demoledores. Por un lado, el informe Air quality in Europe – 2014 report concluía que la contaminación del aire provoca la muerte prematura de 450.000 europeos cada año. Y por otro, la investigación Costs of air pollution from European industrial facilities – an updated assessment, dejaba claro que el coste económico de la contaminación de origen industrial era tremendo y suponía a los europeos hasta 190.000 millones de euros al año, muchísimo más que las medidas dirigidas a minimizar esta contaminación, como las que ahora se dejan sin concretar.

La nueva directiva de techos de emisión nacionales aspiraba, por ejemplo, a poner coto a los seis principales contaminantes, de modo que se establecía un plazo para ir reduciendo las emisiones máximas de estos contaminantes hasta 2030, donde se deberían alcanzar unos niveles menos perjudiciales para la salud. De este modo, aunque a partir de unas propuestas claramente mejorables, establecía unas reglas comunes para evitar el dumping ambiental, y que las plantas más sucias tuviesen una ventaja con respecto a aquellas que utilicen procedimientos más limpios, algo que ahora queda en duda para desgracia de la salud de los europeos.

La decisión de la Comisión de eliminar estas dos normativas ambientales, acompañada de afirmaciones en las que se declara que sólo se trabajará en temas importantes, denota la visión cortoplacista y anticuada de la nueva Comisión Europea. No ha sabido entender que una economía a espaldas del medio ambiente está abocada al fracaso.

Ante este panorama, las organizaciones ecologistas instan al Gobierno español a tomar las riendas, y aplicar medidas ambiciosas para la protección ambiental y la salud y el bienestar de las personas, en las que se incluya una adecuada gestión de los recursos naturales y residuos, y el respeto al derecho de las poblaciones de respirar aire limpio.