El juzgado de instrucción nº 4 de Santander ha ampliado las imputaciones a David Redondo, Director General de Medio Ambiente, en diligencias previas 5129/2014, en las que también están imputados Domingo San Emeterio (dueño de COPSESA) y el Director General de Industria. Le ha imputado dos posibles delitos (prevaricación y contra el medio ambiente) por las denuncias realizadas por la Plataforma de vecinos y Ecologistas en Acción de Cantabria contra la planta de aglomerado asfáltico de la empresa COPSESA en Igollo (Camargo).

La Consejería de Medio Ambiente acordó el cierre de las actividades en las instalaciones compradas por COPSESA a los herederos de EMILIO BOLADO por carecer de autorización ambiental y lo comunicó a la Consejería de Industria y a los ayuntamientos de Camargo y Santander, territorios donde se ubican las instalaciones fabriles.

Tanto la Consejería de Industria como el ayuntamiento de Camargo ordenaron en un principio el cierre de las instalaciones, pero la empresa COPSESA lo recurrió, y ambas administraciones suspendieron el cierre de la actividad, que siguió funcionando hasta que el juzgado de lo contencioso ordenó su cierre de nuevo.

El recurso de COPSESA ante la Consejería de Industria no fue contestado dentro del plazo de un mes establecido legalmente y por ello la empresa reanudó su actividad.

El juez valora que el Director General de Medio Ambiente, aun conociendo que el plazo legal para responder era de un mes, no respondió a dos requerimientos de la Consejería de Industria para emitir un informe sobre si COPSESA debía tramitar o no la autorización ambiental, ante las discrepancias de los técnicos de la Consejería de Industria.

La falta de respuesta en el plazo legal por parte de David Redondo, Director General de Medio Ambiente, a los requerimientos de Industria ha sido determinante para que el juez le cite a declarar el 5 de junio como imputado por un posible delito de prevaricación administrativa omisiva y otro contra el medio ambiente.

El juez señala en el auto de 5 de marzo que David Redondo deberá responder sobre la obligación o no de que COPSESA tenga que tramitar la declaración de impacto ambiental, las razones del cambio de criterio de su Dirección General, la aclaración sobre si se han producido cambios o no en la planta de aglomerado asfáltico de la empresa, etc.

Tanto la Plataforma vecinal como Ecologistas en Acción Cantabria nos felicitamos por esta nueva imputación que esperamos que no sea la última, debido al despropósito que se ha producido con la autorización a COPSESA para reanudar la actividad en las antiguas instalaciones de EMILIO BOLADO, en terrenos tanto del ayuntamiento de Camargo como de Santander.

Primero fue la negligencia de las administraciones que autorizaron el traspaso del negocio sin control alguno; segundo la autorización del inicio de la actividad sin tener las autorizaciones legales, en especial, la ambiental; en tercer lugar, la tardanza en la orden de cierre, a pesar de carecer de todas las autorizaciones; el cuarto lugar, el cambio de criterio tanto de las ambas Consejerías como del ayuntamiento de Camargo; en quinto lugar, que David Redondo dejara pasar el plazo legal de un mes sin contestar hecho que permitió a COPSESA reanudar su actividad.

Han tenido que ser los tribunales de justicia, tanto el de lo contencioso administrativo, como el penal de instrucción, quienes están poniendo las cosas en su sitio, obligando a respetar la legalidad, ya que algunas administraciones no lo han hecho y por ello, de momento, dos de sus responsables están imputados por dos posibles delitos.

Nos llama poderosamente la atención que ambos directores generales se hayan jugado su puesto y su imputación por favorecer o por sucumbir a las presiones de un empresario, miembro de la ejecutiva del PP y alcalde de Ramales.