El pasado 11 de abril de 2015 una cuidadora voluntaria de la protectora de animales Doghorsecity radicada en Méntrida (Toledo), recibió el susto y el disgusto de su vida.

Mientras sacaba a pasear por la dehesa municipal del pueblo a Kas, un perro abandonado que estaba en acogida en el centro, oyó disparos y, al poco, le vio muerto alcanzado mortalmente en la cabeza.

Puesta la correspondiente denuncia en el Seprona de Toledo, la patrulla desplazada a la zona comprobó que el animal había recibo un disparo de postas con una escopeta de caza que le había producido la muerte.

La voluntaria podía haber salido gravemente herida del suceso, dada la cercanía de los disparos. Pero quien no salió indemne es el perro, un animal cariñoso y dócil en palabras de quienes le cuidaban.

La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, de la que forma parte Ecologistas en Acción de Toledo, se siente indignada y conmocionada ante tan salvaje suceso, un acto criminal que debe ser debidamente esclarecido y que pone de manifiesto el desprecio de un cazador para con la vida de un animal doméstico y en el que además subyace la oposición de la Sociedad de Cazadores de Méntrida y del Ayuntamiento a que la protectora se instale en ese municipio.

Doghorsecity ha recibido amenazas de todo tipo y sus responsables han tenido que oír frases como “que hace una protectora de animales en un pueblo de cazadores”. De hecho no es la primera vez que se dispara a uno de sus perros, hace pocas semanas dispararon a otro, pero afortunadamente sin acertar en el objetivo.

La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha ha ofrecido todo su apoyo a Doghorsecity, en especial en los aspectos legales que rodean el caso. La muerte de un animal doméstico en estas circunstancias estaría inscrita en el supuesto del artículo 337 del código penal que indica lo siguiente:
“El que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales”.

Pero las investigaciones no sólo deben dirigirse a detener al autor de los disparos, sino que deben profundizar en las causas subyacentes que al parecer en este caso concurren.

Por ello, la Plataforma se va a dirigir en esta semana a la Consejería de Agricultura, a la Fiscalía, al Seprona y al Ayuntamiento, para que se realice una rápida investigación y para que cese de una vez el clima de hostigamiento hacia la protectora.