El descontrol y desorden territorial agrava sus consecuencias.

Julia Martínez Fernández, Fundación Nueva Cultura del Agua, Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 85.

Las inundaciones ocurridas en el Ebro en marzo de este año han vuelto a generar un debate interesado sobre sus causas y las medidas más idóneas para reducir estos episodios, reclamándose más obras en infraestructuras sin tener en cuenta su eficacia real y sus altos costes ambientales y económicos. Sin embargo, desde entidades sociales y ecologistas se viene demandando una correcta ordenación del territorio mediante la gestión del territorio fluvial, aprovechando los beneficios gratuitos que generan las crecidas y aplicando medidas blandas que llevan años demostrando su eficacia y sostenibilidad.

A finales de febrero y principios de marzo de 2015 las crecidas del Ebro e inundaciones subsiguientes ocuparon la primera plana de los principales medios de comunicación durante varias semanas, devolviendo a la actualidad el recurrente debate sobre las inundaciones, sus causas y las actuaciones que habría que adoptar.

¿Por qué se ha percibido de forma generalizada esta inundación como especialmente grave con respecto a episodios anteriores? Para contestar a esta pregunta, el pasado 26 de marzo la Fundación Nueva Cultura del Agua y el Centro Ibérico de Restauración Fluvial organizaron una Reunión Técnica de análisis y debate de las crecidas e inundaciones del Ebro de febrero y marzo de 2015. Estas Jornadas pusieron de manifiesto que los embalses, al servicio de los intereses hidroeléctricos y grandes regantes, no sirvieron para laminar las avenidas, al no respetarse la reserva que establece el Estado para dicha función y sobre todo se constató un gran aumento del desorden del territorio. La falsa seguridad que proporcionan las motas y embalses ha favorecido una mayor ocupación de las zonas inundables, aumentando la exposición al riesgo y la vulnerabilidad de la población y sus bienes. A ello se añade la construcción de nuevas infraestructuras que no tienen en cuenta la red de drenaje y la dinámica de las crecidas, como el caso de la autopista ARA-A1, que agravó los daños.

De nuevo se sucedieron imágenes de cultivos y bienes inundados y se escucharon las voces que achacaron el problema a la falta de limpieza del río, a la vez que algunos aprovechaban para reclamar nuevos embalses e incluso trasvases, como forma de reducir daños y evitar que esos caudales se pierdan en el mar. De nuevo los medios de comunicación se centraron en el efectismo de las imágenes y en los mensajes emocionales antes que en contribuir a un debate sereno y alimentado por la mejor información científico-técnica disponible. Claro que las administraciones públicas, en lugar de comunicar al público información rigurosa y contrastada sobre las causas de las inundaciones y las medidas que han de orientar la gestión del riesgo, optaron por prometer más inversiones para limpiezas del Ebro y otras actuaciones de infraestructura tramitadas por la vía de urgencia. Apenas se prestó atención a visiones diferentes y a medidas distintas a la vieja hidráulica.

Pero ¿existe debate científico sobre la forma de abordar los riesgos de inundación? En realidad, no, como evidencia que expertos de más de 40 universidades de toda España, centros de investigación, organizaciones ambientalistas y una gran parte de la sociedad hayan apoyado el documento elaborado por la Fundación Nueva Cultura del Agua: Por unas medidas sostenibles y eficaces al riesgo de inundaciones. El amplio consenso existente reconoce que las crecidas forman parte de la dinámica natural de los ríos y aportan de forma gratuita importantes servicios a la sociedad, como la fertilización natural de las tierras de cultivo, contribuir a la biodiversidad, eliminar especies invasoras (como la mosca negra en el Ebro), aportar arenas a las playas, así como sedimentos y nutrientes a los deltas, evitando el retroceso de la cuña salina en las desembocaduras y constituir fuentes de fertilización para las pesquerías costeras.

Como ha demostrado la última crecida del Ebro, los daños por las inundaciones están aumentando por una mala gestión del territorio. En primer lugar el incremento de la superficie ocupada por superficies impermeables provoca una mayor escorrentía. En segundo lugar, las zonas inundables están cada vez más ocupadas por edificios y otras infraestructuras, por lo que frente a inundaciones similares, los daños para personas y bienes son cada vez mayores. Finalmente, las infraestructuras como carreteras y taludes cortan y desorganizan las redes de drenaje natural, de forma que el agua se ve obligada a alterar sus flujos, afectando a nuevos espacios hasta ese momento libres de inundaciones.

Medidas tradicionales, poco útiles… y caras

Estudios científicos y técnicos en todos los países desarrollados, incluyendo a España, demuestran un continuo aumento en los daños económicos por inundaciones, pese al incremento de medidas estructurales (presas, diques, escolleras), lo que demuestra la limitada utilidad de tales medidas, sobre todo en cuencas con altos niveles de regulación, como ocurre con los ríos españoles. Los diques y motas de contención, situados demasiado cerca del cauce, son ineficaces para evitar las grandes inundaciones. Finalmente los dragados (eufemísticamente denominados “limpiezas” del río, como si los sedimentos fueran suciedad) no resuelven nada porque apenas influyen en la altura de la corriente alcanzada durante las avenidas. Pese a ello las administraciones públicas siguen recurriendo a los dragados por generar un poderoso efecto placebo en las poblaciones afectadas.

Además de poco útiles, las obras de infraestructura son muy caras. En el caso de los dragados, requieren inversiones cuantiosas, pero los sedimentos vuelven en poco tiempo a ocupar su lugar, por lo que representan un despilfarro económico completamente inútil que no puede admitirse en estos tiempos. A ello hay que añadir que estas obras suelen licitarse a través de cuestionables procedimientos de urgencia que obvian las necesarias cautelas administrativas.

Por otra parte, las actuaciones duras como los dragados, cortes de meandros y encauzamientos no solo representan falsas soluciones sino que a la larga agravan los problemas, al favorecer una mayor energía y velocidad de las aguas de avenida. Además, todas estas obras tienen un efecto perverso, al crear una falsa sensación de seguridad que favorece la invasión de la llanura de inundación, provocando a la larga mayores daños.

Finalmente, estas actuaciones duras frente a las inundaciones causan graves impactos ambientales. Con el dragado se rompe el equilibrio morfodinámico del río, se eliminan sedimentos, claves para el ecosistema fluvial, se elimina vegetación y se destruyen hábitats naturales, afectando a la biodiversidad. Además los dragados reducen la capacidad de autodepuración del río y tienen otros efectos negativos, como la erosión remontante y el descalzamiento de puentes, escolleras y otras estructuras.

Hacia un nuevo modelo efectivo e integral

¿Existen medidas alternativas que sean efectivas? Pues sí, las hay y además se conocen y aplican desde hace bastante tiempo en muchos países. Estas medidas son las propugnadas por la Directiva Europea de Inundaciones, aprobada en 2007, que establece que no se puede (ni se debe) evitar las inundaciones, pero sí minimizar sus efectos perniciosos, devolviendo su espacio a los ríos a través de medidas de ordenación territorial y de una gestión adecuada de los territorios fluviales, algo también planteado, por cierto, en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Esto es justamente lo que se está haciendo en Estados Unidos, en muchos países de Europa y en España en algunas zonas como la cuenca del Duero, al constatar que se trata de medidas mucho más eficaces y económicas.

Gestionar adecuadamente el territorio fluvial requiere, entre otras actuaciones, aplicar medidas de retención natural del agua, recuperar meandros y bosques de ribera, eliminar o retranquear diques y motas y adaptar los usos a la inundabilidad, revisando los planes municipales de ordenación urbana y favoreciendo en las llanuras de inundación usos agrícolas compatibles.

Este territorio fluvial, constituido por el propio río y los espacios inundables adyacentes, actuaría como zona de expansión de las crecidas mediante procesos de embalsamiento e infiltración, disipando la energía de las avenidas y por tanto su capacidad erosiva. No puede haber mejor seguro para una población ribereña que sustituir un fenómeno, la avenida, por otro de menores efectos negativos, el desbordamiento, en áreas donde dé lugar a los menores daños y los máximos beneficios.

Finalmente una estrategia integral frente a las inundaciones ha de incluir educar en la incertidumbre y en la cultura del riesgo, asumiendo que la seguridad completa es una quimera y activando mecanismos, como los sistemas de seguros, que permiten prevenir y minimizar la vulnerabilidad frente al riesgo. Además es fundamental contar con los habitantes ribereños, desarrollando programas de educación, comunicación social y de capacitación que permitan modificar la percepción pública en torno a los ríos y el papel de las crecidas, en la certeza de que solo una sociedad bien informada apoyará una gestión adecuada de los territorios fluviales.

¿Es esta la apuesta de las administraciones públicas? Lamentablemente no, pese a la evidencia acumulada y pese a que la Directiva obliga a elaborar Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones en esta línea. En muchos de los borradores de los planes de gestión de riesgos españoles, elaborados por los organismos de cuenca y cuya exposición pública se cerró en su mayoría a finales de marzo, sigue sin haber una apuesta clara por las medidas de ordenación del territorio y la gestión del territorio fluvial, a la vez que se detectan incoherencias con las medidas incluidas en los planes hidrológicos y en muchas ocasiones continúan las medidas infraestructurales. Es hora ya de acabar con viejas inercias y aplicar las medidas que llevan años demostrando su eficacia, claros beneficios ambientales y que evitan el despilfarro de valiosos fondos públicos.