Agua pública, fortaleza de la ciudadanía.

Luis Babiano y María Giménez [1]. Revista El Ecologista nº 85.

Los procesos de privatización del agua se han acelerado en nuestro país, sobre todo a consecuencia de la crisis, provocándose una auténtica burbuja hídrica. La mercantilización del agua ha traído consigo prácticas opacas y poco democráticas en su gestión, acompañada de un aumento de las tarifas, lo que ha redundado en un enorme aumento en los cortes de agua por impago. Sin embargo existe una tendencia abrumadora de procesos de desprivatización hídrica en todo el mundo. Para seguir esta tendencia, en nuestro país se ha conseguido crear un amplio consenso social que ha dado lugar al Pacto Social por el Agua (#inicitivagua2015) que pretende una gestión transparente, participativa, pública y que conduzca hacia el objetivo final de la sostenibilidad económica, social y ambiental.

En el último año, se expandido por numerosas zonas de nuestra geografía un intenso debate en torno a los servicios municipales de agua. El debate, no puede ser más oportuno, pues tras las elecciones municipales que se avecinan muchas administraciones locales tendrán por delante una decisión nada trivial: la toma en consideración de desprivatizar algunos de los servicios básicos, el de aguas entre ellos, o renovar unos contratos con empresas, cuyo resultado económico ha sido muy negativo para las arcas municipales.

El proceso privatizador del agua

En nuestro Estado, al contrario que en muchos estados europeos, los procesos de privatización se han acelerado a consecuencia de la crisis. Consistorios de muy distinto signo político se han rendido ante el canon concesional, viciando el sistema y desatando graves irregularidades en la gestión. Las cantidades millonarias que los ayuntamientos reciben por la venta de la gestión del agua, lejos de ser reinvertidas en el ciclo hidráulico, se dedican, en la mayoría de los casos, a enjuagar las finanzas municipales y no a la mejora del servicio para los ciudadanos. El precio de esa venta hipoteca durante más de 25 años lo pagan, en el mejor de los casos, las economías familiares, pues las grandes multinacionales del agua se cobrarán su inversión a través del aumento de su tarifa.

Este fenómeno es una auténtica burbuja hídrica. Las cifras hablan por sí mismas. En 1996, el 63% de la población española estaba abastecida por sociedades públicas. En 2005, el 52% mantenía el carácter público pero en 2010 los porcentajes se invierten: 47% pública y 53% privada. Para llegar, a finales de 2015, con un posible 57% de gestión privada.

El proceso privatizador se inicia normalmente sin debate, por la puerta trasera y a través del denominado modelo francés, basado en la pretendida colaboración público-privada. En concreto, se suelen promover empresas mixtas en las que las instituciones públicas conservan el 51% de las acciones, mientras el control efectivo del negocio lo ejercen los operadores privados, sobre la base de monopolizar la información, mediante cláusulas que les adjudican la competencia exclusiva, tanto sobre la gestión de esas empresas, como en materia de compras, contrataciones y subcontrataciones. Desaparecen los concursos públicos, y por tanto la competencia, se elimina el papel de las empresas locales ya que a partir de ese momento estas empresas convierten el ciclo urbano en un monopolio absolutamente cerrado y se aseguran grandes beneficios por la autocompra de servicios y tecnología a empresas del grupo, por adjudicación directa.

La gestión urbana del agua –a pesar de la importancia que tiene para la calidad de vida de la población el acceso a agua con criterios de asequibilidad y de derecho humano– no se ha caracterizado por introducir fórmulas democráticas y participativas que incorporen a los ciudadanos, por ejemplo, en los órganos colegiados encargados de la toma de decisiones. No obstante, con la privatización nos aproximamos hacía una visión orwelliana de nuestras ciudades; una ciudad donde la democratización se reduce solo al proceso electoral y donde los ciudadanos pasan a ser simples clientes. Esta pérdida de poder ciudadano y de mercantilización de la ciudad se evidencia en el hecho de que, en los nuevos tiempos, las empresas concesionarias, no solo comercializan con el agua sino que incluso están comercializando con los datos de sus clientes vendiéndolos a empresas de multiservicios [2].

Desahucios hídricos: consecuencias del proceso privatizador en tiempos de crisis

Quizás una de las consecuencias más graves de la mercantilización del recurso es el aumento significativo de los cortes de agua por impago. Ducharse o beber del grifo no es un derecho en España; es un servicio, cuesta dinero y se puede cortar. La crisis ha disparado las cifras de los afectados por estas circunstancias. Cada mes se tramitan entre 4.000 y 5.000 propuestas de interrupción del suministro en Madrid. Cada día, 19 familias en Málaga se quedan sin agua. Según una respuesta de la empresa Emasa, en 2013 se abrieron cerca de 40.778 expedientes por impago y 6.881 terminaron en corte. En la ciudad de Almería hubo 3.195 cortes del suministro de agua potable realizados por la empresa concesionaria del servicio. La misma circunstancia se repite en casi los 8.000 municipios de España, salvo en algunos, como Medina Sidonia (Cádiz), en Lucena (Córdoba) o Xàbia (Alicante), la ciudad de Zaragoza o en El Prat de Llobregat en Barcelona, donde se ha aprobado no cortar el agua a quien no pueda pagar.

Desde la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) se ha calculado que se tramitan al año más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que hace cuatro años. De estos, se llegan a ejecutar un 60%, es decir, 300.000. El Canal de Isabel II ha multiplicado por cuatro los procesos de corte de agua en cinco años. Si en 2008 avisó a 18.674 casas de que iba a cerrarles el grifo, en 2013 ese volumen llegó a 73.016, según los datos internos acumulados por la Plataforma contra la Privatización del Canal. Supone un incremento de casi un 400%. En ese lustro, la empresa pública advirtió a 206.643 hogares de un posible corte de agua por impago de las facturas. Una vez realizado el aviso, el corte efectivo se ejecuta entre el 80 y el 85% de los casos, según las estimaciones de fuentes internas de la compañía.

La cifra es importante y preocupante, pero no es menos alarmante que en España no existan datos oficiales sobre el fenómeno masivo de cortes. El suministro de agua es un servicio local y cada municipio lo gestiona a su manera. No existe ni regulación, ni transparencia ni gobernabilidad sobre el derecho humano al agua.

Frente a esto, las empresas privadas del agua y las asociaciones de las que forman parte han optado por la estrategia de la negación. El negacionismo de esta realidad, cruda, trata de evitar el descontento y la contestación social ante la falta de previsión de las autoridades locales y/o de los desmanes que está suponiendo la privatización del servicio, que nos vuelve más vulnerables a los ciudadanos.

No tenemos datos oficiales sobre el impacto real del fenómeno. En España los desahucios hídricos ni siquiera constan en ningún registro estadístico; son invisibles. Aun así la propia asociación AEAS (donde están integrados todos los operadores privados) reconoce que un total de 970.000 hogares en España ha recibido un aviso de corte de suministro durante el último año y que el presidente del grupo Agbar (uno de los principales grupos privados que actúan en nuestro país), Ángel Simón, ha admitido que “cada mes se hacen 12.000 cortes” solo en su corporación, como aseguró en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. Lo cierto es que los poderes públicos tienen el deber y la capacidad para evitar este drama. Los poderes públicos tienen la obligación de proteger los derechos de la población en general, salvaguardando a la población en riesgo.

Una situación que además cobra mayor relevancia si cabe cuando se recuerda que el acceso al agua y al saneamiento son un derecho humano [3], reconocido desde 2010 por la Asamblea de Naciones Unidas, que exige responsabilidad a los Estados para su cumplimiento.

“La desconexión de los servicios de agua a causa de la falta de pago por no tener medios constituye una violación del derecho humano al agua y de otros derechos humanos internacionales”, ha afirmado Catarina de Albuquerque, hasta el pasado diciembre relatora de Naciones Unidas para el derecho humano al agua. De hecho, la ONU ejemplifica el camino correcto con un caso de Bélgica: en la región flamenca donde existe una cantidad mínima de suministro gratuito, la ciudadanía paga una tarifa básica de conexión mientras el precio del exceso de agua utilizada depende de la cantidad consumida.

La desprivatización, un fenómeno global

Frente al modelo especulativo español, a escala mundial solo el 10% de las 400 ciudades más grandes del mundo tienen suministro de agua por empresas privadas; frente al 90% públicas. Las ciudades de todo el mundo están experimentando el fracaso de la privatización del agua. Acceso desigual, incremento del precio de las tarifas, la pérdida de la capacidad de control financiero y técnico del servicio, obstáculos medioambientales y escandalosos márgenes de ganancias están impulsando a las municipalidades a retomar el control de este servicio esencial. La remunicipalización del agua es una tendencia nueva. Más de 235 casos de remunicipalización del agua en todo el mundo en 15 años en 37 países, un proceso que afecta a más de 100 millones de personas. En Estados Unidos destacan Atlanta e Indianápolis; en Europa, París, Berlín o Budapest; y en los Países del Sur: Buenos Aires, La Paz; Johannesburgo, Dar-es-Salaam, Accra, Almaty o Kuala Lumpur. La desprivatización es ya un fenómeno global.

Existen ya muchos estudios que analizan la transición del abastecimiento privado de agua al público y en todos se destaca París como un modelo de referencia. En la capital francesa el recibo bajó un 8% durante el primer año y se obtuvieron beneficios de 35 millones de euros. Además de prohibir los cortes de agua para las familias que no puedan pagar, se han creado nuevos servicios medioambientales (instalaciones de mecanismos de ahorro de agua en las viviendas de protección oficial) y se ha logrado que con la empresa pública la gestión sea más democrática y participativa, con personal, usuarios y asociaciones ciudadanas en el consejo de administración. Desde Eau de Paris se ha contribuido al desarrollo del derecho de ciudad (Harvey) diseñando políticas de inclusión social. Se han realizado, por ejemplo, numerosas acciones para facilitar el acceso al agua a las personas sin techo (reparto de cantimploras, distribución de bidones de agua y mapas de localización de las fuentes) y se ha creado una amplia red de puntos de agua potable (1.200) repartidos por toda la ciudad que permiten el acceso a un agua gratuita y de calidad para toda la ciudadanía.

En España la remunicipalización es también un hecho. En España existen casos como los del Torrelavega (segundo núcleo más importante de Cantabria), Ermua (Vizcaya), Arteixo (Coruña), Manacor (Mallorca), Medina Sidonia (Cádiz), Arenys de Munt (Barcelona), Lucena (Córdoba) o los 22 pueblos de la provincia de Sevilla agrupados en Aguas del Huesna, “siempre con un servicio mejor y con la prioridad de la accesibilidad del agua a todos los ciudadanos y ciudadanas”.

Por otro lado, la bajada de tarifas o la eficiencia del servicio público no deben ser los únicos factores a la hora de apostar por el modelo público de gestión. La accesibilidad y la garantía de servicio, junto con la transparencia y la participación pública de la gestión pública tienen que estar en la base del modelo público de gestión. Desde nuestra posición, el énfasis de la nueva política de aguas debe apostar por la gestión pública participativa, sin ánimo de lucro, como servicio de interés general ya que el agua no es una mercancía, sino un bien común y un derecho fundamental, además de elemento esencial para la vida.

El Pacto Social por el Agua

Para ello, desde la sociedad civil se consideró necesario crear un amplio consenso, a través de un Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015), en el que se definan y acuerden los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social. Un modelo que frene el incipiente proceso de corporativización y mercantilización, que también amenaza al modelo público; y que conduzca hacia el objetivo final de la sostenibilidad económica, social y ambiental.

El pacto cuenta con más de 300 organizaciones sociales, organizaciones ecologistas, académicas, sindicales y operadores de agua y saneamiento en distintos municipios del país. Persigue tres objetivos generales. Uno es frenar la ofensiva de las empresas privadas por hacerse con los servicios en los pueblos, donde anticipan fondos que los ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua de las próximas décadas (fórmula conocida como canon concesional). La segunda meta es conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua. La tercera, e imprescindible, impulsar un modelo trasparente y participado.

Los objetivos básicos son que la gestión y tratamiento del agua sean considerados un servicio de “acceso universal, participado y vinculado a los derechos humanos”. Este compromiso no es una mera declaración de principios, ya que supone cambios en las organizaciones responsables de este escaso recurso en España, como la creación de un órgano regulador participado por las organizaciones sociales. Los principios básicos del pacto por el agua pública son:

  • Servicio 100% público. Una de las propuestas concretas más relevantes de este acuerdo es que los servicios de agua sean siempre 100% públicos.
  • Empleo. El pacto por el agua sostiene además que “la gestión del ciclo integral del agua puede y debe ser un yacimiento importante para la generación de nuevos empleos”, de calidad, seguros y estables. Los trabajadores también deben tener asegurada la participación en el funcionamiento, la gestión y la formulación de políticas del servicio.
  • Solidaridad. Uno de los principios básicos de la propuesta es la solidaridad y garantía de acceso a este bien considerado un derecho. De esta forma se establece que se asegurará una dotación mínima (entre 60 y 100 litros por persona y día), incluso en caso de impago.
  • Investigación. El acuerdo también fija la necesidad de “establecer planes de investigación y desarrollo en materia de gestión del ciclo del agua” en colaboración con las “universidades, colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales”.
  • Responsabilidad. El pacto también implica obligaciones para las entidades gestoras y, por encima de ellas, a los ayuntamientos, que deben velar por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, en los ámbitos medioambientales, económicos y de infraestructuras.
  • Control Social. Finalmente, el acuerdo establece nuevos mecanismos para asegurar el “control social” del recurso, con transparencia y “participación ciudadana efectiva”, previstas en la Convención de Aarhus, en la normativa europea y española [4].

De esta forma, los municipios deben preservar la calidad del suministro, utilizar los mínimos recursos que garanticen el servicio y prevenir la contaminación. Las tarifas deben reflejar el coste real, pero respetando los principios de equidad y transparencia, y destinarse solo y exclusivamente a sufragar los costes de dichos servicios. Finalmente, también los Ayuntamientos tienen la obligación de ejecutar las inversiones necesarias.

La #iniciativagua2015 es fundamentalmente un espíritu de cambio de modelo y siguiendo este proceso ya se ha presentado en Catalunya, el País Vasco, Castilla-La Mancha, Madrid, diversas ciudades de Andalucía o en Avilés y Gijón. Además operadores como Xàbia (Alicante) o la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa se han comprometido a gestionar el agua de forma pública, integrada y participativa tal como expone la #iniciativagua2015.

La privatización del agua desfigura y limita poder democrático municipal. Frente a esto #iniciativagua2015 no solo supondrá la paralización definitiva de la privatización de nuestra agua sino que pondrá las bases para la creación de un modelo público 100%, transparente y participativo. La democracia llega al agua.

Notas

[1] Luis Babiano, gerente a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) y María Giménez, jurista, especialista en Derecho Ambiental

[2] FACUA denuncia a Aqualia por hacer uso y cesión indebidos de los datos personales de sus clientes. https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8672

[4] Directiva 2003/35/, de 26 de mayo de 2003, y Ley 27/2006, de 18 de julio, respectivamente.