En el mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó la paralización cautelar del plan parcial que permite el desarrollo de la operación Mahou-Calderón. En septiembre, el Ayuntamiento de Madrid se ha opuesto a esa decisión judicial. Ecologistas en Acción y la Asociación de Vecinos Pasillo Verde-Imperial, promotores de la paralización, y la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, muestran su decepción y perplejidad. El programa electoral de Ahora Madrid incluye su oposición a las actuaciones urbanísticas especulativas en la ciudad. Además esta formación política, antes de las elecciones municipales, suscribió el pacto contra la especulación, promovido por la Plataforma por el Derecho a la Ciudad

La operación Mahou-Calderón es una de las mayores actuaciones urbanísticas especulativas, heredada de los gobiernos municipales de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella. Afecta a una superficie de 204.218 metros cuadrados en el distrito de Arganzuela y contempla la demolición del estadio Vicente Calderón, el soterramiento de la M-30 y la construcción de ocho torres de entre ocho y veintidós plantas, dos rascacielos de treinta y seis plantas que albergarán más dos mil viviendas, oficinas y comercios.

Este proyecto acumula varias sentencias judiciales en contra. Para permitir esta macrooperación, en 2009, fue necesario aprobar una modificación del plan general de Madrid que duplicó la edificabilidad en la zona. Esa modificación fue recurrida por una asociación atlética y anulada por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en 2012 y 2015. Estas fueron recurridas ante el Tribunal Supremo por la Comunidad de Madrid, los promotores de la operación y el Ayuntamiento de Madrid. De esta forma se evitaba la firmeza de la sentencia del TSJM.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Madrid, presidido aún por Ana Botella, aprobó un plan parcial que permite ejecutar las obras del macroproyecto. Fue este plan parcial el que recurrió Ecologistas en Acción, con la colaboración de la Asociación de Vecinos Pasillo Verde-Imperial, en mayo de 2015. Se tomó esta decisión al considerar que el plan parcial permite una actuación especulativa que atiende a los beneficios de propietarios de suelo y constructoras, pero no a las necesidades vecinales. Los vecinos no necesitan rascacielos, sino dotaciones cotidianas como un centro cultural, un centro de día, una escuela de idiomas o la ampliación del colegio e instituto existentes en el ámbito. La asociación vecinal Pasillo Verde-Imperial recogió 57.000 firmas en contra de esta actuación.

El pasado mes de julio el TSJM, a consecuencia de la solicitud de Ecologistas en Acción, ordenó la paralización cautelar del plan parcial, lo que supone la imposibilidad de construir. Sin embargo, tanto el Ayuntamiento de Madrid como promotores de la operación, se han opuesto a esta decisión judicial y han presentado un recurso de súplica ante el TSJM.

Ecologistas en Acción, vecinos y la Plataforma por el Derecho a la Ciudad han acogido con perplejidad y decepción la decisión municipal. De los promotores se esperaba esa reacción, pero no del consistorio. Esta decisión supone un incumplimiento del programa electoral de Ahora Madrid, en el que se comprometen a «poner en marcha medidas urgentes que frenen los procesos especulativos y los pelotazos urbanísticos en marcha”. Además, en las propuestas programáticas para el distrito de Arganzuela, se recoge textualmente «frenar la especulación inmobiliaria en los grandes proyectos del distrito» y «auditar la operación Mahou-Calderón».

A esto hay que añadir que Ahora Madrid, el 21 de abril de 2015, suscribió el pacto contra la especulación y el derecho a la ciudad, promovido por la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, que recoge entre varios compromisos la paralización de la operación Mahou-Calderón.

Ecologistas en Acción, vecinos y la Plataforma por el Derecho a la Ciudad esperan que la situación se reconduzca, en cumplimiento del programa electoral de Ahora Madrid, y que, en el caso de que el TSJM rechace el recurso de súplica del ayuntamiento y de los promotores y ratifique la paralización cautelar, el Ayuntamiento de Madrid no recurra al Tribunal Supremo.