El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) da la razón a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y a las organizaciones ecologistas y ordena que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) construya una torre de refrigeración o que baje potencia. Ecologistas en Acción reitera que lo más sensato es no gastar más dinero en la vieja central, que no se le conceda un nuevo permiso de explotación y que se proceda a su desmantelamiento.

La sentencia del TSJ de Castilla y León da la razón a la CHE que había dictaminado que Garoña no puede funcionar sin un sistema de refrigeración, pues en numerosas ocasiones ha vertido agua más caliente que los límites permitidos al río Ebro. En efecto, la temperatura máxima en el canal de vertido, que desemboca en el embalse de El Sobrón, son 30 ºC y, en todo caso, el la temperatura del agua vertida no puede superar en más de 3 ºC la del agua que se tomó. Estos límites son difíciles de mantener en verano, cuando bajan los caudales del Ebro y teniendo en cuenta que el agua de Garoña debe disipar más de 900 MW de calor.

Por ello, esos límites fueron violados en numerosas ocasiones por Garoña. Ante las denuncias presentadas, la CHE tomó cartas en el asunto y decidió forzar a la central nuclear a construir una torre de enfriamiento o a bajar su potencia de funcionamiento. Ante este requerimiento, Nuclenor, empresa propietaria de la central, recurrió al TSJ, que finalmente ha dictado sentencia a favor de la CHE.

La construcción de la torre sería una de las reformas en profundidad que Nuclenor deberá acometer si quiere que la central vuelva a funcionar. La torre sería en realidad una batería de pequeñas torres modulares de un tamaño inferior a las grandes torres de refrigeración que pueden verse en las nucleares de Trillo (Guadalajara), Ascó (Tarragona) o Cofrentes (Valencia). El coste sería aproximadamente de unos 20 millones de euros, a sumar a los 130 millones que se estima costarían las otras reformas que Nuclenor debe acometer.

Lógicamente, las obras de construcción de este sistema de refrigeración no deberían empezar hasta que Garoña tenga el permiso definitivo del Ministerio de Industria, que deberá a su vez esperar al dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear. Este dictamen será vinculante sólo si es negativo. No es, por tanto, fácil, que la construcción de la torre empiece antes de febrero del año entrante.

Ecologistas en Acción quiere insistir en que lo más sensato es olvidarse de gastar más dinero en la vieja central, que no se le conceda un nuevo permiso de explotación y que se proceda a su desmantelamiento. Las condiciones de seguridad de Garoña aconsejan su no reapertura. No hay que olvidar que esta central está situada en el río Ebro y una fuga que contaminase las aguas afectaría a las riberas de Burgos, Álava, La Rioja, Navarra, Zaragoza y Tarragona.