- A Roadmap to Revitalise REACH
La aprobación del Reglamento REACH en 2006 supuso un cambio drástico en la gestión de las sustancias químicas en Europa. Para acelerar la eliminación de las sustancias más preocupantes, introdujo un nuevo proceso que solo permitiría comercializar estas sustancias si las empresas interesadas recibían una autorización. Para ello, debían demostrar que no existen alternativas más seguras. El estudio A Roadmap to Revitalise REACH (Una hoja de ruta para revitalizar REACH) revisa cómo ha funcionado el proceso de autorización y cómo están contribuyendo los diferentes Estados miembros a conseguir sus objetivos.
Entre sus principales conclusiones, señala que el proceso de autorización ya ha comenzado a tener resultados positivos, ya que la identificación de los agentes más peligrosos y su inclusión en la lista de sustancias de elevado nivel de preocupación está impulsando a las empresas a sustituirlas por alternativas más seguras.
Sin embargo, debido a la lentitud con la que se está aplicando (a día de hoy solo hay 163 agentes en el listado, a pesar de que existen 3.950 sustancias cancerígenas, mutágenas y/o tóxicas para la reproducción en uso) y la forma en que la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) y la Comisión están gestionando el proceso de autorización, difícilmente se conseguirá el objetivo de eliminar estos contaminantes del mercado.
Así, la Comisión y la ECHA están aceptando todas las solicitudes de las empresas para seguir comercializando sustancias tóxicas, incluso cuando es evidente que existen alternativas más seguras. El estudio señala que la concesión «por defecto» de autorización a todas las solicitudes presentadas está minando los objetivos del Reglamento REACH y castiga a las industrias más limpias. De este modo, la industria de pinturas europea, que dejó de utilizar plomo y cromo sus productos en 2011, está viendo como la ECHA y la Comisión quieren autorizar a una empresa canadiense para que siga vendiendo en Europa pinturas con estos agentes cancerígenos.
El informe también muestra la gran diferencia en la contribución de los diferentes gobiernos europeos a la eliminación de las sustancias más nocivas. Los Estados miembros son responsables de identificar este tipo de sustancias, y las empresas deben solicitar autorización para comercializarlas en Europa. A pesar de que España tiene una importante industria química y que la exposición de nuestra población y nuestro medio ambiente a sustancias tóxicas es superior a la media europea, su contribución a la eliminación de estas sustancias está siendo mínima. Así, España solo ha presentado una propuesta a la lista de agentes a autorizar, a diferencia de otros países mucho más pequeños como Holanda (que ha presentado 14), Austria (13), Dinamarca (9) o Bélgica (7). Los países que encabezan los esfuerzos son Alemania (44) y Francia (17).
«La escasa aportación española a la eliminación de los agentes más tóxicos en Europa es un reflejo de la falta de interés del gobierno español por abordar los problemas sobre la salud y el medio ambiente ocasionados por la contaminación. La falta de una política propia, junto a los recortes de personal y presupuesto dedicado a la gestión de las sustancias más peligrosas, se han traducido en inactividad, retraso e incluso bloqueo de la regulación de las sustancias peligrosas», ha declarado Dolores Romano, coautora del informe y responsable de políticas de sustancias químicas de Ecologistas en Acción.
