El caso Volkswagen es tan solo la punta del iceberg de un sistema fraudulento.

Samuel Martín-Sosa, María García, Mariano González, Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 87.

Buena parte de la industria automovilística ha preferido invertir en desarrollar sistemas y tecnologías que ocultaran la verdad en lugar de optar por tecnologías encaminadas a una reducción real de sus emisiones. El escándalo de Volkswagen es solo una parte de un fraude muy generalizado, que aún deparará bastantes sorpresas.

El escándalo saltó a la luz por una investigación llevada a cabo en Estados Unidos: se hizo público en septiembre de este año, tras más de año y medio de investigación –y negociación con la empresa [1]– por parte de organismos reguladores estadounidenses.

La investigación oficial se había puesto en marcha en mayo de 2014 tras la publicación de un informe [2] del ICCT (International Council of Clean Transport), una ONG dedicada a temas de transporte [3]. Dicho informe mostraba las emisiones reales de vehículos diésel en EE UU emitían hasta 40 veces más óxidos de nitrógeno (NOx) que los valores registrados en las pruebas de laboratorio. La razón de ser de esta diferencia abismal radicaba en el empleo de un software fraudulento, que activaba los controles de contaminación solamente cuando el coche estaba siendo sometido a pruebas de emisiones.

Al poco de hacerse público el escándalo la empresa reconoció que el engaño era global y afectaba a 11 millones de vehículos en todo el mundo. En seguida Seat, la filial española de Volkswagen, se vio obligada a reconocer que también había montado dispositivos fraudulentos, dejando en evidencia al ministro de Industria, José Manuel Soria, cuya actitud durante el conflicto no ha podido ser más errática, negando la afección a España primero [4], poniéndose bravucón con Seat después, para acabar ofreciéndoles dinero para que no comprometan las inversiones [5]. Recientemente hemos conocido que también Audi y Porsche equipaban sus vehículos con estos dispositivos [6].

Al calor de la noticia, han ido surgiendo datos que ponen de relevancia que más allá del empleo de dispositivos trucados el actual sistema de control de emisiones hace aguas y la industria campa a sus anchas.

Un fraude generalizado

La organización Transport and Environment, red europea de transporte radicada en Bruselas y en la que participa Ecologistas en Acción, lleva años denunciando este asunto. El escándalo de Volkswagen es la punta del iceberg de un sistema fraudulento que permite maquillar los resultados que aparentan mejoras en las emisiones que no son reales [7]. El tipo de pruebas realizadas en Europa a los vehículos, permite el uso de trucos para mejorar los resultados, como desconectar el alternador, utilizar lubrificantes, empleo de marchas largas, etc. Las pruebas a las que se somete a los vehículos son en condiciones irreales de laboratorio, sin tener en cuenta las situaciones más habituales de la circulación por ciudad, cómo atascos o paradas frecuentes. Es como si para conocer las pulsaciones de una persona corriendo se le midieran estando en reposo.

Además, esta realidad afecta no solo a las emisiones de NOx sino también al CO2 y al consumo de combustible, y no es un problema particular de algunos modelos de VW sino de otros modelos de otras marcas también (Mercedes, BMW, Peugeot, Volvo, Opel, Mazda, Renault, Hyundai…). El propio ICCT ha hecho experimentos en condiciones reales en carretera con 32 modelos de vehículos en Europa y los valores de NOx y CO2 son mucho mayores [8].

Según Transport and Environment, en la Unión Europea (UE) en 2014, las emisiones reales de CO2 de los vehículos en condiciones de carretera fueron un 40% superiores a los valores que arrojaron los controles de laboratorio [9], que al igual que en el caso de los óxidos de nitrógeno también son sistemáticamente maquillados. Hace 15 años la desviación era de apenas el 8%, lo que indica que las marcas se han ido profesionalizando en eso del engaño, en un escenario de permisividad por parte de las administraciones. Dicho de otro modo, la industria automovilística ha preferido invertir en desarrollar sistemas y tecnologías que ocultaran la verdad en lugar de optar por tecnologías encaminadas a una reducción real de sus emisiones. Las previsiones son que, si continúa la inacción por parte de las autoridades europeas, la diferencia ascienda a un 50% para 2020.

Atentado climático y contra la salud pública

El engaño en las emisiones de CO2 es algo sobre lo que se está pasando de puntillas a pesar de la gravedad del asunto. El transporte es un sector no regulado, el que más ha crecido en emisiones de CO2 en el continente [10] y uno de los sectores que más contribuye al imparable cambio climático junto con la producción de energía. Dentro del transporte, la carretera, y más en concreto el automóvil, es el medio de transporte que más emisiones genera.

La única manera que la UE encontró para reducir estas emisiones fue estableciendo un reglamento que limitara las emisiones de los nuevos vehículos que salieran al mercado en 2015, endureciendo el límite a partir de 2020. Este reglamento vio la luz tras años de negociaciones y bajo una tremenda presión por parte de la industria automovilística, que finalmente consiguió dilatar los plazos y subir los límites impuestos (pasaron de 120 gr de CO2 por kilómetro recorrido a 130 gr CO2/km en 2015) bajo el argumento de la pérdida de competitividad y de empleo que supondrían tales mejoras en los vehículos.

Si tenemos en cuenta que, si no se reducen las emisiones, la temperatura media de la Tierra podría situarse hasta cerca de cinco grados [11] por encima de los niveles preindustriales, quizás no sea descabellado calificar el engaño de Volkswagen de atentado climático.

En relación a la calidad del aire, los impactos sobre a la salud están más que demostradas. La contaminación atmosférica, en gran medida originada por el tráfico en las ciudades, provoca graves enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además de 450.000 muertes prematuras en la UE, 27.000 de ellas en nuestro país. Se estima que el 95% de los ciudadanos del Estado español respiramos aire contaminado [12]. El gasto sanitario derivado de este problema de salud pública asciende a 21.000-65.000 millones de euros anuales en nuestro país, y a 300.000-900.000 millones en toda la UE. El caso Volkswagen explica en parte porque un menor uso del coche desde que arrancó la crisis no se ha traducido en una reducción significativa de los niveles de dióxido de nitrógeno en las ciudades [13].

Connivencia de los gobiernos

La industria automovilística parece haber invertido más esfuerzos en especializarse en engaños a los consumidores que en mejorar una eficiencia que sin embargo sí esgrimen en su publicidad. A pesar de haber sido descubiertos, en un alarde de desfachatez, emplean de nuevo el machacón argumento de la pérdida de competitividad y empleo, del que no se acordaron cuando desarrollaron el engaño, para pedir más ayudas públicas que eviten medidas dolorosas como despidos para hacer frente a las indemnizaciones. Y los gobiernos les compran nuevamente ese argumento, lo que permite hablar de un sospechoso escenario de connivencia entre ambos.

Los procesos de desregulación ambiental a nivel europeo iniciados en la era Barroso [14], y profundizados ahora por Juncker [15], son un reflejo claro de esta connivencia, que encuentra estos días su más clara expresión en las negociaciones del Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), que la UE prepara con EE UU, y por cuya mesa de negociación ya ha pasado en numerosas ocasiones la industria automovilística. Este lobby empresarial está presionando para que concluyan las negociaciones del acuerdo, que le reportarán 18.000 millones de euros adicionales al año. La armonización regulatoria a la baja que se espera de este Tratado, implicará un empeoramiento de las normas ambientales y de seguridad de los automóviles [16].

Llama la atención que la Comisión Europea, que fue advertida en repetidas ocasiones del escándalo, no hiciera nada. O que los gobiernos no hayan hecho investigaciones sobre el posible uso de dispositivos trucados desde que se prohibieron en 2007. En general la falta de control de los gobiernos, bebe de un sistema europeo de homologación de los vehículos a motor [17] que fue diseñado para la inacción, evitando los controles externos. Cada marca puede homologar sus vehículos en el país de la UE que elija, y solo la autoridad competente de la homologación en ese país tiene potestad para imponer multas, llamar vehículos a revisión, o retirar el certificado llegado el caso.

Habitualmente la autoridad nacional designa un servicio técnico debidamente cualificado para que realice el proceso, pudiendo ser este una empresa. Las marcas de coches deben sufragar el coste de la homologación, con lo que la independencia del proceso puede quedar en entredicho y darse conductas parciales e interesadas en favor del cliente, que para eso es el que paga. Además, nadie puede forzar a los países a realizar controles sobre los vehículos que homologa y la falta de transparencia es la tónica dominante.

Ante las quejas por los fallos del sistema de control de emisiones surgidas al calor del escándalo Volkswagen, los gobiernos de la UE se han visto obligados a acelerar la aprobación [18] de un sistema de medición de las emisiones en condiciones reales de conducción, un proceso que llevaba dilatándose años y que veníamos exigiendo las organizaciones ecologistas. Sin embargo, en una decisión de dudosa legalidad, el sistema aprobado a toda prisa el pasado 28 de octubre se ha hecho nuevamente a la medida de la industria automovilística, de modo que permite emitir en una primera fase un 110% más de óxidos de nitrógeno (NOx) que el nivel legal vigente, y un 50% de forma permanente a partir de 2021. Realmente es muy necesario que el Parlamento Europeo rechace de plano esta posición que sitúa a la sociedad en un plano de absoluta indefensión.

Cambio de modelo no de coche

“Más eficiente”, este es el lema omnipresente de la industria para solucionar la crisis ambiental. Y es el debate sobre las prestaciones tecnológicas el que dirige al final las políticas públicas. Industria y gobiernos boicotean cualquier debate público sobre el cambio de modelo de transporte que necesitamos urgentemente ante los retos sociales, de salud, ambientales, energéticos y climáticos. La crisis desatada por Volkswagen muestra como no hay voluntad de cambiar el sistema ni la relación de fuerzas y echa por tierra el argumento de que la tecnología solventará todos los retos a los que se enfrenta el ser humano. Los cambios vendrán desde debajo o no vendrán.

Notas

[3] Es importante resaltar que la información que propició la investigación fue un estudio de una ONG dedicada a temas de transporte, el International Council of Clean Transport (ICCT). En un ambiente crecientemente desregulado es cada vez más importante la labor de las ONG y la sociedad civil en general a la hora de dar la voz de alarma frente a los desmanes de la industria, lo que ya de partida habla bastante mal de la capacidad y voluntad de control de los gobiernos.

[5] Se estima que la compañía tendrá que enfrentarse a demandas por valor de 35.000 millones de euros, equivalente a su valor en bolsa.