El tortuoso camino hacia la autosuficiencia energética y la generación distribuida.

Rodrigo Irurzun, Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 87.

El Consejo de Ministros del 9 de octubre daba luz verde al controvertido Real Decreto de autoconsumo, con ‘impuesto al Sol» incluido. Todo un despropósito legislativo y político en un momento clave de la lucha contra el cambio climático y la pobreza energética. Para comprender las claves de esta situación debemos entender la oposición de las eléctricas contra todo lo que significa retroceder en su statu quo.

Para entender todo este asunto tendremos que aclarar algunos conceptos. El autoconsumo o autoproducción, de electricidad, puede desglosarse en dos grandes grupos:

  1. Instalaciones aisladas: son instalaciones que no están conectadas a la red eléctrica, y que almacenan la energía eléctrica en baterías, típicamente mediante paneles fotovoltaicos y en ocasiones pequeños aerogeneradores. Suelen tener un generador diésel para los casos en que la batería se descarga en épocas de baja insolación y tras varios días nublados.
  2. Instalaciones conectadas a red: son instalaciones que generan parte de la energía que se consume en un edificio, pero que no cuentan con baterías ni con sistema de generación auxiliar. Cuando hay un exceso de generación, la electricidad sobrante (excedente) se vuelca a la red, consumiéndose en las inmediaciones, y cuando hay más consumo del que genera la instalación de autoproducción, la electricidad necesaria se toma de la red.

Las instalaciones aisladas han funcionado desde hace décadas, en lugares que no tenían acometida eléctrica y donde resultaba más barato un sistema de generación propio que pagar el tendido de la red (refugios de montaña, instalaciones marinas, casas de campo…). A estas instalaciones no les afecta la legislación del sector eléctrico, y se legalizan mediante el reglamento de baja tensión.

Las instalaciones conectadas a red son más baratas, puesto que se evita la compra de baterías, el cargador-regulador, y el sistema de generación auxiliar. Además, al evitar las baterías, se genera menor consumo de materiales y residuos tóxicos a gestionar. Sin embargo, el precio de la instalación no se compensaba con el ahorro en la factura hasta hace unos años, en que cambió la situación debido fundamentalmente a la bajada de precio de los paneles fotovoltaicos y al encarecimiento del precio de la electricidad (se alcanzó la llamada “paridad de red”).

Pero las instalaciones conectadas a red cuentan con un pequeño problema: si no se almacena la electricidad, toda aquella que se genera y no se consume en el mismo momento se vuelca a la red. Una empresa la puede vender, pero para una pequeña instalación doméstica no merece la pena la cantidad de gestiones que conlleva. Además, la electricidad que se vende a la red tiene un precio de unos 5 céntimos por kWh (en realidad, el precio del mercado mayorista –el pool– en cada momento), mientras que la electricidad que consumimos de la red nos cuesta 3 veces más. Por lo tanto lo que interesa es consumir la mayor parte de la energía que nos entrega la instalación, puesto que el ahorro es mucho mayor que lo que se pueda obtener por vender la electricidad al sistema. Una alternativa es instalar una pequeña batería para el consumo diario, pero de momento el encarecimiento que supone hace que económicamente no sea atractivo.

En una vivienda, por ejemplo, el mayor consumo de electricidad se produce durante la noche, puesto que muchas viviendas permanecen vacías durante el día, y es en la noche cuando se utilizan la mayor parte de los electrodomésticos, la iluminación, etc. Por lo tanto, la medida que se pone en marcha para incentivar la instalación de energías renovables para autoproducción de electricidad en muchos países del mundo (también en nuestro vecino luso, que comparte sistema eléctrico con el resto de la península) es el balance neto: poder consumir desde la red, durante la noche, la electricidad que se ha generado durante el día desde la vivienda, sin cargos, o con un pequeño cargo por los costes de almacenamiento en la red eléctrica.

Un Real Decreto tras dos años de espera

El autoconsumo eléctrico era una realidad en el Estado español desde hace tiempo, pero no es hasta noviembre de 2011 cuando se intenta regular específicamente, con algunas limitaciones importantes, a través del Real Decreto 1699/2011. La norma reguló la conexión a red de instalaciones de producción eléctrica de pequeña potencia (menos de 100 kW), a partir de renovables y residuos (grupos b y c del RD 661/2007). Y establecía en su disposición adicional segunda la obligación del Ministerio de elaborar un real decreto que fijase las condiciones para el autoabastecimiento de electricidad. Incluso llegó a circular un borrador, que establecía un “peaje de respaldo” para el autoconsumo con balance neto. Por supuesto, la electricidad que se consumía de forma instantánea desde la instalación de autoproducción no tenía ningún cargo, ni impuesto, ni nada parecido.

La norma no llegó a publicarse, lo que no impidió que comenzasen a verse paneles fotovoltaicos en las cubiertas de superficies comerciales, industrias y oficinas. La tan denostada energía solar fotovoltaica cubría sus costes de instalación en 7 u 8 años y a partir de ahí todo eran ganancias, en forma de ahorros en la factura de la luz.

Las eléctricas no tardaron en pasar al contraataque, acuñando términos como el mencionado “peaje de respaldo”, y acusando a los consumidores que autoprodujeran su propia electricidad ¡de insolidaridad con el sistema! ¡Como si estas empresas pudieran dar lecciones de tal cosa! El gobierno, por su parte, tardó en reaccionar. No fue hasta junio de 2013 cuando se dieron dos pasos decisivos en este ámbito, dentro de un paquete legislativo de miles de páginas que incluía una reforma de la Ley del Sector Eléctrico (una reforma para que nada cambiase, por cierto).

El primer golpe fue un borrador de Real Decreto de autoconsumo que no regulaba el balance neto (ni siquiera lo mencionaba) y que imponía un peaje de respaldo a la electricidad consumida a partir de fuentes propias, el conocido como “impuesto al Sol”. El Real Decreto ha estado en barbecho durante más de dos años, hasta que el 9 de octubre de 2015 se aprobara con algunas matizaciones al borrador original. Sin embargo, consiguió el efecto deseado: que se paralizase la instalación de energías renovables para consumo propio gracias a la inseguridad jurídica y económica que generaba. Además, lo consiguió sin gran desgaste político, ya que la norma, que contravenía derecho comunitario y probablemente estatal, no se pudo llevar a los tribunales puesto que no estaba aprobada. Así lo hizo saber el entonces Comisario Europeo de Energía, Günther Oettinger, a una representación de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético que se reunió con él ese mismo mes de octubre aportando más de 183.000 firmas ciudadanas que demandaban una auditoría de costes del sistema eléctrico español.

El segundo revés fue la subida espectacular en pocos meses del término fijo de la factura eléctrica (el término de potencia) y la bajada proporcional del término de energía. Este hecho por sí sólo desincentiva las instalaciones de autoproducción, puesto que el ahorro proporcionado por la electricidad que cada cual se generaba es menor que con un término de energía alto. Por cierto que esta especie de tarifa plana, o altiplana, como ha dado en llamarse, también desincentiva el ahorro y la eficiencia, una de las grandes patas de las estrategias comunitarias y mundiales sobre la energía.

Visto lo visto, las empresas, principales usuarias de las instalaciones de autoproducción tal y como estaba la legislación, paralizaron sus inversiones, dado que resultaba del todo imposible saber cuál sería el periodo de retorno de las mismas, aspecto crucial en el negocio empresarial. Las administraciones públicas, otro de los sectores que se podrían haber beneficiado de tales instalaciones, ni se habían puesto manos a la obra (salvo algunas excepciones) y mucho menos lo iban a hacer ahora.

Qué supone el Real Decreto aprobado

Tras la aprobación del RD 900/2015 para regular el autoconsumo, con impuesto al Sol incluido, se da una situación compleja: aunque es un despropósito y una injusticia, parece que la cosa no puede empeorar más, por lo tanto deberíamos tener la esperanza de que cualquier instalación en la que salgan los números con las actuales condiciones será rentable en el futuro. Y los números salen para muchas instalaciones, en empresas y en administraciones públicas. Con las condiciones actuales una instalación fotovoltaica para autoconsumo instantáneo se puede rentabilizar en menos de 15 años si se autoconsume gran parte de la electricidad generada, y la vida previsible mínima es de 25 a 30 años. Además, es esperable que la legislación cambie en ese periodo de tiempo, de forma que es muy probable que quien se lance a la aventura amortice su inversión aún en menos tiempo.

Por su parte, las instalaciones de menos de 10 kW de potencia están excluidas de forma temporal del pago de cargos asociados al sistema (así llaman ellos al impuesto al Sol), pero aun así, debido al menor consumo propio en horas de sol y a los mayores costes de instalación, la inversión se amortiza en plazos mayores. Como decíamos antes, es previsible que la legislación cambie para mejor, se apruebe el balance neto, y las instalaciones domésticas existentes se puedan acoger a él. En esta situación se producirían grandes ahorros que harían que muchas personas optasen por generar su propia energía, y sería una alternativa para poder paliar situaciones de pobreza energética, por ejemplo, en vivienda social a través de las administraciones públicas u otras entidades.

El gran reto es salir de la dinámica de la rentabilidad económica y el miedo, y pasar a otro paradigma: producir la energía que cada cual consume mediante tecnologías de bajo impacto debe ser fuente de satisfacción personal y social, y en estos momentos una opción política y una muestra de rebeldía. Es ahora cuando la ciudadanía tiene que dar un paso al frente, puesto que ni las empresas que se lucran con el negocio de la energía ni sus gobiernos títeres serán motor del cambio que se necesita. Es una cuestión ética y como tal debe ser entendida, con la certeza de que en un futuro no muy lejano se abrirán nuevas posibilidades, en forma de proyectos de generación y consumo colectivo y autogestionado, gracias a la democratización del mercado eléctrico, o la municipalización de las redes de distribución. Porque este es, en definitiva, el cambio del que comienza a hablarse en numerosos ámbitos alrededor del mundo.