Las empresas Bioenergía del Macizo del Caroig y Moixent Forestal, con sede en Moixent e Integra Fuels, domiciliada en Alcobendas (Madrid), fueron las encargadas de realizar la explotación de la llamada biomasa forestal, en realidad tala del pinar adulto, de las cerca de 13.000 hectáreas del Monte de Utilidad Pública propiedad del Ayuntamiento de Enguera. Se da la circunstancia de que dos de estas tres empresas, las valencianas, también habían obtenido la adjudicación de la explotación , hoy paralizada, de más de 20.000 hectáreas de monte público que en 2012 sacó a subasta la anterior Conselleria de Medio Ambiente bajo la dirección de Isabel Bonig.
La explotación maderera de los montes del Enguera se ha realizado, al menos sobre el papel, conforme al Plan de Ordenación de sus montes, aprobado en 2013 y redactado gracias a una subvención de la Unión Europea. Este Plan de Ordenación se ha incumplido, sin embargo , desde los primeros momentos poniendo de manifiesto la imposibilidad de llevarlo a efecto tal y como había sido redactado. Así se ha trabajado con maquinaria pesada en toda la superficie de actuación, independientemente de la pendiente del terreno y contrariamente a lo establecido por el Plan. Igualmente se han incumplido múltiples de los condicionantes que en su día le fueron impuestas a las empresas por la Conselleria de Medio Ambiente, condicionantes de tipo general y que ni siquiera estaban adaptados a la forma en que se ha estado extrayendo la biomasa forestal de nuestros montes.
Las asociaciones denunciantes quieren llamar la atención sobre la intolerable pasividad de los ingenieros forestales de la Conselleria y del propio Ayuntamiento de Enguera que todavía en fecha tan tardía como el pasado 27 de enero, en reunión pública convocada por el Ayuntamiento de Enguera, manifestaban , “que todas las actuaciones se estaban realizando correctamente”, para apenas unos días después tener que levantar acta de los incumplimientos que se venían registrando desde hace más de un año. Sólo la denuncia en prensa del daño que se estaba ocasionando al monte de Enguera llevó a los supervisores de los trabajos a cambiar de actitud.
La gravedad de los hechos denunciados es inseparable del hecho de que todas las actuaciones en montes catalogados como de Utilidad Pública, como los de Enguera, deben guiarse principalmente y conforme a la vigente Ley de Montes de 2003 por el criterio de conservación, un hecho que ni el Plan de Ordenación de esos montes, ni mucho menos los trabajos sobre el terreno han respetado en modo alguno.
Con la denuncia presentada no solo se persigue impedir la reanudación de los trabajos, que inicialmente estaban previstos con una duración total de quince años, sino que las empresas responsables de los daños ya ocasionados asuman la tarea de restaurar la vegetación y los suelos afectados por su actuación.
