• El anuncio del presidente de Iberdrola de que no se reabrirá la central de Garoña (Burgos) era esperable y deja en evidencia al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y al Gobierno del PP.
  • La forma de proceder muestra el poder de las compañías eléctricas en España.
  • Para Ecologistas en Acción, las incertidumbres técnicas son las que empujan hacia el cierre.

El presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, anunció antes de la junta de accionistas del pasado 7 de abril la no reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos). Tras la parada de Garoña en diciembre de 2012, incluida la extracción de combustible del reactor, decidida de forma unilateral por la empresa propietaria Nuclenor, este anuncio insiste una vez más en una conducta inadmisible de las empresas eléctricas españolas que toman decisiones por su cuenta, sin comunicarlo ni siquiera al Gobierno.

El PP usó Garoña en su campaña electoral y se comprometió a reabrir la central, pero la empresa propietaria Nuclenor, propiedad a su vez de Iberdrola y Endesa al 50%, se mostró siempre reticente a la reapertura. Fue necesario abrir la puerta a la extensión de vida hasta los 60 años, con lo que sentaría un precedente para el resto de las centrales.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó cambios regulatorios importantes a la medida de Garoña y aceptó juzgar si se ampliaba la vida de la central a 60 años, sin los necesarios debates en profundidad sobre los efectos que tendrían estas medidas para la seguridad de Garoña y del resto del parque nuclear español. El coste de las modificaciones necesarias para que Garoña se volviera a poner en marcha asciende a unos 150 millones de euros.

Sin embargo, el mal estado de la central arroja enormes incertidumbres sobre su funcionamiento futuro, a pesar de las reparaciones que el CSN ha exigido. El problema es que tratamos con una central muy envejecida. Es altamente probable que se produzcan fallos en el futuro que obliguen, en el mejor de los casos, a realizar nuevas reparaciones, con los subsiguientes gastos y paradas obligadas, lo que convertiría a la central en inviable económicamente. En el peor de los casos no sería descartable un accidente con fuga de radiactividad. No hay que olvidar que Garoña se encuentra en la cabecera del río Ebro, que riega los cultivos y ciudades de cinco comunidades autónomas.

Para Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción, “esta decisión, que debería haberse tomado muchos años antes, ha puesto en evidencia tanto al Gobierno del PP como al CSN, que han demostrado más interés en la reapertura de Garoña que sus propietarios. Hay que celebrarla y esperar que se haga oficial más temprano que tarde”, concluye Castejón.