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La burbuja del mango

GENA-Ecologistas en Acción de la Axarquía ha remitido un informe titulado Un nuevo peligro se cierne sobre la comarca: La burbuja del mango, en el que reclama a la administración medioambiental un urgente control de la creciente expansión del cultivo del mango en la Axarquía, por la forma en que se está acondicionando los montes para la puesta en cultivo de este árbol subtropical. Una actividad explosiva, tipo burbuja, con un tremendo impacto ambiental.

El informe se centra el los enormes movimientos de tierra que se están realizando en la comarca de la Axarquía, con maquinaria pesada, allanando montes y destruyendo cubierta vegetal, arrancando encinas, algarrobos, pinos, olivos, almendros, etc., que no sólo deja expuestas las laderas a una fuerte erosión, sino que desfiguran el paisaje y multiplican de forma insostenible la superficie de regadío en una comarca deficitaria en recursos hídricos.

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Destrucción de un pinar

No estamos en contra del aprovechamiento agrícola de las laderas de la Axarquía, es lógico que se quiera sacar provecho a la tierra, pero no al precio con que se está haciendo. Tal cantidad de agresiones ambientales en, hasta ahora, 4.500 hectáreas, requeriría, teóricamente, algún sistema de control que garantizara una buena práctica.

Pero es evidente, por los casos que conocemos, que este control, que debería recaer sobre la autoridad medio-ambiental en Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, ya que está entre sus funciones “la protección de la cubierta vegetal y del suelo y el desarrollo de actuaciones para la lucha contra la erosión y desertificación (Decreto 194/2008), y en las derivadas del desarrollo de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, está muy lejos de realizarse, entre otras razones porque la Junta delega estas autorizaciones a los Ayuntamientos por considerarlas como un sistema de agricultura extensiva. Sin embargo, es notorio que un cambio de un secano en regadío supone una intensificación de la agricultura, porque incrementa los insumos, como la energía (especialmente en la fase preparatoria) y el agua y fitosanitarios (en la fase de explotación). Por otra parte, las transformaciones realizadas con maquinaria pesada en el territorio y sus consecuencias sobre la vulnerabilidad frente a la erosión, es una clara situación de intensificación de la actividad agrícola, que en cualquier caso tiene fuertes impactos ambientales como los enumerados anteriormente, que requeriría cierto grado de control por parte de la Consejería de Medio Ambiente, lo cual requeriría:

1.-La elaboración de una normativa de buenas prácticas, con rango prescriptivo, para el acondicionamiento de las laderas que van a ser cultivadas. En este manual se deben dar instrucciones estricta acerca de cómo debe realizarse la plantación, la exigencia de realizar aterrazamientos, normas sobre la anchura mínima de las terrazas, la pendiente del suelo cultivable y la distancia entre terrazas, el respeto por la vegetación espontánea en los terraplenes no cultivados, que ayudarían a fijar la tierra, o en su caso protegerlas con piedras, los sistemas de desagüe de escorrentía y la forestación de terrenos no cultivados, la utilización de antiguos caminos comunales y no abrir nuevos, ni hormigonarlos salvo en las pendientes y pasos de agua.

Se podría condicionar las licencias a una sabia combinación de sistemas de explotación y espacios forestados, quedando éstos últimos como medidas de refuerzo para la estabilización de sus propios sistemas de explotación, en un medio tan tremendamente inestable como son las laderas.

En absoluto es tolerable la extendida pauta de disminuir la pendiente con maquinaria pesada y plantar sin ningún otro cuidado, menos aún cuando las palas dejan surcos a favor de pendiente, alcanzando el máximo grado de destrucción cuando se opta (como se viene imponiendo de forma general) por eliminar cubierta vegetal y los antiguos aterrazamientos para convertirlo en una ladera continua (práctica que denominamos laderización), con lo que se consigue el máximo aprovechamiento posible pero a cambio de la máxima destrucción y exposición a los agentes erosivos, siendo ésta, por tanto, la práctica peor de las posibles.

Es preciso abancalar las laderas como nos enseñaron nuestros antepasados o bien reutilizar las que ya existen. Este abancalamiento debería dejar terrazas con pendiente invertida hacia dentro, con el fin de que el agua de lluvia quede retenida en el interior y no tienda a formar escorrentía y con ello acarcavar el terreno. Pero, dado que los taludes sueltos son inestables, es preciso estabilizarlos, sea mediante forestación con vegetación a autóctona (ej. cerrillos, bolinas, jaras, etc.) o, en su grado óptimo, mediante refuerzo con muros de piedra seca o balates.

2.-La obligación de realizar un informe ambiental por las posibles repercusiones que pudiera tener la obra sobre los agrosistemas, ecosistemas y patrimonio y en su caso aportar las medidas preventivas para evitar impactos y, en su caso, medidas correctoras, como la creación de balates o forestar los taludes entre terrazas, necesarias para paliar daños potenciales.

3.-Un control riguroso de todos los usos consuntivos del agua en todas las cuencas, evitando más acometidas para riego de las que puede soportar el sistema según las cantidades autorizadas por el Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea. El bombeo de agua no autorizado debería ser penalizado para evitar la sistemática piratería hídrica que se observa en esta comarca.

4.-La inspección y seguimiento de las obras por parte de agentes ambientales, para vigilar y exigir el cumplimiento de las normas requeridas en la autorización.
5.-Repetir inspecciones periódicas sin aviso para detectar fraudes y faltas en años sucesivos, lo cual podría conveniarse con el Seprona.