Ecologistas en Acción denuncia las recientes declaraciones del ministro de Industria, José Montilla sobre acelerar el despliegue de las redes de telefonía móvil UMTS. Para esta organización ecologista la situación actual sobre las redes de telefonía móvil GSM y DCS ha supuesto proliferación caótica y sin ningún control de las estaciones base de telefonía móvil y otras infraestructuras de telecomunicaciones en el estado y los impacto ambientales y sociales Esta que ha supuesto la instalación descontrolada de toda una serie de infraestructuras de antenas estaciones base, dipolos repetidores, antenas de alta ganancia, microantenas, radioenlaces, etc., que se van a multiplicar más si cabe con el desarrollo de la tecnología UMTS, o los nuevos sistemas wireless. Una consecuencia importante es el aumento significativo de la contaminación electromagnética y de la percepción social del riesgo asociado a estas infraestructuras.
A este crecimiento se ha sumado, un cúmulo de irregularidades urbanísticas que afectaron y afectan a muchas instalaciones de telefonía móvil: carencia de la preceptiva licencia urbanística, vulneración de la altura máxima que determinan las ordenanzas de edificación municipales, incumplimiento de la norma básica española de protección contra incendios (NBE-CPI 96) e inexistencia de un estudio de carga sobre afecciones a las techumbres de los edificios de las estaciones base entre 2.500 y 5.000 kilogramos en las la azoteas.
La legislación estatal elaborada por el anterior gobierno del PP (Real Decreto 1066/2001 y Orden CTE/23/2002) y hecha al dictado de los intereses de las grandes operadoras de telefonía móvil no ha resuelto del impacto social y ambiental de las redes de telefonía móvil. La movilización social y ecologista ha promovido que varias comunidades autónomas desarrollen normativas mas estrictas y valores límites de emisiones radioeléctricas mucho más bajo que los formulados en el ámbito estatal, como es el caso de Cataluña, La Rioja, Castilla – León; o el caso de la comunidad de Castilla La Mancha que han establecido unos valores limite de radiación radioeléctrica miles de veces inferiores a la normativa estatal, con objetivos de precaución respecto a la protección de la salud, intensificando las recomendaciones mínimas comunitarias.
Diversas instancias científicas e investigadoras sobre bioelectromagnetismo, como los firmantes de la Declaración de Alcalá se han manifestado también en este sentido y, en este sentido, Ecologistas en Acción demandan al gobierno que establezca mecanismos de control y planificación sobre el desarrollo de estas redes de telefonía móvil, y una reforma significativa de las normativas estatales con los criterios de precaución y prevención de la salud pública y principio ALARA/ALATA (el nivel de misión más bajo técnicamente posible).
Ecologistas en Acción considera preocupantes también las afirmaciones del Ministro Montilla en el sentido de minimizar los impactos sociales y ambientales del despliegue de estas redes de telecomunicaciones ni las demandas ciudadanas sobre minimizar la contaminación electromagnética y quieren señalar el talante de negociación y diálogo con los agentes sociales no se ha instalado en el Ministerio de Industria ni en la Dirección General de Telecomunicaciones que no ha atendido peticiones de entrevista formuladas hace un mes para exponer estas cuestiones, mientras se muestra una gran celeridad ante los deseos de las grandes operadoras en el despliegue de la red UMTS.
