El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción), ha presentado ante la Delegación Provincial de Medio Ambiente denuncia por la insostenible gestión del agua por parte de la Junta de Andalucía, que está llevando al colapso hídrico a la comarca de la Axarquía por la falta de control de la expansión del cultivo de subtropicales en suelos de secano, excluidos del Plan Guaro.

La denuncia se fundamenta en una serie de hechos que se desarrolla extensamente en un informe titulado “La Axarquía al borde del colapso hídrico”, elaborado por esta asociación, a partir de los datos disponibles de superficie legal y real de riego prevista por el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas y el Plan Guaro (Real Decreto 594/1989). Dicho documento puede descargarse en la siguiente dirección: https://dl.dropboxusercontent.com/u…

En otro informe realizado recientemente, esta asociación denunció la dejación de las administraciones locales y de la Junta de Andalucía en el control de la expansión creciente del cultivo de subtropicales, y en especial del mango, fenómeno que denominaron burbuja del mango pues se trata de una actividad económica de este tipo, un efecto contagio producido por la confluencia de varios factores: la crisis del sector inmobiliario y la necesidad de invertir capital acumulado en la burbuja inmobiliaria, en productos rentables. El mango es un cultivo de muy buena rentabilidad en el mercado, aunque menos que el aguacate, pero con la ventaja de que necesita menos agua y puede cultivarse en los antiguos terrenos de secano bombeando agua del sector de riego autorizado, situado por debajo de los 140 m de cota. De este modo, en los últimos tiempos hemos sido testigos de colosales desmontes de colinas y cerros para acondicionar terrenos de secano y ponerlos en regadío para el mango. La falta de impedimentos para estas labores por parte de los ayuntamientos y de la Junta de Andalucía, ha alentado su rápida expansión por contagio, adquiriendo las características de una burbuja.

En el anterior informe y más desarrolladamente en el presente, advertíamos a la Junta de Andalucía sobre la irresponsabilidad de no actuar contra los riegos ilegales por encima de los 140 m. Según fuentes de la misma Delegación Provincial de Medio Ambiente, se reconoce que en la Axarquía hay 10.200 ha de terreno en regadío de las que únicamente 5.200 ha están bajo la cota de 140 m, lo que indica que 5.000 ha son riegos ilegales. Lo sorprendete del dato es que, siendo consciente de ello, no haya actuado desde el principio clausurando estos riegos. Ahora, cuando la situación de falta de agua por las previsibles sequías persistentes, la Junta de Andalucía tiene que lidiar con los regantes no autorizados de 5.000 ha de terreno que si no reciben agua serán llevados a la ruina.

Según nuestros cálculos , tomando como referencia un consumo moderado de 8.000 l/ha.año (es decir 0,008 hm3/ha), el consumo total de subtropicales sería de 10.200 ha x 0,008 hm3/ha, nos da un consumo de 81,6 hm3/año. Llamamos la atención sobre el hecho de que, dado que de las 10.200 ha actualmente en regadío aproximadamente 5.000 ha están por encima de la cota 140 m, y por tanto fuera de lo permitido por el Plan Guaro, existen 32 hm3/año (4.000 x 0,008) que se están consumiendo ilegalmente y, lo llamativo del caso es que, en lugar de expedientar y clausurar estas fincas, todas las instituticiones (ayuntamientos, Mancomunidad de Municipios de la Costa Oriental, Diputación, e incluso Junta de Andalucía), demandan o, en su caso, prometen buscar alguna solución a estos regantes ilegales, contemplándose:

a.-Pidiendo al Gobierno central que modifique el Decreto 594/1989 (Plan Guaro) para que eleve la cota de regadío de 140 a 200 m, que es lo que también está demandando las comunidades de regantes. Pero esta opción no puede aumentar los recursos hídricos.

b.-Atender la demanda en momento de sequía, reservando el agua del Embalse de la Viñuela para abastecimiento de la población, y atender a esta demanda de regadío con 53 hm3 que se obtendría entre aguas subterráneas (pozos) y aguas regeneradas (terciario de la EDAR). Esta opción aumentaría los recursos hídricos, pero aún así no cubriría toda la demanda real.

La previsión de demanda que aparece en el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas a partir del horizonte del 2015 es de 49,81 hm3, mientras que el consumo que hemos calculado, incluso tomando el supuesto más conservador, es de 81,6 hm3, lo que claramente apunta a un déficit de 37,79 hm3/año, que es aproximadamente lo que se está gastando ilegalmente en regadíos por encima de la cota de 140 m. Queda demostrado, pues, que el sistema así gestionado es insostenible, tendiendo a un colapso hídrico a corto plazo, y a la ruina de muchos agricultores, incluidos muchos de los legalmente acogidos al Plan Guaro.

A largo plazo, deberíamos contemplar los escenarios del cambio climático, con temperaturas más altas y periodos de sequía más frecuentes y prolongados (y por tanto con mayor exigencia hídrica, abarcando un periodo más largo de riego por temporada) en los que ni los agricultores acogidos al Plan Guaro podrán disponer de estos niveles de consumo de agua para regadío. En esta situación lo aconsejable es adaptar el sistema agrícola, empezando por controlar el consumo de agua hasta unos niveles sostenibles, e ir decelerando el expansionismo del regadío para adaptarlo a los nuevos escenarios que están por venir, pero que se vienen anunciando con sequías cada vez más frecuentes y prolongadas.

Estos hechos sitúan al sector agrícola subtropical de la Axarquía en una posición de alta vulnerabilidad, para la que el Plan Andaluz de Adaptación al Cambio Climático tiene prevista una serie de medidas paliativas, como la contención y control del regadío que, paradójicamente, no se están aplicando aún en esta comarca. Más aún, consideramos de una grave irresponsabilidad política, si no penal, la total falta de control de las administraciones locales (ayuntamientos) y la regional (Delegación de Medio Ambiente de Málaga) ante el explosivo crecimiento de la superficie de regadío, y de forma particular del mango, y más grave aún, el que la administración sea consciente de este hecho y busque soluciones para abastecer a 4.000 hectáreas de regadío creadas ilegalmente, con consentimiento de ayuntamientos y Junta, incumpliendo su obligación de controlar el regadío y mantenerlo por debajo de la cota de 140 m como exige el Real Decreto 594/1989 que regula el Plan Guaro.