• La Ministra española de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, califica de piscina el ATI de Almaraz mientras ofrece transparencia al Gobierno portugués tras la retirada de su queja ante Bruselas.
  • En opinión del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), del que forma parte Ecologistas en Acción, este hecho no puede ocultar el incumplimiento de la legalidad internacional en la tramitación del permiso del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).
  • La evaluación de los riesgos de esta instalación, que minimiza las enormes consecuencias de una hipotética fuga radiactiva en el río Tajo, afectaría a España y Portugal.

La descripción del ATI hecha por la Ministra García Tejerina como una inocente piscina minimiza el riesgo asociado a un muro de hormigón construido con la finalidad de reducir las dosis radiactivas de los residuos nucleares de Almaraz. Un diseño, único entre los ATI españoles, en el que las emisiones radiactivas son más altas que en otras instalaciones y en el que puede producirse un exceso de radiación por encima del muro de hormigón. Sin olvidar que el riesgo principal de este almacén temporal se asocia a un posible escape de material radiactivo que podría afectar al río Tajo y, por tanto, llegaría a Portugal.

La transparencia prometida por la ministra española llega demasiado tarde. El Gobierno español ya ha otorgado sin condiciones adicionales el permiso para la construcción del ATI en Almaraz, sin tener en cuenta al país luso y hacer una evaluación ambiental transfronteriza como exige la legalidad internacional. Un proceso de evaluación ambiental transfronteriza en el que no solo se diera voz a las instituciones lusas para presentar alegaciones al proyecto, sino también a la ciudadanía portuguesa, un derecho que parece que no se recoge en el acuerdo entre ambos gobiernos y Europa. De hecho las por lo menos dos comunicaciones que el Gobierno portugués dirigió al Ejecutivo español interesándose por el proyecto se desoyeron al conceder un permiso unilateral en favor de la central nuclear de Almaraz. Par Ecologistas en Acción el Gobierno español parece haber violado la legalidad internacional, favoreciendo con ello los intereses de la industria nuclear, ya que la construcción de este ATI solo responde a la aspiración de funcionar más allá de los 40 años de diseño para seguir incrementando unos beneficios económicos enormes a sus propietarios.

A pesar de las prometidas palabras de colaboración en la solución del conflicto no se ha tenido en cuenta ni a la Junta de Extremadura ni a la ciudadanía de la península ibérica. Del mismo modo, tampoco se les ha tenido en cuenta en la visita de la delegación lusa y comunitaria a las instalaciones de la central. Ante ello, se pone de manifiesto que «la transparencia ofrecida no es suficiente. Para restaurar la legalidad se debería al menos empezar de nuevo el proceso para escuchar a toda la ciudadanía”. En opinión de este movimiento, «lo más sensato sería proceder al cese de explotación de Almaraz cuando expire su permiso y construir al ATI con todas las garantías con el único objetivo de desmantelar la central».