Nunca en el pasado habíamos visto a esta organización defender con tanto ahínco a ningún otro colectivo: Ni a los trabajadores que sus leyes antisociales mandaban por miles al paro, ni a las personas desahuciadas, ni a los refugiados, ni a los jornaleros y jornaleras que trabajan la tierra baldía en propiedad de los terratenientes andaluces o de la propia Junta de Andalucía, ni a los maestros y maestras, ni al personal sanitario, ni a los funcionarios de la Administración Pública; en definitiva, a la ciudadanía en general que defiende la sanidad, justicia y la enseñanza públicas, gratuitas, universales y de calidad. Más bien ha sido todo lo contrario.
Bástenos dos ejemplos para ver cuál ha sido la actuación del PP en nuestra Ciudad: Por un lado, la pertinaz e implacable oposición con la que esta organización pretendió frenar la apertura del Centro Social Rey Heredia (apertura que finalmente se consiguió con la llegada del gobierno de coalición IUCA-PSOE); y, en segundo lugar, en el caso que nos ocupa, defendiendo a cara de perro los intereses de la cementera brasileña y traicionando con ello su compromiso público con el pueblo de Córdoba, doblemente formalizado antes de las Elecciones Municipales en el Pacto por un Aire Limpio suscrito con esta plataforma y en el Dodecálogo para una ciudad más justa suscrito con la Federación Al Zahara.
Difícilmente se olvidará esta vergonzosa actuación y esta oposición le pasará factura en el futuro, pues deja meridianamente claro a los ciudadanos cuál es el ADN de esta organización: defender a los poderes económicos, amnistiar a los defraudadores de la hacienda pública y proteger a los banqueros.
Tenemos el firme convencimiento de que el proceso de aprobación definitiva de la innovación del PGOU que regulará el uso de residuos como combustible resolverá definitivamente este asunto y dará firmes garantías jurídicas para el futuro a todos los inversores; lo contrario de lo que sucede hoy, pues todo el mundo sabrá a qué atenerse, lo que no ocurre manteniendo la actual situación que tan graves perjuicios produce a la salud de ciudadanía, al desarrollo urbanístico de la ciudad y que tiene un fuerte rechazo social. La cementera por su ubicación, y todo el mundo lo reconoce, está urbanísticamente amortizada y es inaceptable defender la existencia de una industria química pesada y contaminante en el corazón de una ciudad; una cementera que, al menos, desde el PGOU del 2001 está formalmente, y así debería haber sido expresamente declarada, “fuera de ordenación”, como hemos fehacientemente demostrado.
Pues bien, las sospechas que teníamos y denunciamos el día 4 del presente mes a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de que Cosmos estaba incinerando residuos sin contar con la licencia municipal de actividad, que es condición imprescindible para poder aplicar la Autorización Ambienta Integrada, se han confirmado.
Ante este incumplimiento de la legislación vigente, ante esta burla de la multinacional a la Administración y leyes locales ¿cuál va a ser la respuesta del Partido Popular…?
¿Va reírle la gracia a los brasileños…? ¿Podremos hacer los cordobeses lo mismo que ha hecho Cosmos? Si se admite, a partir de ahora, Córdoba será una ciudad sin ley en manos de los poderosos que, eso sí, siempre podrán contarán con el respaldo del PP.
Pero nos tememos que no lo harán; más aún, ha sido el descarado apoyo que el PP ha dado a Votorantim el que ha alentado a esta Empresa a incumplir con sus obligaciones legales con esta ciudad, el que ha dado pábulos a Cosmos a saltarse a la torera las disposiciones legales y reírse en la propia cara de la Corporación Municipal y con ello, demuestra bien a las claras cuál será el trato que esta multinacional dará a Córdoba y sus Instituciones en el futuro: ¡nos tratarán como si fuéramos una aldea del Mato Grosso!.
Pues bien, aunque nos convirtamos en voces que predican en el desierto, la plataforma Córdoba Aire Limpio, en la que participa Ecologistas en Acción, no se va callar y estará durante todo este proceso recordando a la ciudadanía de qué lado están los que anteponen los intereses de un grupo de inversores extranjeros al derecho a un aire limpio y a la salud de los cordobeses.
