• La mejora de nuestras ciudades, en términos de salud, igualdad de género y reducción de impactos ambientales, no pasa solo por unas políticas sociales justas, sino también por políticas ambiciosas de movilidad sostenible, orientadas a reducir la dependencia del automóvil.
  • Transcurridos dos años desde las últimas elecciones municipales, caracterizada por la llegada a muchos ayuntamientos de fuerzas políticas denominadas del cambio, Ecologistas en Acción exhorta a los consistorios a que materialicen en lo que queda de legislatura todos esos cambios necesarios y estructurales, la mayor parte de los cuales no han pasado hasta el momento de las palabras y los gestos.

El 20 de septiembre de 1987 se celebró en toda Europa el primer Día sin Coches, pero no fue hasta trece años después cuando se instauró la Semana Europea de la Movilidad (SEM). Su objetivo es reivindicar la viabilidad y la necesidad de transformar la movilidad de nuestras urbes, con la reducción de los viajes en coche y el incremento de los realizados a pie, en bicicleta y en transporte público.

De nada sirve realizar gestos favorables a una movilidad sostenible durante una semana al año si los 358 días restantes se continúan impulsando políticas urbanas opuestas. Esta ha sido la tónica en los 17 años que lleva celebrándose la SEM en la mayor parte de los municipios españoles tras el tímido esfuerzo que se realizó el año pasado, en el que algunos municipios se atrevieron a impulsar algunos cortes de tráfico más ambiciosos de lo habitual.

Por esta razón, Ecologistas en Acción emplaza a los ayuntamientos a que no caigan en la inercia de plegarse nuevamente a las lógicas e intereses que durante décadas han diseñado nuestras ciudades, como consecuencia del miedo a una supuesta reacción popular negativa que se promueve desde fuerzas políticas y grandes medios de comunicación reacios al cambio y vinculados a tales intereses.

Pasado ya el ecuador de la legislatura, no se puede demorar más la puesta en marcha de las medidas de movilidad urbana que los retos sociales y ambientales actuales y futuros reclaman, muy especialmente los llamados ayuntamientos del cambio, cuyos programas electorales incluían estas medidas. Queda tiempo para materializar lo que hasta el momento han sido fundamentalmente palabras y gestos. Es urgente poner en marcha medidas que supongan una transformación real estructural de nuestras ciudades, y lograr así mitigar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarnos mejor al previsible agotamiento del petróleo y conseguir ciudades más habitables, menos contaminadas, menos ruidosas y socialmente más justas.

Esta SEM podría ser un buen momento para, más allá de ver a alcaldesas y a concejales paseando en bicicleta y participando en charlas y mesas redondas, materializar un compromiso para implantar antes de que termine la legislatura medidas audaces que pongan fin a las autopistas urbanas, reduzcan la velocidad, se aprueben planes de prioridad residencial, eliminen plazas de aparcamiento, mejoren el transporte público, faciliten el uso de la bicicleta y extiendan las zonas peatonales, entre otras. Medidas que, en definitiva, impliquen una drástica reducción del uso del automóvil en nuestras áreas urbanas y metropolitanas, mientras se impulsa la marcha a pie, en bicicleta y en transporte público.

Lograr este objetivo requiere de compromiso y voluntad institucional. Hay que poner fin a las recetas del pasado que han diseñado nuestras ciudades en función de los intereses de una élite económica vinculada al ladrillo y la construcción de infraestructuras, parte de cuyos beneficios revertían a su vez en la clase política a través de todo tipo de tramas corruptas.

No parece que las desigualdades sociales y de género, los problemas de salud y los impactos ambientales provocados durante más de 50 años por estas recetas se acerquen a su fin. El motor de la especulación urbanística sigue estando detrás de las políticas urbanas y de movilidad que rigen nuestras ciudades, con todas sus ramificaciones más vivas que nunca: macroeventos turísticos, nuevos planes urbanísticos, planes para la ampliación y construcción de nuevas carreteras o infraestructuras y la extensión de las grandes superficies comerciales. Si se siguen manteniendo e impulsando estas políticas se impedirá todo cambio real y necesario en nuestras ciudades.