Como ya avisaron las organizaciones conservacionistas en su día, la aprobación por el anterior Gobierno de Dolores de Cospedal del Decreto 8/2014, que regula la cetrería en Castilla-La Mancha y crea el Registro de Aves Rapaces y de Cetrería (Registro Falcon), está conllevando una mayor visibilidad de una actividad minoritaria y controvertida. No se puede explicar sino su protagonismo en mercados medievales, exhibiciones y jornadas en la geografía provincial en tan poco tiempo.
La cetrería es una disciplina regulada y como tal, legal. El decreto que cubre la captura y adiestramiento de rapaces en Castilla-La Mancha es franca y abiertamente favorable a los intereses de un colectivo enraizado en el inmovilista mundo de la caza, que no coincide necesariamente con la gestión y conservación sostenible de la naturaleza y la vida silvestre.
No se trata de penalizar la cetrería y quienes la ejercen, pero conviene explicar que el marco legal en Castilla-La Mancha es por sí permisivo, al introducir supuestos que el decreto anterior de 2009 no contemplaba, o que las administraciones, al día de hoy, carecen de voluntad, medios y recursos destinados a la vigilancia y control de una práctica basada en la tenencia y explotación de un grupo faunístico muy castigado por la transformación del hábitat, la presión cinegética, y la persecución directa.
Seguramente, el expolio de puestas, la captura y comercio ilegal de ejemplares salvajes y el fraude de certificados que “acrediten” su procedencia legal no son atribuibles, en general, al colectivo cetrero pero existen, y su justificación está motivada, tal vez, por el reconocimiento y amparo de la cetrería por parte de las instituciones públicas.
Tanto más cuando las reformas legislativas han aligerado los contenidos de conservación, ampliando las especies objeto (como el Águila-Azor perdicera, en peligro de extinción en Castilla-La Mancha), las épocas y terrenos cinegéticos para su práctica, minimizando los casos de suelta o escape de aves foráneas (con el previsible impacto a las especies autóctonas), descuidando aspectos relativos a la sanidad animal, agilizando la expedición de licencias de caza a los cetreros, o dispersando el régimen sancionador a otras disposiciones legales.
Para Ecologistas en Acción, es un error la insistencia de ciertos ayuntamientos en ofertar este tipo de actividades con una repercusión dudosamente benefactora o asumible para los ecosistemas naturales, extendiendo entre la población patrones antipedagógicos, ya que caricaturizan un prodigio de la evolución (pero muy sensible y amenazado, como las rapaces) a objeto de uso y abuso para satisfacer nuestro apetito de codicia y posesión.