Desde hace unos años, la proliferación de macrogranjas de cría intensiva de cerdos ha sido constante en las provincias de Cuenca, Albacete y Guadalajara. Inicialmente se implantaron en zonas poco pobladas donde la oposición ciudadana era nula o de poca intensidad. Esa proliferación venía, además, amparada en el apoyo de la Junta de Comunidades a estas instalaciones, argumentando que era un sector estratégico para el desarrollo económico de nuestra comunidad, incluso con subvenciones entre 100.000 y 160.000 euros por instalación. Ningún tipo de crítica o de reparo a aspectos ambientales de las múltiples repercusiones de estas macrogranjas y de los purines que generan, más allá de legislar para alejarlas, en un futuro, a más de 2 kilómetros de las poblaciones.

Pero ahora que ya han visto que en nuestra comunidad han encontrado un gobierno propicio a su instalación, se han multiplicado las solicitudes de proyectos de granjas cada vez de mayores dimensiones, a escasos kilómetros de las poblaciones de mayor tamaño, con buenas infraestructuras de comunicación para los camiones que traerían y llevarían animales y piensos. En nuestra provincia han llegado en los últimos meses más de diez proyectos. Algunos en las puertas de la ciudad de Albacete, junto a un lugar protegido arqueológicamente, como es la laguna de Acequión, con una macrogranja para la cría de 14.400 cerdos, con dos balsas de 12.000 metros cúbicos de capacidad para almacenar purines al aire libre, que luego se dispersarían sin ningún tipo de tratamiento, en fincas que están calificadas como sensibles a la contaminación por nitratos. Recientemente hemos conocido una solicitud junto a la pedanía de Argamasón y otra en Pozuelo. Todos los proyectos, además, promovidos por sociedades con domicilio social en Murcia, que traen aquí los animales para su engorde y los piensos y se los llevan después a sus mataderos, generando aquí apenas cuatro empleos, pero dejándonos la tremenda contaminación de acuíferos y atmosférica, las consiguientes molestias olfativas y de moscas y consumiendo una gran cantidad de agua.

Hay que recordar que estas instalaciones son generadoras de múltiples problemas ambientales, entre los que destaca la masiva producción de purines: 15 millones de litros al año en una macrogranja de 7.000 cerdos de cebo. Los purines tienen un alto contenido en nitrógeno, lo que obliga a distribuirlos por una amplia superficie agrícola para evitar la contaminación del agua subterránea. Pero la Consejería no ha establecido ningún mecanismo de control que asegure que los purines se vierten en las condiciones que marca la legislación.

Este modelo de producción, absolutamente insostenible, social, económica y ambientalmente, condena a un desarrollo ruralista de las comunidades más pobres, ahondando en el deterioro de las mismas, a costa de una producción industrial de alimentos que, además, está provocando graves problemas de salud, como ha declarado la FAO.

Este mismo modelo de producción ganadera también está creciendo en otras provincias de Castilla La Mancha, como Cuenca y Guadalajara, amparado por las condiciones demográficas de despoblamiento y de envejecimiento de las zonas rurales, que permiten a estas empresas un bajo rechazo social.

Por todo esto, se constituyó el sábado 21 de octubre de 2017 en Tarancón (Cuenca), con la asistencia de representantes de asociaciones de vecinos, colectivos ecologistas y partidos políticos de Talavera de la Reina, Toledo, Guadalajara, Albacete, Priego y Cuenca, una plataforma regional que tiene como objetivo denunciar los impactos, hacer alegaciones a los proyectos, coordinar la oposición de las poblaciones afectadas y, sobre todo, conseguir de la administración regional que dé marcha atrás en el apoyo a estas instalaciones, ponga fin a las subvenciones, y sea más rigurosa y estricta en la vigilancia ambiental de los proyectos.

Solicitamos al ayuntamiento de Albacete, que formule alegaciones al proyecto, que protejan nuestros recursos naturales (agua, suelo y aire), así como la salud y el bienestar de los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Y, en consecuencia, recomiende a la Junta de Comunidades que evalúe de forma negativa este proyecto de macrogranja y otros similares que se presenten.

Asimismo, solicitamos a la Diputación Provincial, que también vigile otras solicitudes similares que se han planteado en diferentes municipios de nuestra provincia, para evitar que perjudiquen esos recursos naturales.