• Dos años después del Acuerdo de París siguen sin existir avances reales que permitan el incremento de la ambición en 2020.
  • La COP23 pospone nuevamente la necesidad de financiación ante las pérdidas y los daños que se producirán por el cambio climático.
  • Las declaraciones de Isabel García Tejerina en la cumbre de Bonn no reflejan la falta de actuación contra el cambio climático en el Estado español.

Termina la 23ª cumbre del clima celebrada en la ciudad de Bonn, un encuentro internacional precedido por numerosos informes científicos que muestran la urgencia de actuar si queremos limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 ºC. Así, las declaraciones del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, mantenían que “el cambio climático ya nos afecta” y “quedan menos de cinco años para iniciar el descenso de las emisiones globales”.

Esa sensación de urgencia no se corresponde con los documentos aprobados en la COP23. Estos muestran nuevamente como la distancia de las posiciones de los Estados bloquea la puesta en marcha el Acuerdo de París. Se repite por tanto el cierre en falso de la COP22 de Marrakech, ante la incapacidad de los negociadores de traducir los compromisos generales en respuestas concretas.

El diálogo de Talanoa: ¿un brindis al sol?

En esta ocasión, el resultado más relevante ha sido el denominado Diálogo de Talanoa. Un proceso que debe culminar en 2018 y en el que se pretende responder a tres preguntas: “¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo conseguimos?”. Sus respuestas deben ir orientadas a que en 2020 se depositen nuevos compromisos de reducción de gases de efecto invernadero. Para ello se presenta un documento de apenas cuatro páginas en el que se recogen principios generales y la calendarización de nuevas reuniones. Sin embargo, no existen en el documento propuestas claras sobre qué mecanismos deben habilitarse para adaptar los compromisos nacionales a las indicaciones que realiza la comunidad científica. De hecho, la continua postergación de las discusiones relevantes a posteriores cumbres se une a una metodología que evita entrar en el fondo de la cuestión al establecer literalmente que “el diálogo no puede dirigirse a discusiones controvertidas en las que se pueda señalar a los países”. Un principio que pone en igualdad de condiciones la visión climáticamente irresponsable de la administración Trump y la llamada de emergencia que realiza el Estado de Vanuatu, que será de los primeros en desaparecer por el aumento del nivel del mar.

Este Diálogo de Talanoa debe de ser definido con mayor claridad por parte del grupo de trabajo sobre el Acuerdo de París. Sin embargo, tras dos años desde la cumbre de París el único documento de trabajo es un texto no oficial de 266 páginas que recoge todas las impresiones generales realizadas por los Estados. Sin que exista en el documento ninguna decisión real, en su lugar abre un nuevo proceso de recogida de impresiones que concluirá después de mayo de 2018.

Ecologistas en Acción señala la importancia de crear un clima de confianza internacional que permita incrementar la ambición. Sin embargo, es necesario afrontar las cuestiones de fondo y establecer mecanismos que aborden el cumplimiento de la responsabilidad individual y colectiva de todos los países. Evitar estos asuntos controvertidos perpetuará el bloqueo en el que se encuentra la lucha climática.

Mecanismo Internacional de Varsovia: pospuesto nuevamente

Otro de los aspectos importantes durante esta cumbre era el denominado Mecanismo Internacional de Varsovia, que se estableció en 2013. Un mecanismo diseñado para afrontar las pérdidas y los daños que se producirán como consecuencia del cambio climático. Al igual que sucediese en la COP22, las conversaciones siguen bloqueadas entre aquellos países que reclaman la provisión de fondos y la transferencia de capacidades y tecnologías, frente a aquellos Estados que consideran innecesarios los fondos con este fin y relegan la cuestión a un problema de seguros financieros. Ante la falta de acuerdo, la COP23 opta nuevamente por posponer el diálogo e invitar a los Estados a enviar nuevos comentarios hasta el 1 de febrero de 2019. A cambio, los países más vulnerables reciben una declaración no vinculante sobre el incremento de las acciones previstas para antes de 2020. De hecho, el propio documento presentado por el órgano encargado de este Mecanismo Internacional de Varsovia reconoce la insuficiencia de medios y la necesidad de incrementar considerablemente los esfuerzos dedicados a estas discusiones.

La COP23 “vuelve a alentar a las partes a que aporten recursos suficientes para que el Comité Ejecutivo y sus grupos de expertos, subcomités, paneles, grupos asesores temáticos y grupos de trabajo especiales dedicados a tareas específicas puedan realizar su labor con éxito y en tiempo oportuno”.

El papel profósil de España

El actor español más relevante en esta COP23 ha sido la compañía energética Iberdrola, la que, a pesar de tener un negocio basado en energías fósiles, ha sido aceptada como patrocinadora de la cumbre. Bonn ha sido el lugar ideal para que su presidente Ignacio Sánchez Galán pudiera anunciar el cierre de sus centrales de carbón. Para Ecologistas en Acción esta actuación podría calificarse como un lavado verde, ya que oculta que el sector gasístico de Iberdrola es 15 veces mayor que las pocas centrales de carbón que mantiene abiertas. Esta es una muestra más de la enorme influencia que poseen los intereses empresariales en estas cumbres.

Mariano Rajoy en esta ocasión no se ha acercado a la cumbre como si lo han hecho Angela Merkel y Emmanuel Macron, lo que indica la falta de compromiso del presidente del Gobierno. Tampoco ha acudido el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal, a quien le hubiera sido difícil explicar cómo se puede compatibilizar la lucha contra el cambio climático con sus pretensiones de evitar el cierre de sectores fósiles como el carbón.

La intervención de la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente García Tejerina en el plenario de la COP23 ha contenido declaraciones engañosas. En este sentido, Ecologistas en Acción señala que España está muy lejos de cumplir con sus obligaciones en la lucha climática. El Estado español ha sido uno de los últimos países en ratificar el Acuerdo de París y el segundo periodo del Protocolo de Kioto. Además, como ha publicado un reciente estudio, España ha bajado posiciones en el Indice de Acción Climática, situándose en el puesto 35 de los 57 países estudiados.

La ministra ha afirmado en el plenario que España estaba haciendo sus deberes, basándose en el argumento de que el año pasado las emisiones descendieron un 3,5 %. Sin embargo, obviaba que, tras la caída sufrida por la crisis económica, el Estado español ha seguido incrementando sus emisiones. De hecho, como ya manifestó Ecologistas en Acción, ese descenso solo puede ser atribuible al incremento de la producción hidroeléctrica, ya que el resto de indicadores relevantes sigue incrementándose. Esto muestra que España tiene una alta dependencia de las energías fósiles y no ha emprendido ninguna de las transformaciones necesarias hacia un sistema 100 % renovable.

Del mismo modo, la ministra ha mostrado con satisfacción que la aportación de España al Fondo Verde para El Clima en 2020 será únicamente de 900 millones de euros. Una cifra escasa, no solo al compararla con el coste real de la adaptación al cambio climático, sino profundamente baja al compararse con los 1.775 millones de euros directos pagados a la empresa ACS por el almacén de gas Castor o los más de 1.000 millones de euros anuales destinados a ayudas a los sectores generadores de cambio climático.

El reconocimiento de las mujeres y de la población indígena son los único avances

El único avance real conseguido en esta cumbre ha sido la aprobación de la plataforma indígena y el plan de género para la acción climática. La aprobación de estos esperados mecanismos coincide con una cumbre de poca relevancia que ha impedido una mayor atención pública y mediática de los mismos. Ecologistas en Acción espera que estos documentos no sean papel mojado y que se implementen de forma decisiva para que, en vez de poner el foco sobre Trump, estas cumbres sirvan para dar voz a los colectivos vulnerables y a la sociedad civil.

Con la campaña #UnAcuerdoUnÁrbol Ecologistas en Acción se ha comprometido a plantar un árbol por cada acuerdo surgido en Bonn que fuese relevante. El resultado final de la COP23 ha limitado esta plantación a tres ejemplares, correspondientes al plan de género, a la plataforma indígena y un último árbol que se plantará con la esperanza de que el Diálogo de Tanaloa esté a la altura del reto climático o, al menos, que compense mínimamente la deforestación que supondrá la impresión de un documento de 266 páginas totalmente ineficaz.