En el incendio en la empresa Recicor, en el que arden toneladas de residuos, principalmente plásticos, no asume responsabilidades por la inacción de la Junta de Andalucía ante las deficiencias encontradas en sus propias inspecciones durante 2016. En lugar de ello se limitó a señalar que tal incendio no suponía riesgo para la salud y que no existía una relación causa efecto entre las deficiencias detectadas en dichas inspecciones y el incendio. La Delegación de Medio Ambiente en vez de analizar las concentraciones de dioxinas y otros contaminantes se limitó a negarlos. Mostrando de esta forma un menosprecio hacia la salud de las personas. Se continúa sin conocer qué tipo de análisis se efectuaron sobre las partículas emitidas en el incendio.
El 18 de junio se produce el episodio más importante de contaminación en el río Guadalquivir del presente siglo, los servicios de inspección de la Junta tampoco fueron útiles para su prevención. En un primer momento la Delegación de Medio Ambiente minimiza el vertido y no comunica el mismo a la Confederación para que pudiera tomar medidas. A día de hoy se desconoce el informe que la Junta de Andalucía ha realizado sobre el impacto de tal vertido en el fauna y flora y las medidas compensatorias que van a desarrollar para amortiguar los efectos de la contaminación. Da la impresión que incluso existe una actitud poco transparente en la gestión de este accidente, al no responder a las solicitudes de información presentadas. Ecologistas en Acción también está a la espera de la contestación a las alegaciones presentadas por la nueva Autorización Ambiental Integrada que la Junta de Andalucía tramitaba para la Empresa Oleícola el Tejar mientras se produjo el vertido.
Una prueba más de esa falta de sensibilidad antes los problemas ambientales es su participación en la manifestación que, principalmente, en defensa de la caza intensiva se convocó el 30 de septiembre en Córdoba. En dicha manifestación se reivindicaba una mayor laxitud en materia de legislación medioambiental que era calificada por los convocantes como «acoso legislativo». No es comprensible la presencia de una persona cuya responsabilidad pública fundamental debe de ser la de aplicar esa legislación medioambiental. Además debe apoyar la labor que realizan los agentes de medio ambiente precisamente para hacer cumplir esa normativa en condiciones, a veces, de riesgo.
Tal como nos temíamos, dada su trayectoria, al actual Delegado de Medio Ambiente y del Territorio, ni está formado en temas relacionados con la protección del medio ambiente ni le preocupa. Por lo que pedimos inmediatamente su cese.
