La plataforma Córdoba Aire Limpio, en la que participa Ecologitas en Acción, afirma que todos los problemas, molestias ciudadanas y riesgos ambientales para los vecinos y las vecinas de la fábrica de cemento podían haberse evitado desde hace mucho tiempo.

A estos efectos la plataforma hace constar que la fábrica actual tiene su origen en la construcción de la gran factoría que comenzó a edificarse en mayo de 1964 sin haber tramitado ni siquiera la licencia municipal de obra, la cual se formalizó con documentación incompleta el 1 de febrero de 1965.

INSTITUTO CARTOGRÀFIC I GEOGRÒFIC DE CATALUNYA: Cartoteca digital: Cementos Asland de Córdoba (Foto Servicios Aéreos Comerciales Española; Carlos Rodríguez Escalona, 3 de mayo de 1965)

A pesar del requerimiento municipal a la empresa promotora para que remitiera el proyecto completo, la construcción siguió su curso sin completar este trámite, y la obra fue inaugurada, con gran boato y solemnidad, el 28 de junio de 1966 con la presencia del Subsecretario del Ministerio de Industria, con la asistencia del Embajador británico, las Altas autoridades civiles y eclesiásticas de la provincia así como la dirección de la empresa promotora, la Compañía Asland Asociada, S. A., sin contar con la preceptiva licencia municipal de obras.

Ello fue lo que motivó que el día 3 de noviembre de 1970, el Gobernador Civil, Manuel Hernández Sánchez, remitiese un oficio al Alcalde de Córdoba, Antonio Guzmán Reina, solicitándole información sobre la situación legal de la fábrica, obligando de esta manera a continuar la interrumpida tramitación de la licencia, que se otorgó el 11 de junio de 1971 y que quedó completada el 13 de marzo de 1972 con la comunicación del Ingeniero Industrial municipal a la Alcaldía de que la ampliación de la fábrica de cemento, había sido efectuada de acuerdo con el proyecto presentado. Es decir, siete años después de que se iniciaran los primeros movimientos de tierras y cuando la planta llevaba cinco a pleno rendimiento.

Mientras tanto, los vecinos sufrían las consecuencias del duro impacto ambiental de la nueva fábrica como lo demuestra el demoledor artículo publicado en el CÓRDOBA el 2 de marzo de 1970, por Miguel Lorente Serván, en nombre de la Asociación de Propietarios de la Zona Residencial “Virgen de Linares” (Zumbacón) denunciando su peligrosidad y las graves molestias que estaba sufriendo los vecinos y, ya entonces, sin saber que lo construido aún no tenía licencia municipal, pedía el traslado de la cementera fuera de la ciudad.

Para entender las causas de esta demora −que no se debió a molicie administrativa alguna, sino a que Asland no remitía la documentación y las autoridades miraban para otro lado− diremos que el entonces Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), disponía que las industrias fabriles que se considerasen peligrosas o insalubres (como la cementera) sólo podrían emplazarse, como regla general y aunque existiesen planes de Ordenación Urbana aprobados que dispusieren otra cosas, “a una distancia de 2.000 metros, como mínimo, a contar del núcleo más próximo de población agrupada” y la nueva fábrica se había construido a menos de mil metros de las murallas del Marrubial y ya entonces había edificaciones consolidadas y legales, en su entorno, destacando entre estas edificaciones el Hospital Militar (que existía antes que de la construcción de la cementera en 1931), la Cárcel Provincial de Córdoba y otros muchos bloques en Carlos III y en Concepción Arenal.

Córdoba Aire Limpio desmonta así uno de los principales argumentos esgrimidos por los detractores de la innovación del PGOU que se tramita en la actualidad, que defienden que la cementera estaba antes que las viviendas y culpan al Ayuntamiento de haber dado licencias de construcción de viviendas, cuando lo que debían haber realizado las Autoridades franquista es no haber autorizado la ampliación de la factoría construida en 1931.

La situación actual de choque entre los intereses económicos de la cementera y los legítimos intereses vecinales por un aire limpio no se habría producido o, al menos, habría quedado muy mitigada, si Asland hubiera construido su nueva factoría, al menos, a la distancia de la población que la ley exigía; y, por supuesto, si las autoridades municipales franquistas no hubiesen sido tan complacientes.

Solo la complicidad o subordinación de los poderes públicos a los poderes económicos explican determinadas circunstancias y decisiones históricas, que hoy parece repetirse. La arrogancia de las multinacionales, hoy se vuelve a evidenciar en nuestra ciudad, cuando Votorantim −heredera de Asland−, incinera residuos en la cementera cordobesa sin licencia municipal y en contra de la voluntad del Gobierno de la ciudad, lo que no se atreverían hacer si no contara con el silencio cómplice y apoyo de determinados grupos y agentes políticos, a los que la Historia les pasará factura.