La cementera de Alcalá de Guadaíra miente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el Recurso Contencioso Administrativo que ha interpuesto contra la modificación del PGOU que impide la incineración de residuos en un ámbito de dos kilómetros de zonas urbanas o urbanizables de Alcalá de Guadaíra.

No es la primera vez que las cementeras engañan, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) [1] impuso en el 2012 una multa de 29,17 millones de euros a 23 empresas fabricantes de cemento, hormigón y productos relacionados por intercambiarse información, concertar precios, reparto de mercados, donde Portland Valderrivas, con 10,2 millones; Cemex, con 5,8, y Holcim, con 4,4, encabezaban las sanciones [2]. Como vemos, a la cabeza de todas ellas la cementera Portland Valderrivas, S.A., que, aunque luego recurrieron y le recalcularon la cantidad, el Tribunal Supremo mantuvo los motivos de la condena [3].

La Sociedad Ecologista Alwadi-ira–Ecologistas en Acción se encuentra personada como parte codemandada en el recurso contencioso administrativo interpuesto por la cementera Portland Valderrivas, S.A., contra la modificación del Plan de Ordenación Urbana de Alcalá de Guadaíra que impide incinerar residuos, a cualquier empresa, en un ámbito de dos kilómetros alrededor de zonas urbanas o urbanizables de Alcalá de Guadaíra.

En el procedimiento seguido, el grupo ecologista ha presentado, como documento a tener en consideración, la Sentencia de 10 de octubre de 2017, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, recaída en el recurso núm.374/2015, que anula la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, que modificaba sustancialmente la Autorización Ambiental Integrada de la cementera, en vigor desde 2006, permitiéndole poder quemar un máximo de 292 mil toneladas de residuos al año.

Los motivos por los que el TSJA anuló la Resolución fueron dos: la cementera no presentó la certificación de compatibilidad urbanística para poder incinerar residuos y la Consejería de Medio Ambiente no cumplió con el trámite de información pública preceptivo en toda Declaración de Impacto Ambiental. A fecha de hoy no se han subsanado ninguno de los dos motivos. El PGOU impide expedir certificación de compatibilidad urbanística para este tipo de actividad a menos de dos kilómetros de zona urbana o urbanizable y no se ha reabierto el procedimiento administrativo que subsane el trámite de información pública de la DIA.

Escrito al TSJA desmontando las afirmaciones de Portland

No obstante, la presentación por parte de Alwadi-ira-Ecologistas en Acción de la sentencia ha tenido una réplica “temeraria” de la cementera Portland, al afirmar su defensa, ante el TSJA, que los motivos por los que fue anulada la modificación sustancial de la AAI ya han sido resueltos. Para demostrarlo adjuntan unos documentos, que una vez estudiados por Alwadi-ira–Ecologistas en Acción, no tienen nada que ver con la solución de los motivos de la anulación [4].

A pesar de que la sentencia aportada por Alwadi-ira–Ecologistas en Acción la ha admitido el TSJA y que se ha demostrado que los documentos no tienen nada que ver con la solución de los motivos que llevaron a la anulación de la Resolución, la defensa de la cementera continúa reiterando que se han subsanado los defectos de dicha anulación, maniobra que se nos antoja un intento de confundir al alto Tribunal, al que deseamos la lucidez necesaria para que no consigan materializar el farol.

Notas