Muchas voces reclaman la sustitución de la Ley de Minas de 1973 por una ley adaptada al principio del desarrollo sostenible.

Ecologistas en Acción. Revista Ecologista nº 94.

La ley de minas tiene su origen en el II Plan de Desarrollo franquista de 1969, que perseguía “la ordenación de todos los recursos disponibles al servicio del hombre”.

Dos hitos influyeron en la ley: la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente de 1972, que adornó la ley con referencias ambientales, y la crisis energética de 1973, que promovió la explotación a ultranza de los recursos naturales. Ahí surgió la ley de Fomento de la Minería de 1977, para “procurar el abastecimiento de materias primas minerales a la industria española”.

Minería en España. Collage Andrés Espinosa.

Libertad de empresa

La Constitución española de 1978 asumió el desarrollismo: libertad de empresa y defensa de la productividad (art. 38), subordinación de la riqueza del país al interés general (art. 128) y desarrollo de todos los sectores económicos (art 130). También introdujo el principio de protección del medio ambiente y de utilización racional de los recursos naturales.

Surgieron normas autonómicas de protección ambiental y de restauración de espacios naturales afectados por la minería, pues hasta 1982 no se desarrolló ningún contenido ambiental de la Ley de Minas (art. 5), ya que el Ministerio de Industria cuidaba los intereses mineros, no los ambientales, ajenos a su tradición. Un espíritu endémico en algunas administraciones mineras.

Un real decreto de 1982, azuzado por la legislación catalana y una sentencia del Tribunal Constitucional, reguló la restauración de los espacios hasta el real decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Ese real decreto es un instrumento mínimo esencial de protección del suelo afectado por la minería. Regula los planes de restauración que se han de aprobar con el permiso de investigación o la concesión de explotación. Considera a las ONG ambientales público interesado, a las que consultar en los procedimientos. Establece fianzas para asegurar la restauración de la explotación y los yacimientos de residuos.

Cualquier empresa

El sistema permite que cualquier empresa con ciertos requisitos pueda resultar beneficiaria de un permiso de exploración o de investigación o de una concesión de explotación, pasos sucesivos habituales para obtener los recursos minerales (de la sección C). Mientras que el dueño del terreno puede obtener autorización para explotar los recursos de la sección A (materiales de uso directo en construcción: rocas, gravas y arenas). Si existe un recurso minero con valor económico, una empresa minera acabará explotándolo y la Administración podrá obligar a que se explote o caducará la concesión y la cederá a un tercero.

Los medios jurídicos para combatir las minas indeseadas son hoy insuficientes: los procedimientos ambientales, el planeamiento urbanístico, la ordenación del territorio y cuestiones de forma.

Combatir las minas activas hoy requiere un uso inteligente de las precarias normas de restauración de los espacios mineros. Por ello, es necesaria una nueva ley de minas que respete los derechos ambientales, los derechos de la ciudadanía, la transparencia y la planificación y que sitúe el interés público por encima de los intereses mercantiles.